Congresistas cuestionan al Mandatario, quien aprovechó el foro para lanzar dardos a la JSF y rechazar el proyecto de la convención de estatus.

Cada cual llegó con su agenda.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia abogó por un cambio en el enfoque de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y reclamó a los congresistas trabajar con urgencia para solucionar el inconcluso asunto de estatus de Puerto Rico ante una vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que evalúa el Build Back Better Plan, una propuesta de estímulo económico del presidente Joe Biden.

Pero los congresistas Jesús “Chuy” García del Distrito 4 de Illinois y Tom Tiffany del Distrito 7 de Wisconsin aparecieron en pantalla con preguntas directas para el Gobernador relacionadas al contrato del LUMA Energy y una deuda pendiente de $5.3 millones a contratistas que viajaron a la Isla para los trabajos de limpieza y remoción de escombros luego del huracán María.

“Yo tengo constituyentes que están al borde de la quiebra por trabajo que realizaron en Puerto Rico. Ellos dieron la milla extra ayudando a limpiar tras la devastación del huracán María y es un muy decepcionante que todavía no le hayan pagado”, apuntó Tiffany luego de cortarse la conexión de internet justo cuando increpaba a Pierluisi Urrutia sobre el asunto.

Tiffany, quien se quejó de las fallas técnicas de la audiencia virtual y demandó el regreso a las vistas presenciales, no ofreció el nombre de la empresa o compañía que a casi cuatro años del huracán todavía no ha cobrado por la labor que alegadamente realizó en la Isla. Tampoco identificó la agencia de gobierno federal o estatal que contrató los servicios. Solo exigió el pago.

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Poco después de su pregunta, Pierluisi Urrutia apareció en pantalla y prometió atender el asunto.

Minutos antes, el congresista García cuestionó al Gobernador sobre las medidas que tomará para evitar que el consorcio de LUMA Energy subcontrate a corporaciones afiliadas, que no están en Puerto Rico, para realizar los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica y desplace a contratistas locales, evitando así que la Isla se beneficie a cabalidad de la millonaria inyección de fondos federales.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) asignó $10,500 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para mejorar la red eléctrica, pero a partir del 1 de julio LUMA asume la operación y administración del sistema de distribución y transmisión de energía del país.

Pierluisi Urrutia respondió que heredó esa contratación aprobada por la JSF y el Negociado de Energía de Puerto Rico, pero que ante las preocupaciones de algunos sectores creó un Comité Timón, que preside el secretario de Estado Larry Seilhamer Rodríguez. Este cuerpo, según indicó, fiscalizará el contrato y a la propia Autoridad para las Alianzas Público Privada (P3); así como procurará que la transición fluya sin contratiempos.

“Esta P3 solo involucra la distribución y transmisión de energía en Puerto Rico. La generación privada o la generación es otra conversación. Según el contrato, se supone que tomen control de esta parte del sector energético o del negocio de la AEE a partir del 1 de julio”, apuntó.

El contrato con LUMA, que inicia el 1 de junio, se extiende a 15 años, durante este periodo la empresa generará, como mínimo $1,500 millones sin invertir un centavo en la transacción. Ante el cambio de fecha, la Fortaleza indicó que el Gobernador se equivocó cuando respondía la pregunta del congresista.

Apuntó que los requisitos de compra y contratación federal son muy rigurosos y que garantizará que la privatizadora cumpla con estos requerimientos.

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“Si LUMA quiere que sus afiliados realicen parte de ese trabajo de reconstrucción, tendrá que cumplir con los requisitos federales’’, insistió.

Antes de la sesión de preguntas, el Mandatario presentó una ponencia de forma virtual desde La Fortaleza.

Como parte de la alocución, aseguró que Puerto Rico ha reestructurado “exitosamente” las obligaciones financieras de varias de sus dependencias y que la JSF presentó un plan de ajuste de la deuda, que apoyaba salvo los recortes a las pensiones de los empleados públicos.

“Nuestro gobierno ha cumplido importantes hitos en ruta hacia la responsabilidad fiscal, que incluyen una reducción significativa de gastos, un aumento de los balances de caja, un sistema ‘PayGo’ para cumplir con las obligaciones de pensiones, la consolidación de agencias y una mayor transparencia en el uso de los fondos públicos, apuntó el Primer Ejecutivo ante el cuerpo que preside el congresista Raúl Grijalva, pero cuya vista de ayer dirigió el congresista demócrata Gregorio Sablan, quien representa a las Islas Marianas del Norte.

Como parte de ese resumen de logros, Pierluisi Urrutia reclamó cambios en la forma de operar de JSF, que la semana pasada exigió al Gobernador revisar su propuesta de plan fiscal porque aseguró viola la ley federal Promesa precisamente porque no incluyó una propuesta de consolidación de agencias, ni las reducciones a las pensiones, entre otros señalamientos.

“La Junta de Supervisión debe concentrarse en asistir al Gobierno en la adopción de mejores prácticas contables, medidas de responsabilidad fiscal y mayor transparencia, respetando la autoridad de los líderes electos de Puerto Rico para gobernar y establecer política pública”, afirmó el Mandatario en una crítica directa al ente fiscal.

Al plantear los retos fiscales, aprovechó para abordar el tema del estatus. Acentuó que aún cuando la Isla reciba trato igual en la asignación de fondos federales, todavía se quedaría “corto” el asunto de la paridad política.

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“Los ciudadanos americanos de Puerto Rico necesitan los mismos derechos políticos al igual que tener representación en el Congreso y el derecho a votar por nuestro presidente y vicepresidente”, apuntaló.

“Para aquellos de nosotros que creemos en la igualdad, no podemos consentir al discrimen y el trato desigual. Ahora le corresponde al Congreso mostrarle al mundo que el principio democrático de igualdad profesado por nuestra nación aplica a todos los ciudadanos estadounidenses. Los puertorriqueños nos lo hemos ganado y lucharemos por ello hasta lograrlo”, agregó.

Defendió el plebiscito del pasado 3 noviembre y acentuó que ignorar ese resultado sería antidemocrático y antimericano. También lanzó un zarpazo a la medida presentada por la congresista Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Bob Menéndez, que propone la celebración de una convención de estatus en Puerto Rico.

“Este no es el momento para que el Congreso imponga a Puerto Rico un complicado proceso de resolución de estatus”, aseveró.