La entidad, que es la sucesora ciudadana de la comisión que la Administración Rosselló Nevares derogó, ofrece consejos para mejorar tres proyectos legislativos sobre la auditoría de la deuda.

La Comisión Ciudadana para Auditar el Crédito Público (CCACP) propuso hoy cinco principios que deben regir las propuestas gubernamentales para lograr la auditoría de la deuda y que están contenidas en tres piezas legislativas, una impulsada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador Pedro Pierluisi, otra del Partido Popular Democrático (PPD) y otra del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La posición de la Junta de Control Fiscal (JCF) es que el propio proceso de negociación de la deuda es el lugar donde se logran los propósitos que tendría una auditoría de la deuda pública y apuntan tanto a la demanda que sometieron para anular $6,000 millones en bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y al informe externo de la firma Kobre & Kim que no tuvo consecuencias civiles o criminales.

Sin embargo, la CCACP entiende que la forma correcta sería suspender las negociaciones de reestructuración de deuda -que ya se completó para COFINA y que está en proceso para el gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y otros- y concentrarse en identificar las ilegalidades en las emisiones de bono que pueden ser base para anular esas cantidades.

Añaden que el ejercicio de Kobre & Kim costó $16 millones, el triple del presupuesto que se la había otorgado a la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada en 2015 y derogada por la Administración Rosselló Nevares, y se hizo sin que los consultores tuvieran poderes reales de citación e investigación. La auditoría integral de la deuda que se está impulsando desde 2013 tomaría entre cuatro a cinco años, por lo que ya se hubiera completado de haber iniciado cuando se propuso originalmente.

La CCACP integra a los exmiembros del interés público de la Comisión derogada en una entidad ciudadana, no partidista y multisectorial fundada por el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda. Sus miembros incluyen son: el CPA José González Taboada (Presidente), el economista José Alameda, el abogado constitucionalista Luis José Torres Asencio, el estadístico Luis Avilés, el planificador José Rivera Santana, la abogada especialista en Salud, Nylca Muñoz, el sindicalista Roberto Pagán y el empresario Edwin Colón.

Los esfuerzos legislativos actuales sobre la auditoría de la deuda son la Resolución de la Cámara 63 (PNP), Proyecto de la Cámara 457 (PPD) y Proyecto del Senado 159 (PIP/MVC). La CCACP opinó que los tres proyectos tienen aciertos y desaciertos, pero destacaron como una deficiencia de todos que no clasifican claramente como pública la información relacionada a la auditoría. "Si la deuda es pública, la información tiene que serlo también", apuntó Torres Asencio.

La CCACP recomendó tener en cuenta como principios:

1. Alcance: Debe ser una auditoría integral, es decir que incluya, auditorías financieras, de cumplimiento, de rendimiento y forense. Añaden que "debe incluir un componente social, mediante el cual se examine el impacto de la acumulación de la deuda pública y de las decisiones gubernamentales tomadas en relación a ella en la situación general de los derechos humanos en Puerto Rico y, en particular, en la provisión de servicios esenciales para las poblaciones más vulnerables del país".

2. Independencia y gestión participativa: Cualquier entidad a cargo de la auditoría debe tener independencia operacional, administrativa y fiscal; dirigida por personas con independencia de criterio y que no tengan conflictos de intereses respecto a las transacciones que estarán examinando. El proceso de nombramiento debe enfocarse en preparación de los candidatos y "compromiso inquebrantable" con la auditoría integral.

3. Recursos económicos: Se requiere contar con un equipo de profesionales a tiempo completo con el peritaje necesario para la tarea asignada que requiere muchas horas de revisión de documentos, entrevistas, análisis y redacción de informes.

4. Poderes investigativos sustanciales: Debe contar con suficientes poderes investigativos que le permitan solicitar y requerir la entrega de información a cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico, a funcionarios y exfuncionarios del gobierno, así como a entidades privadas que participaron en las transacciones a ser examinadas.

5. Transparencia y acceso a la información: Las reuniones del ente deben ser públicas, las vistas deber ser grabadas, transmitidas en vivo y publicadas en la internet. Debe darse total acceso a la ciudadanía de la información que se va recibiendo sobre la deuda y de todas las actas y comunicaciones oficiales que genere dicho ente sobre sus gestiones deben publicarse en la internet.

Para ver la versión íntegra de los principios, pulse aquí.