La implantación de la privatización de la AEE choca con la realidad del día a día en la agencia.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se resiste a cumplir con los parámetros de la privatización del sistema de transmisión y distribución que comenzaron con la firma el verano pasado del contrato con el consorcio LUMA Energy LLC, a la vez que la Junta de Control Fiscal (JCF) empuja por avanzar en el proceso que implica la privatización de la generación de energía y la aprobación de parte del Tribunal de Quiebras de un Plan de Reestructuración de la deuda de la corporación pública.

La confrontación, que se ha manifestado en el foro de la JCF y en el del Negociado de Energía (NE) de Puerto Rico, entra esta semana también al foro legislativo con el inicio el martes de las vistas de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes que preside Luis Raúl Torres Cruz para investigar el contrato. Los primeros citados son Fermín Fontanez Gómez, presidente de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), el martes, y Edison Avilés Deliz, presidente del (NE), el miércoles.

El contrato con LUMA fue firmado el 22 de junio de 2020 y se supone que el periodo de transición y reorganización termine el 30 de junio de 2021. LUMA, un consorcio compuesto por las empresas ATCO Ltd., de Canadá, y Quanta Services, Inc., de Texas, ya facturó $88.8 millones en la transición y espera facturar otros $47.5 millones, aunque ya están planteando dudas de que se puedan terminar los trabajos a tiempo para el 30 de junio. De hecho, la NE emitió el miércoles pasado una orden para que en un plazo de 10 días LUMA entregue el detalle de todos los costos y gastos, adicionales a nómina, en los que ha incurrido durante el periodo actual de transición, incluyendo desglose y los documentos que apoyen el desembolso. Esto, en un intento de proveer más transparencia a los gastos mensuales que factura LUMA.

El acuerdo de 15 años con LUMA, un periodo que comienza a correr una vez terminado el periodo actual de transición, tiene una escala de compensación que incluye: pago fijo anual ($70 millones que aumentan a $105 millones de los años 4 al 15) y una “Tarifa de Incentivo” que se pagaría si cumplen con ciertos indicadores de rendimiento y que van de $13 millones en el primer año a hasta $20 millones en los años 4 al 15.

En su más reciente informe mensual, sometido el 11 de febrero, LUMA advierte que todavía en la AEE no le han dado ni espacio de oficina para realizar sus trabajos y, “en muchos casos, los empleados de la AEE han sido reacios a cooperar con ninguna petición de LUMA”. Además, a cinco meses de firmado el acuerdo, plantea que enfrentan limitaciones para acceder al personal de trabajo en la calle; para que les contesten requerimientos de información (que ya se han acumulado en los cerca de 300, lo cual les ha imposibilitado “formar un entendimiento completo de las operaciones, formular presupuestos abarcadores y establecer planes de transferencia eficiente de funciones”); acceso a la gerencia de los fondos y proyectos relacionados con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Sobre los fondos de FEMA, una asignación de $9,460 millones que el expresidente Donald Trump anunció el año pasado, los líderes demócratas Charles Schumer (Senado) y Nydia Velázquez (Cámara de Representantes) recordaron el viernes que se puede usar para transformar la red eléctrica de la isla a una más ajustada a energía renovable que a combustibles fósiles, como está ahora.

De manera crucial, los informes hacen evidente que tampoco se han completado los esfuerzos de Recursos Humanos para que los empleados de la AEE conozcan si se mueven a LUMA o se quedan en la AEE. Este aspecto presenta el potencial de múltiples problemas para los empleados que, hasta ahora, lo que conocen es que moverse a LUMA significaría perder su convenio, beneficios y su retiro pero, a la vez, no se les ha aclarado qué pasaría con los que se queden, ya que el plan total de privatización implica que la AEE propiamente se reduce a casi nada y que sus empleados se supone que pasen al gobierno central. Pero esa migración al gobierno central implicaría una carga al presupuesto público que no se ha completado y que el gobierno no sabe cómo manejar, según fuentes con conocimiento de las discusiones en el Comité Timón que la Administración Pierluisi creó para fiscalizar el contrato. Hasta ahora, el gobierno enfrenta una nómina múltiple dentro de una AEE “privatizada”: lo que le paguen a los empleados que se muevan al gobierno central, lo que se le pague a los que queden en la AEE y los que se pagan en las entidades privatizadas porque, por contrato, son salarios que sufraga el gobierno.

A pesar de esto, el secretario de Justicia designado, Domingo Emanuelli Hernández, indicó a NotiCel que el gobernador Pedro Pierluisi no le ha encomendado ningún trabajo, evaluación o investigación relacionada con el contrato con el acuerdo de LUMA.

Esta semana la AEE enfrenta también un plazo que le impuso la JCF en carta del 28 de enero en la que le piden un “plan de implementación detallado enumerando los pasos elementos claves a realizarse para la reorganización completa de los activos de la AEE, específicamente, la segregación de los activos y de la operación en GridCo y GenCo, según el Plan Fiscal Certificado”. GridCo y GenCo son las palabras claves de la privatización total de la AEE ya que representan cómo operadores privados se encargarán de la red, que es lo que haría LUMA al final del periodo de transición, y de la generación de energía, que es lo que quedará encargado a privatizadores que todavía están bajo evaluación.

En la carta, la JCF le recordó a la AEE que la política pública energética del gobierno es que “los roles y responsabilidades de la AEE en el día a día del sistema de energía, la realización de mejoras capitales con fondos federales y no federales y la supervisión del sector de energía se espera que se reduzcan con el tiempo a la vez que esos roles y responsabilidades los adquieren las agencias pertinentes y los operadores privados”.

La JCF reforzó su fiscalización de la AEE y el proceso de privatización con otra comunicación, el 10 de febrero, en la que advirtieron que el contrato de la corporación pública con la empresa Guidehouse, Inc. para servicios de consultoría por $1.2 millones, sería redundante con funciones que ya se le han “delegado expresamente” a LUMA, o lo mismo que la AEE no podría ya contratar para realizar funciones que se supone haga LUMA bajo su contrato.

Aunque este proceso de transición entre la AEE y LUMA se dispuso por contrato que duraría casi un año (320 días) por las complejidades que representa, una vez LUMA esté corriendo formalmente el sistema solo tiene que darle 120 días de notificación al gobierno si quiere cancelar su contrato.

Vea:

Junta defenderá el contrato de LUMA con uñas y dientes

Presidente de la Utier denuncia LUMA Energy ha facturado una millonada

Para ver un resumen del acuerdo preparado por el Centro para una Nueva Economía, pulse aquí.

Para ver la carta de la JCF a la AEE sobre privatización, pulse aquí.