Comunidades velarán que ODSEC no se convierta en “refugio político”.

Grupos que representan a más de 100 líderes en 66 comunidades en todo Puerto Rico reafirmaron su compromiso de evitar que se politicen las obras y gestiones públicas en las sectores más desventajados de la Isla, a la luz del nombramiento de una colaboradora cercana del expresidente cameral, Carlos Méndez Núñez, para dirigir la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), la agencia sucesora de lo que en un momento fue la Oficina de Comunidades Especiales.

La expresión ocurrió después de que el lunes NotiCel expusiera que la licenciada Thais M. Reyes Serrano, exayudante de Méndez Núñez y exsecretaria de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) recomendada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) asumió las riendas de la ODSEC y que tiene en su equipo al coordinador electoral del PNP, el exlegislador Edwin Mundo.

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Reyes Serrano no presenta los criterios que las comunidades habían pedido al gobernador Pedro Pierluisi que tuviera en cuenta al realizar la designación de la dirección ejecutiva de la oficina.

Fuentes de este diario digital adelantaron que con Reyes Serrano entrarán otros leales de Méndez Núñez y que los fondos federales y las asignaciones legislativas que recibe la ODSEC se prestan para manipulación partidista por parte de la dirección de la dependencia.

Los grupos también le recordaron a Pierluisi que tiene pendiente atender una carta sobre las prioridades que los líderes comunitarios entienden que debe tener en su agenda la ODSEC y en la que le piden una reunión.

“[T]odo intento en hacer de esa oficina de refugio político será denunciado porque velaremos porque sirva a las comunidades especiales”, reaccionó Carmen Villanueva Castro, enlace comunitaria y portavoz del grupo de líderes comunitarios Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV). Villanueva Castro consignó también que todavía no han tenido interacción con la nueva directora.

Tanto PRODEV como la organización sin fines de lucro que asiste a su liderato, Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA, Inc.), enviaron cartas a Pierluisi y a su Comité de Transición en enero para exponer las prioridades que entienden debe tener la ODSEC, paar cumplir con la política pública de que “las 742 comunidades especiales deben ser los protagonistas de sus procesos de desarrollo y participar directamente en todos los asuntos que les afectan”.

Entre sus plantemientos están su desconformidad con la manera en que corrió la oficina su exdirector, Jesús Vélez Vargas, a quien señalan por tomar decisiones y establecer prioridades sin contar con el liderato comunitario. En una exhortación que no se cumplió con la designación de Reyes Serrano, le pidieron a Pierluisi que la nueva dirección de ODSEC recayera sobre una persona que tenga “conocimiento y comprensión cabal del concepto de autogestión”, que conozca “de primera mano las problemáticas comunitarias” y que haya “trabajado en el desarrollo comunitario mano a mano con los líderes, siendo solidario, empático, transparente y valore la fibra comunitaria que es base de nuestra composición social puertorriqueña”.

Los grupos piden que la persona designada “incorpore a los líderes en el diseño de su programa de trabajo, que no impida el trabajo de los Organizadores Comunitarios o limite la participación de los líderes, y que no trate con favoritismos a grupos selectos por razones políticas”, así como que busque “cambiar las relaciones de poder, eliminar el modelo paternalista que fomenta la dependencia, y promover el empoderamiento comunitario fuera de líneas político-partidistas”.

Algunas de las áreas de prioridad que proponen son establecer “participación ciudadana cabal, real y efectiva de las comunidades y sus poblaciones vulnerables”, crear un grupo de trabajo enfocado en buscar soluciones a los problemas comunitarios que se recrudecen con el COVID 19, “pedir cuentas sobre el uso de los fondos en el Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales, que se ha estado operando en contravención a su Ley”, reactivar el “Comité Asesor del Departamento de Vivienda Estatal” que comenzó a trabajar a fines de 2019 pero fue desactivado en 2020, realizar enmiendas a la Ley de Expropiación Forzosa para evitar la “expropiación arbitraria” que afecta a residentes de comunidades especiales y que tuvo el apoyo del PNP y otros partidos el cuatrienio pasado pero quedó engavetada por el senador Carmelo Ríos.

Para ver la carta de las comunidades al gobernador Pedro Pierluisi, pulse aquí.