Ética pide multa contra ex de la AEE que llegó y se fue sin presentar informes financieros
Fue el jefe de la agencia después de la debacle ocurrida por el huracán María.
La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella que pide imposición de multa contra el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter M. Higgins III, quien nunca sometió un informe financiero durante el ejercicio de sus funciones en la corporación pública.
Higgins llegó a la corporación pública el 21 de marzo de 2018 con sobre 40 años de experiencia en el sector energético y se fue el 23 de julio del mismo año tras múltiples controversias públicas sobre su salario, $450,000 más bonificaciones, su contratación de allegados con compensaciones similares y su limitada rendición de cuentas al público sobre su gestión.
De hecho, la OEG pide multa de $20,000 cada una por dos infracciones a la Ley de Ética de parte de Higgins al nunca someter el informe financiero requerido al momento de su nombramiento, ni tampoco el requerido al momento de su dimisión. La querella se presenta después de que desde abril de 2018 la OEG realizara comunicaciones a Higgins para que cumpliera con estas radicaciones.
La contratación de Higgins fue resultado de una búsqueda comisionada por la AEE, que costó $250,000, tras la salida de Ricardo Ramos como secuela del escándalo por la contratación de Whitefish Energy. El sucesor de Higgins, Rafael Díaz Granados, dimitió a menos de 24 horas de su designación, por la oposición que se levantó a su salario de $750,000. Con Díaz Granados se fueron cuatro miembros de la Junta de Gobierno, incluyendo el entonces presidente, Ernesto Sgroi.
Durante su tiempo al frente de la AEE, Higgins no rindió cuentas sobre el proceso de energización y reparación de la red eléctrica luego del huracán María, las contrataciones de allegados en la agencia ni los contratos de las empresas Cobra y MasTec, que fueron las que asumieron el trabajo después de la cancelación del acuerdo con Whitefish. Actualmente, está pendiente un proceso federal criminal por corrupción relacionado a la supervisión de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) a esas contrataciones de Cobra.
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