Pedro Pierluisi Urrutia también apoya una enmienda al Código Electoral que permitiría que los partidos que quedaron inscritos después de las elecciones tengan un comisionado electoral.

Sin remilgos, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia revela que no favorece la eliminación de la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) como propone el virtual presidente del Senado, José Luis Dalmau del Partido Popular Democrático, pero apoya una enmienda al Código Electoral para que todos los partidos que queden inscritos después de las elecciones tengan representación en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Esta postura se aleja de la posición institucional del Partido Nuevo Progresista (PNP) que favoreció aplicar las disposiciones de dicho código a los otros tres partidos despojándolos de los puestos de comisionados electorales que ostentaron ante el ente electoral hasta el 31 de diciembre.

Adelanta que se dispone a realizar varios nombramientos en receso antes de que culmine la semana e inicie la nueva sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. Trabaja también en la Orden Ejecutiva para declarar un estado de emergencia para ayudar a paliar la violencia de género, que divulgará próximamente, y defiende la decisión de colocar a su hermana menor María Caridad “Cary” Pierluisi Urrutia a cargo de la Oficina del Gobernador.

En su primera entrevista con NotiCel desde que juramentó al cargo, Pierluisi Urrutia luce relajado. Habla con calma pese a las señales de su equipo de trabajo indicando que va tarde para otra cita. Comenta que todavía no ha tenido tiempo para colocar fotos y objetos personales en su despacho, pero que la mudanza a la Mansión Ejecutiva no tomó mucho tiempo porque cargó con lo esencial.

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Aunque plantó pie en el lugar hace cinco días, ya tiene una rutina. Despierta con el alba y lee los periódicos y portales de noticias mientras toma café. Hace ejercicios y de regreso a La Fortaleza repasa las noticias de nuevo para luego empezar su jornada de trabajo formal, que se extiende hasta la noche.

“Poco a poco me estoy familiarizando con este lugar”, suelta mientras se acomoda en una silla a pocos pasos de su nuevo escritorio y de un inmenso árbol de Navidad.

Por el recinto se cuela un olor a pino, cuando responde preguntas sobre el caótico proceso eleccionario, que muchos achacan a los cambios que trajo el nuevo Código Electoral aprobado a cuatro meses de las elecciones generales y que ha dejado al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y al Proyecto Dignidad (PD) sin comisionados electorales a pesar de que quedaron inscritos bajo los criterios del viejo código electoral, que estaba vigente al momento en que la CEE los certificó para participar en las comicios del 3 de enero pasado.

“Lo que tiene que ver con la participación de los partidos minoritarios, yo veo con buenos ojos que busquemos la manera de que todo partido debidamente inscrito en Puerto Rico tenga una participación real en el proceso electoral así que es cuestión de ver de qué manera se puede enmendar el Código para que así sea”, afirma.

A raíz de una carta cursada por el PIP, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, emitió una­ resolución en la víspera del Día de Reyes, que solo reconoce al PNP y al PPD representación plena ante el ente electoral. En la misiva, Roberto Iván Aponte Berríos, comisionado electoral del PIP, planteó que el nuevo código adopta nuevas categorías y requisitos que afectan el derecho de los dos nuevos partidos a retener su franquicia y mantener representación ante la CEE. Por tanto, reclamó que se le aplicara el código viejo en vigor al momento de su certificación. Según ese análisis, el PIP no estaba en peligro de perder su representación.

Los tres partidos ya han anticipado que acudirán al tribunal para impugnar la decisión de Rosado Colomer y procurar que esas disposiciones del Código Electoral se declaren inconstitucionales.

Aunque respalda una enmienda para garantizar la representación, Pierluisi Urrutia asegura que los otros problemas que confrontó la CEE con el manejo y conteo del voto adelantado o el voto por correo son de índole administrativo y que no requieren de legislación.

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“Primero, en gran medida, lo que sucedió es que no habíamos llevado votos adelantados y por correo como se hizo en esta ocasión. Era algo nuevo. Segundo, lo ideal es que ese tipo de voto por correo, adelantado y a domicilio ocurra con mayor antelación al evento electoral cosa de que haya más tiempo para contabilizar esos votos antes de la primaria o la elección”, apunta.

Esa situación, a su juicio, se resuelve con tiempo y asignando los recursos debidos a la la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado, algo que no ocurrió en las pasadas elecciones cuando el proceso se realizó casi de forma simultánea a las elecciones.

Al reaccionar a la medida presentada hace unos días para eliminar la OPFEI, el Gobernador defiende su permanencia.

“Yo pienso que es indispensable tener un mecanismo como ese en Puerto Rico para atender los casos de corrupción al más alto nivel, casos en los que se pudiera entender que el Departamento de Justicia pudiera estar de conflicto de interés o apariencia de conflicto interés”, señala.

La OPFEI atiende los casos de funcionarios públicos, una figura similar al fiscal especial en Estados Unidos.

Pierluisi Urrutia también indica que solo presentará proyectos de administración que tengan consenso, así que no habrá una retahíla de medidas del Ejecutivo al inicio de este cuatrienio. Por ahora, atenderá algunos asuntos a través de Órdenes Ejecutivas. Ya ha emitido 10 y se apresta a divulgar otra orden para crear el Concilio de la Reconstrucción, que estará a cargo del designado secretario de Estado Larry Seilhamer Rodríguez.

Consciente de los retos de gobernar en tiempos de una Legislatura con voces plurales y sin que un partido cuente con mayoría absoluta, el nuevo Gobernador procurará reunirse semanalmente con los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado. Una vez al mes esa reunión será en el Capitolio.

“No voy a someter proyectos de administración a menos que vea que va a haber acogida y consenso. No estoy aquí para estar enviando mensajes, o sea perder el tiempo. Yo voy a actuar con sentido de urgencia”, indica.

“Un tema donde hay diferencia es en la forma y manera de atender el tema del estatus. Lo que voy a pedir es que respeten, de la misma manera que yo voy a respetar la asamblea de estatus, que respeten que yo estoy obligado moral, por no decir legalmente, a hacer todo lo que pueda para que el Congreso responda al voto del pueblo del plebiscito, igual pasa con la Comisionada Residente. No podemos darle la espalda a esa mayoría que votó por la estadidad… tengo que dar esa batalla en Washington igual que la comisionada Residente. Acá en Puerto Rico es otro cantar. Si me someten un proyecto convocando una asamblea de estatus, lo voy a revisar y voy a ser lo más justo que pueda”, agrega.

Los nombramientos

El proceso de entrevistas a candidatos para formar parte de su equipo de trabajo continúa en La Fortaleza. El Gobernador indica que en medio de la carga agenda de trabajo diario, ha colado entrevistas para varios puestos.

“Con toda probabilidad termine de hacer las designaciones que están sujetas a confirmación del Senado antes de que finalice esta semana con todo el propósito porque la Asamblea Legislativa comienza el lunes y lo que quiero es que estas personas puedan jurar y comenzar labores antes de que la Asamblea Legislativa comience su sesión. Que sean nombramientos en receso”, explica.

No adelanta nombres, pero señala que nombrará próximamente a los jefes o jefas de las Oficinas del Comisionado de Instituciones Financieras, la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción, la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas, la Autoridad de Carreteras, la Compañía de Turismo y el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

“Todos los jefes de agencia están bajo evaluación, si alguno permanece en su cargo permanece hasta que yo decida lo contrario”, apuntala.

“Lo que estoy propiciando es continuidad en los trabajos del Gobierno”, abunda.

Pese a que consultó a la Oficina de Ética Gubernamental para designar a su hermana María Caridad como su ayudante, algunos miran el nombramiento con suspicacia por el acceso directo al Gobernador y porque laboró en la agencia de publicidad KOI, que obtuvo contratos millonarios bajo la administración Ricardo Rosselló Nevares. El presidente de KOI, Edwin Miranda, también participó en el polémico chat que desembocó en la renuncia de Rosselló Nevares.

“Ella va a laborar es en la Oficina propia del Gobernador. El Gobernador tiene una oficina propia aquí en La Fortaleza, que le da apoyo administrativo para coordinar su agenda, para coordinar sus reuniones, para ocuparse de sus comunicaciones y para que todo corra aquí como es debido. Es decir, donde yo estoy físicamente. Le he pedido a mi hermana, que es de mi estricta confianza y que en el pasado dirigió la Oficina de la Primera Dama de Puerto Rico, que labore en esa oficina conforme a las directrices de la Oficina de Ética Gubernamental. Ella no va a devengar salario alguno, ni tampoco va a recibir beneficio marginal alguno al desempeñar esas labores. No obstante, va a estar sujeta a todas las reglas de la Oficina de Ética Gubernamental”, responde.

“Eso no debe crear mayor suspicacia o molestia porque realmente son labores personalísimas para las cuales un Gobernador tiene derecho a escoger una persona de su estricta confianza. Ella es una ejecutiva en el campo de las comunicaciones, de la organización de proyectos de igual manera con experiencia gerencial. Se desempeñó como ejecutiva no solo en la entidad que tú mencionas, ella laboró en esa entidad por contrato por año y medio, pero después ha tenido su propia agencia, su propia empresa y siempre ha tenido éxito en su vida. Ahora por los lazos familiares que hay viene a darme la mano en este momento, ahí es donde puedo hacerlo libre de toda controversia”, añade sobre su exdirectora de campaña.

Al comentar sobre la designación esta semana del fiscal Luis Freire Borges como director de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, recalca que Freire Borges inició su carrera en el Gobierno mucho antes de que invitara a su madre, Ileana Borges a dirigir la Oficina de Nombramientos Judiciales y Ejecutivos de La Fortaleza.

“La propia pregunta plantea la respuesta. Es un fiscal. Ileana Borges estaba en la empresa privada hasta los otros días cuando yo la designé para un puesto aquí en La Fortaleza. Pero el hijo ya estaba (en el Gobierno). Era miembro del Ministerio Público de antemano. O sea, que ella no tiene nada que ver con eso. Por cierto, la Oficina de Nombramientos no atiende nombramientos de fiscal de todas maneras aunque ya era fiscal”, dice.

“Ahí lo que tú tienes es a Domingo Emanuelli, el secretario de Justicia, decidiendo dentro de los que están en el Ministerio Público a quien le asigna responsabilidades particulares. Y él, yo no participé en esa decisión, decidió darle esa encomienda a ese fiscal. No podemos llevar las cosas al extremo y tan poco podemos venir y decir porque alguien tiene un parentesco con alguien en el Gobierno que está inhabilitado de por vida. No, uno no puede llevar eso a tal extremo. Lo importante es que cuando se haga un nombramiento sea por los méritos de la persona y no por su origen social y su parentesco con quien sea”, agrega.

Admite que tiene una lista de candidatos para el nombramientos al Tribunal Supremo y a la Oficina del Contralor, que quedaron pendientes del cuatrienio pasado. No suelta prenda. Solo dice que antes de someter un nombre consultará con los presidentes legislativos.

“Lo hago sabiendo que no va a poder comprometer a sus delegaciones pero lo que quiere hacer es contar con su beneficio antes de formalizar la decisión”, indica.

“Ese alcalde que mencionas goza de mi mayor respeto y administración ha sido un excelente alcalde y se ha distinguido por la forma y manera en que maneja las finanzas del municipio pero no voy a adelantar criterios para esas posiciones hay un sinnúmero de candidatos potenciales y en su momento escogeré al que yo entienda que es el mejor candidata o candidato”, añade.

El nombre del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, se ha mencionado como candidato idóneo para el puesto.

En los primeros tres meses de su gestión, Pierluisi Urrutia también tendrá que llenar 42 vacantes de fiscales y procuradores del Departamento de Justicia y 7 puestos de jueces en la Rama Judicial, tres de ellos puestos al Tribunal de Apelaciones.

“Tengo que llenar las dos vacantes en la Comisión Evaluadora de candidatos a la Judicatura, que asesora al Gobernador antes de proceder a hacer los nombramientos… En caso de fiscales eso lo maneja Justicia que tiene una comisión que hace recomendaciones al Secretario y éste al Gobernador. El Gobernador puede usar la Oficina de Nombramientos para revisarlos lo que yo pudiera hacer”, dice.

Pierluisi Urrutia describió como “buenas” las renominaciones de David Skeel y Arthur González que el saliente presidente Donald Trump hizo a la Junta de Control Fiscal. Resalta que ambas personas saben de procesos de quiebras y son “razonables”. También indicó que participará en la primera reunión con el ente fiscal la próxima semana.

“Me quiero sentar a la mesa con la Junta. El Gobernador puede hacerlo. Tiene voz pero no voto. Pero yo estoy acostumbrado a eso porque durante ocho años tuve voz y no voto como comisionado residente. Así que lo que voy a hacer es lo mismo, hacerme sentir con el seno de la Junta”, concluye.