Resolución de la OPFEI refleja las excusas del Departamento de Justicia y la lista de los que quedan expuestos a radicación de cargos, incluyendo la Gobernadora.

Los funcionarios públicos que en medio de una emergencia sigan la línea de menor esfuerzo y se aprovechen de cualquier excusa para descartar leyes y el sentido común serán recompensados con un relevo de responsabilidad penal. Esa parece ser la conclusión del Departamento de Justicia en su análisis de los problemas de compras de pruebas de detección de COVID-19, según lo refleja la resolución de la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) que esta semana descartó ese análisis para asignar a un fiscal que podría radicar cargos criminales, si así lo entiende, a un grupo de funcionarios que todavía incluye a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La resolución del panel de exjueces de la OPFEI, su presidenta Nydia Cotto Vives, y Rubén Vélez Torres, fue suscrita el 28 de diciembre, dos meses después de que le fueran remitidas las evaluaciones tanto del Departamento de Justicia como de la investigadora que el panel designó, la exjueza Crisanta González Seda. La tercera miembro del panel, Ygrí Rivera Sánchez, no participó por una decisión personal de no involucrarse en casos que tuvieran que ver con Vázquez Garced, ya que su hija, Lorna Colón Rivera, estaba pendiente de un ascenso como fiscal. Sin embargo, ya al final del cuatrienio, el récord refleja que la Gobernadora no concedió esa solicitud de ascenso.

La resolución también revela que, contrario a la recomendación de la Cámara de Representantes de investigar a la exsecretaria de Salud interina Concepción Quiñones de Longo, quien fue testigo de ese cuerpo legislativo en su investigación, la determinación de la OPFEI es que la exfuncionaria no va a ser objeto de investigación y queda protegida como informante y como testigo de posible comisión de corrupción por parte de otros involucrados.

Justicia evaluó alegaciones contra 19 funcionarios, pero la secretaria interina, Inés Carrau Martínez, no recomendó la designación de un fiscal especial independiente contra ninguno por “los desafíos para determinar responsabilidad penal”. Según la resolución de la OPFEI, Justicia dijo que entre los “desafíos” estuvieron “la investigación que realizaba la Cárnara de Representantes, un alegado estado de derecho ‘transitorio’, ‘frágil’, ‘insuficiente’, ‘laxo’, y ‘flexible’, focalizado en la aprobación de la Ley Núm. 20-2017. conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”.

Consecuentemente, Justicia admite que su investigación preliminar concluyó que las “guías y controles insuficientes” y una “excesiva amplitud” de la Ley 20 permitió la contratación de suplidores durante la emergencia “sin que se corroborara su experiencia o capacidad en el área contratada” o “carecer de experiencia en suplido de productos médicos”. Añade Justicia que “esta situación provocó que los proveedores de servicios optaran por recurrir a cabilderos, personas con acceso a funcionarios públicos o intermediarios con vínculos económicos en la transacción para hacer disponible su ofrecimiento al Gobierno”. En su informe preliminar, Justicia no identificó a estas personas que fungieron de cabilderos, de contacto con funcionarios o de intermediarios.

“De las declaraciones juradas en el sumario fiscal surge que varios funcionarios y personas, sin ostentar autoridad legal, intervinieron indebidamente con procesos de compras y adquisiciones claramente regulados provocando con ello determinaciones al margen de la ley y el desembolso indebido de fondos públicos. Ello incluyó el ejercicio de presión indebida sobre la Secretaria Interina de Salud para que procediera a firmar, en tan solo ‘20 minutos’, una orden de compra, sin seguir el análisis y rigor que la normativa exigía. Asimismo, consta en el expediente una intervención concertada y sustancial de determinados funcionarios para ubicar a la Sra. (Mabel) Cabeza en una posición de control e intervención en menoscabo de la autoridad legal y constitucional de la Secretaria de Salud. La Sra. Cabeza tuvo un rol activo en los procesos objeto de investigación, en menoscabo de las responsabilidades que le correspondían a la Secretaria de Salud”, puntualizó el panel en la resolución.

A pesar de la referencia a la presión “indebida” contra Quiñones para que firmara un contrato en 20 minutos, y de la condición de testigo informante que se le adjudicó a la exfuncionaria, la resolución del Panel no menciona a Marisol Blasco Montaña, ayudante de la Gobernadora que, según el testimonio de la exjefa de Salud, fue la que emitió esa orden de firma del contrato.

Hace un mes, la Junta de Control Fiscal reveló que su análisis del proceso de compras de pruebas no permitía asignar responsabilidades porque fue improvisado y no se documentó apropiadamente. La directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko, aclaró que no era una conclusión de carácter penal sino una evaluación del proceso administrativo.

Al decidir asignar un fiscal, contrario a la recomendación de Justicia, el Panel del FEI argumentó que la responsabilidad que tienen los funcionarios de manejar bien los fondos públicos está consignada desde la constitución hasta leyes como la de Ética Gubernamental y el Código Anticorrupción y que la política pública es “cero tolerancia a la corrupción”.

“Los mandatos antes indicados no quedan en suspenso ante un estado de emergencia, cuya realidad, respecto al asunto que nos ocupa, no está en controversia. Precisamente, para garantizar que los recursos públicos sean utilizados correcta y efectivamente para proteger la vida, la seguridad y Ia salud del Pueblo, se impone mayor rigor y disciplina”, argumentan los exjueces.

Específicamente en el contexto de la pandemia y las acciones oficiales objeto de la investigación, exponen que “existía un claro estado de derecho en el cual se contempla un balance entre la responsabilidad de atender la emergencia, con la efectividad que exige la protección a la vida, y la obligación constitucional y legal de asegurar el control y uso correcto de los fondos públicos”. Por ejemplo, disposiciones de la reciente Ley 73 que unificó los procesos de compra en el gobierno y el propio Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos. El Panel subrayó que ninguna de las órdenes ejecutivas sobre la pandemia, las órdenes administrativas del Departamento de Salud o memorandos especiales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podían ir por encima de ese andamiaje legal.

Aunque la resolución designa al fiscal Ramón Mendoza para investigar a cuatro personas, reitera que hay posibilidad de ir contra 19, dependiendo del análisis y prueba adicional que levante el fiscal ya que “del expediente del caso surge prueba implícita contra varios de ellos”. Por otro lado, eximió de entrada a los doctores Segundo Rodríguez Quilichini y Juan Salgado Morales, respectivamente, coordinador y miembro del Task Force médico del Gobierno de Puerto Rico que, según el testimonio en la Cámara, canalizaron algunos de esos acercamientos de cabilderos y de empresas.

Los funcionarios que siguen bajo el radar investigativo son:

-Wanda Vázquez Garced

-José Burgos Vega, excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD)

-Iris E. Santos Díaz, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que autorizó la transferencia para pagar la orden de $19 millones en pruebas a la empresa APEX General Contractor, que no tenía experiencia en suplir artículos de salud

-Ottmar Chávez Piñero, exadministrador de Servicios Generales

-Lilliam Sánchez Pérez, subsecretaria de la Gobernación

-Antonio Luis Pabón Batlle, secretario de la Gobernación

-Robert Rodríguez López, presidente de APEX que entregó a la Cámara conversaciones que tuvo con Maldonado y en las que aparece que se consultó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz

-Juan Maldonado de Jesús, abogado y cabildero de APEX que tramitó la orden de $19 millones

-Aaron Wayne Vick, empresario que prestó su firma para el uso de APEX en la orden de compra

-Ricardo Javier Vázquez Hernández, presidente de 313 LLC, otra empresa que obtuvo órdenes de compra y Salud se las prepagó aunque incumplieron y están ahora en un litigio con el Estado en el que se reveló que transfirieron el dinero que les pagó Salud casi inmediatamente a otra compañía del mismo dueño de 313

-Mabel Cabeza Rivera, exjefa de Personal del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado

-Adil Marie Rosa Rivera, exsecretaria auxiliar en Administración de Salud que tramitó personalmente la orden de APEX

-Mariel Rivera, analista de compras de Salud como parte del programa federal Crisis Program Management Office que tramitó la orden de APEX con Maldonado y Rosa

-Diana Meléndez Díaz, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas de Salud

-Alfonso Alberro Rossy Raíces, secretario auxiliar de Contabilidad en el Departamento de Hacienda

-Guarina J. Delgado García, ayudante especial en NMEAD

Para ver la resolución del Panel del FEI, pulse aquí.