Así ve el ex contralor sobre Manuel Díaz Saldaña las operaciones del Municipio de San Juan.

Las vistas públicas del proceso de transición en el Municipio de San Juan terminaron ayer con recriminaciones sobre falta de información y de documentos financieros, pero con una promesa de que las peticiones del área financiera del Comité Entrante quedarán satisfechas con la entrega de estados financieros el 30 de diciembre, lo cual es un requerimiento de ley.

“Mano, esto corre como un colmado”, lanzó el presidente del Comité Entrante, el excontralor Manuel Díaz Saldaña, al fin de la vista cuando enumeró lo que interpretó eran deficiencias de disciplina fiscal, como la falta de un plan estratégico, de un plan fiscal a cinco años, de informes de flujo de caja actualizados, de reserva presupuestaria para cubrir pensiones y de estados financieros.

“No vamos a responder lo que consideramos son retóricas de otros foros”, le ripostó el presidente del Comité Saliente, Carlos Hernández, a lo cual Díaz Saldaña de inmediato asintió con un “mis excusas” y retirando su expresión del récord. “No hay un solo comité de transición que haya trabajado más que el de San Juan, y siguen diciendo que no estamos colaborando”, planteó Hernández sobre lo que presentó como un “ejercicio de capricho” del Comité Entrante.

La vista de ayer cubrió el área de finanzas con la Administradora y Jefa de Presupuesto del municipio, Esperanza Ruiz Ríos, la directora de Finanzas, Ana Delgado, y la Auditora Interna, Zuleika Feliú. Quedó pendiente una sesión ejecutiva entre el Comisionado de Seguridad del municipio, José L. Caldero y los asesores de esa área del Comité Entrante, licenciados Ernie Cabán y Héctor Ramos. Hernández fijo a NotiCel que se trata de la segunda ocasión en que el comité interrogaría a Caldero, quien está compareciendo y aunque se ha ofrecido que la reunión sea por una plataforma digital, el Comité Entrante la quiere presencial por preocupaciones de confidencialidad. Además, una auditoría de los flujos de efectivo quedaría para completar tras la juramentación del nuevo alcalde, Miguel Romero.

El Comité Entrante cuestionó la decisión de la alcaldesa saliente, Carmen Yulín Cruz Soto de refinanciar deuda en verano de este año. Según indicó la Legislatura Municipal en junio pasado, $713.4 millones en deuda que venían de la Administración Santini fueron refinanciados mediante cuatro préstamos que totalizaron $215.2 millones. Los préstamos requerían un pago al principal de $184.3 millones a julio de 2020, el cual también fue financiado. Aunque el plazo del refinanciamiento podía ser hasta el 2038, la Administración Cruz Soto optó por financiar hasta el 2027 y efectuar un pago adicional de $87.1 millones argumentando que resultaba en una economía de $36 millones en pagos de interés. El comité cuestionó que el dinero invertido en el financiamiento se pudo haber usado para pagarle a los pensionados de la ciudad. Según una comunicación de la Junta de Control Fiscal en noviembre, la ciudad tiene una deuda de pensiones de $68.3 millones.

“Le dieron preferencia a pagar a los bancos privados en vez de pagar a los pensionados… hubiera preferido proteger a mis pensionados de San Juan y proteger los servicios”, comentó Díaz Saldaña al subrayar que la tasa de interés del refinanciamiento es variable, por lo que el costo del mismo puede ser mayor al proyectado.

El exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en la Administración Rosselló, y miembro del Comité Entrante, Jorge Aponte planteó preocupación conque el municipio haya extralimitado sus gastos para pasarse del tope de 50% del presupuesto al 31 de diciembre ya que, por haber cambio de administración, se supone no gasten más. Esto, a la luz de que no hay certificación sobre el flujo de efectivo en caja y porque los gastos proyectados no se ajustaron a la reducción de ingresos que tuvo el municipio por la pandemia. “Es un signo de alarma de que miremos eso con más cuidado que no sea que sepan que tienen un sobregiro y lo estén escondiendo… tenemos una conjetura educada de que hay la posibilidad de que haya un problema fiscal”, indicó.

“Eso es una especulación, se les explicó que aunque los ingresos gubernamentales, los de todos los gobiernos en Puerto Rico, deben estar por lo bajo por la realidad de la pandemia, en el caso de la operación municipal se había recibido una cantidad extraordinaria de fondos federales que de alguna manera podían compensar los ingresos no recibidos y eso se les adelantó que se les va a explicar”, planteó Hernández sobre el nivel de gastos.

Para el año fiscal 2020-2021, el presupuesto combinado es de $627,630,907.

El municipio tiene el compromiso también de pagar $1.187 millones en liquidación de 63 empleados de confianza, lo que no incluye la liquidación de la alcaldesa Cruz Soto ni 20 empleados de la Legislatura Municipal, según el Comité Entrante.

Los deponentes consignaron que lo que una vez representó la estrategia política de triunfo de Cruz Soto, la Oficina de Alianzas, apenas le quedan unos tres empleados, no tiene ya funcionarios por contrato y ni su información está actualizada en los portales digitales de la ciudad.

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