Las vistas de transición en San Juan enfocaron en el área de Comunicaciones durante una vista en la que el comité entrante acusó de incumplimiento a orden del Supremo.

El Comité de Transición Entrante en el Municipio de San Juan amenazó con buscar una orden de desacato contra el Comité de Transición Saliente ante la incomparecencia ayer de varios funcionarios que la ley mandata que integren el comité saliente, particularmente en el área de Finanzas.

Los trabajos de transición en la capital se supone que cubrieran las oficinas de Finanzas, de Prensa, Comunicaciones y Protocolo y la de la Alcaldesa pero solo cubrieron las últimas dos debido a que la administración actual no había completado entrega de documentos financieros ni tuvo disponible a funcionarios de esa área.

Los señalamientos se concentraron en el área de Comunicaciones, con el presidente del comité entrante, el excontralor Manuel Díaz Saldaña, levantando la posibilidad de violación de ley debido al uso de fondos públicos del municipio para beneficio de la fundación privada Somebody Help Us Alguien Ayúdenos, Inc., que la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto creó tras el paso del huracán María y cuyo funcionamiento había tenido cuestionamientos. También criticó un contrato al reportero Manuel Ernesto Rivera por la posibilidad de que utilice en sus redes sociales personales material que recopila y factura bajo su contrato con el municipio.

“Vamos a ir al tribunal también, ustedes se han negado a cumplir con la ley”, señaló Díaz Saldaña al inicio de la vista por la falta de funcionarios y documentos de Finanzas, incluyendo el informe del estado general de las finanzas, flujo de caja y estados financieros auditados. El presidente del comité saliente, Carlos Hernández, ripostó que los funcionarios han estado disponible según el calendario que estableció el comité saliente y que la culpa de los atrasos es de “la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que al día de hoy no ha certificado al Sr. (Miguel) Romero”, en referencia al senador Miguel Romero, quien obtuvo una orden unánime del Tribunal Supremo para que el proceso de transición iniciara con él como alcalde electo, independientemente de las certificaciones emitidas por la comisión. Díaz Saldaña repautó la vista de Finanzas para el miércoles próximo.

En cuanto a Comunicaciones, compareció la jefa del área en el municipio, Carmen Serrano, e indicó que su presupuesto es unos $3.9 millones, mientras que el presupuesto en la administración pasada, de Jorge Santini, eran $6 millones y otros $4 millones en agencias de publicidad, un renglón que aseguró que no se maneja igual ahora porque las compras de espacio publicitario las hace directamente el ayuntamiento.

Por parte del comité entrante, el interrogatorio lo dirigió Michelle Cobb, asesora de Comunicaciones en la campaña del gobernador electo, Pedro Pierluisi, y exempleada de KOI, la agencia de publicidad de la campaña y el gobierno del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Cobb levantó el hecho de que el portal de internet de la Fundación usa colores, logo y fotos del municipio, así como que directamente indica que es propiedad intelectual de la ciudad capital, lo que provocó que Díaz Saldaña preguntara “¿esto es una actividad del Municipio o de la Fundación?”. Respondió por parte del Municipio la licenciada Brenda Cordero Acabá, quien puntualizó que existe un acuerdo colaborativo entre el gobierno municipal y la Fundación, lo cual no disminuyó las sospechas de Díaz Saldaña.

Como publicó NotiCel en su momento, los trabajos y financiamientos de la Fundación tuvieron poca visibilidad en sus inicios y su propósito principal pareció ser figurar en las comparecencias en Estados Unidos que hizo Cruz Soto. El secretario de la entidad era Armando Valdés Prieto, quien renunció a ella cuando se convirtió en precandidato a la alcaldía de San Juan, y en su cuadro directivo están Esperanza Ruiz, administradora del Municipio, como presidenta y Zuleika Feliú, quien fue directora de Auditoría Interna en el ayuntamiento. La minuta más reciente de la Fundación que está disponible en su portal es de julio de 2019 y consigna que su cuenta bancaria tenía un balance de $330,000.

Serrano dijo que la agencia de publicidad Contactica, que hace trabajos para el Municipio, también hizo trabajos para la Fundación, pero el comité entrante no indagó más en este aspecto.

Cobb trajo el contrato de Rivera en el contexto de que el propósito era hacer trabajo de redes sociales pero las redes del Municipio están inactivas desde enero de 2020 por opción de la ciudad debido a su “pobre” comunicación con la CEE y a la necesidad de obtener un relevo de ellos por la veda electoral.

Serrano dijo que Rivera les trabajaba videos en distintas instalaciones municipales para documentar en qué condición las estaban entregando y que también asistía a las vistas de transición para entregar información y resúmenes al respecto. Díaz Saldaña intervino para leer desde su teléfono algunos mensajes de Rivera en sus redes sociales y planteó que si el Municipio sabía que usa el material de las vistas para sus redes personales porque, a su juicio, si es un trabajo bajo contrato, se supone que no lo publique sin autorización del municipio. “Los funcionarios del Municipio no tienen derecho a expresión como cualquier otra persona… no puede usar fondos públicos para después caernos encima a nosotros”, increpó, a lo que Serrano aseguró que no se le pagaría por esas publicaciones si las factura.

Díaz Saldaña se mostró también celoso de divulgar información que identifique los nombres y salarios de empleados públicos, a pesar de determinaciones judiciales recientes que concluyen que el salario que se gana un funcionario en particular es información pública y hay obligación de publicarlo.

En otro asunto que también había sido publicado en NotiCel, Cobb enfocó en el hecho de que, tras el huracán María, el equipo de fotógrafos del municipio creció de dos a cinco, de los cuales quedan en el Municipio cuatro. Serrano expuso que los fotógrafos documentaron para las gestiones de la ciudad con el gobierno federal por los daños del huracán y para suplir a medios internacionales que pedían visuales de los estragos del huracán. Luego, “encontramos otras necesidades que pudimos cubrir con ellos”.

Serrano también dijo que el equipo de Comunicaciones consideró y llegó a ensayar la publicación de un periódico municipal, pero desistió por los costos de imprenta y distribución, aunque las personas contratadas para el proyecto no salieron sino que se integraron a otras tareas. El comentario trae recuerdos de la revista “San Juan News”, que existió durante la Administración Santini y generó señalamientos de la Contraloría por su millonario costo y beneficio para la imagen del entonces alcalde.

El Municipio tiene en trámite dos campañas de publicidad relacionadas a la pandemia, una de ellas sobre vacunación de personas mayores, pero el comité entrante le pidió que suspendiera los trabajos en esos proyectos porque se van a dejar llevar por las pautas del Departamento de Salud del gobernador Pierluisi.

La vista cerró con una carta de Díaz Saldaña a Cruz Soto para que extienda al 28 de febrero de 2021 todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y para que recorte al 28 de febrero todos los que vencen el 30 de junio de 2021, incluyendo acuerdos con entidades públicas y privadas como el de rastreo de contactos con Salud. Le pidió también coordinar la ceremonia de juramentación de Romero y la Legislatura Municipal con los copresidentes del grupo de Toma de Posesión, la exadministradora de La Fortaleza, Velmarie Berglingeri, y Alberto Escudero.