El plan del Departamento de Salud ha sufrido cambios que son responsabilidad de la agencia y que no están completamente alineados con recomendaciones federales.

El Departamento de Salud (DS) espera anunciar hoy cambios al plan de distribución de la vacuna del COVID-19, un plan que ha levantado interrogantes por quién está en qué orden y que ha tenido modificaciones que no se alinean completamente con las recomendaciones federales.

El Plan de Vacunación que el DS publicó ayer por primera vez, tiene fecha del 16 de octubre y está marcado como “borrador” pero una portavoz de la agencia indicó a NotiCel que era el plan en vigor actualmente aunque sigue teniendo naturaleza de “borrador” porque podría ser modificado. Incluso, adelantó que la lista de poblaciones prioritarias cambiaría hoy en lo relativo a las personas con discapacidades, pero no hubo más detalles ni estuvo disponible la subsecretaria Iris Cardona quien se ha convertido en la cara de la agencia desde la desaparición pública del secretario de Salud, Lorenzo González, que factura casi $30,000 al mes por ocupar el cargo.

Ese documento solo tiene a los trabajadores de salud en escenarios de cuidado de salud en su Fase 1a. En su Fase 1b tiene a los residentes en facilidades de cuidado de largo plazo, los mayores de 65 años, otros trabajadores de salud esenciales, primeros respondedores y los trabajadores de infraestructura crítica (incluyendo empleados de gobierno). En la Fase 2, la última de las fases en ese plan, figuran las personas con comorbilidades (como cáncer, diabetes y condiciones pulmonares crónicas), los presos, las personas sin hogar, personas con discapacidades, estudiantes y personal de universidades y otros.

Ni el plan de Puerto Rico, ni las recomendaciones federales que NotiCel examinó indican o implican que los cónyuges, el grupo familiar u otros allegados de las poblaciones que están en prioridad de la vacuna deben ser vacunados a la misma vez que sus parientes.

En esas dos fases, el plan estima 1.5 millones de personas, lo cual contrasta conque el propio plan establece que, en un año regular, se administran unas 600,000 a 800,000 dosis de vacunas en Puerto Rico a través de 500 proveedores públicos y privados.

A pesar de lo que indica el plan, en la segunda semana de diciembre, cuando el gobierno anunció la prioridad de vacunación, puso a los trabajadores de salud y los residentes de facilidades de largo plazo en la Fase 1a. Más aún, Cardona dijo que esa fase incluía a primeros respondedores y los confinados, dos poblaciones que estaban separados y tenían otra prioridad en el plan.

El plan propone que cada hospital o Centro de Diagnóstico y Tratamiento vacunará a su personal en su propia instalación y se espera que al menos el 50% de esas instalaciones también provean servicio de vacunación a la población.

El 1 de diciembre, un panel asesor del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) acordó recomendar que la vacina de Pfizer, la primera de varias que podrían ser aprobadas en las próximas semanas, fuera administrada de manera prioritaria a dos poblaciones: personal médico y residentes de facilidades de cuidado de largo plazo.

El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) definió personal médico como “personas que, por paga o sin paga, sirven en escenarios de cuidado médico que tienen el potencial para exposición directa o indirecta a pacientes o materiales infecciosos”, mientras que residentes de facilidades de cuidado de largo plazo serían “adultos que residen en facilidades que proveen una variedad de servicios, incluyendo cuidado médico y personal, a personas que no pueden vivir de manera independiente”.

Además de estas dos poblaciones, el comité consideró para la Fase 1a a: trabajadores en industrias críticas y esenciales, personas en riesgo de contraer la enfermedad por tener condiciones médicas críticas y personas de 65 años o más. Sin embargo, el plan de Puerto Rico deja a los pacientes con comorbilidades y a los mayores de 65 años, dos poblaciones con mortandad estadísticamente mayor que otras en la pandemia, en la Fase 1c, la última de las escalas de prioridad en la primera fase y una escala por debajo de los empleados públicos.

Cada jurisdicción determinaría el orden da vacunación fuera de la Fase 1a pero el ACIP propuso que se tuvieran como criterio que el orden de prioridad cumpliera con: reducir lo más posible la muerte y el padecimiento serio de la enfermedad, preservar las funciones sociales, reducir la carga adicional que la enfermedad representa a personas que ya sufren de distintas desigualdades y aumentar la posibilidad de que toda la población disfrute de salud y bienestar.

“Los trabajadores de infraestructura crítica varían por jurisdicción. Cada jurisdicción debe decidir en cuáles grupos se van a enfocar cuando esté limitado el suplido de la vacuna mediante determinar cuáles con los sectores claves de esa población”, indica el Plan Federal de Vacunación interino del 29 de octubre de 2020. Para ayudar a definir esta población, el documento añade que se trata de trabajadores “que juegan un rol clave en mantener las funciones esenciales de la sociedad y que no pueden realizar su trabajo con distanciamiento social”.

Estas indicaciones chocan con el anuncio esta semana de que la Rama Judicial había solicitado al gobierno colocar a todos sus empleados, sin distinción de funciones, en la Fase 1b porque así lo ameritaba el estar designados como parte de la infraestructura crítica. Pero ni las guías del CDC, de la ACIP ni las del Departamento de Seguridad Nacional obligan a las jurisdicciones a poner a alguien en una fase particular. Es discrecional de cada jurisdicción.

La presunción para este orden de prioridad, y los criterios recomendados, es que la disponibilidad de la vacuna va a pasar por varias etapas y en la primera, la que estamos ahora, se asumía que habría escasez de vacunas, por lo que no se podrían cubrir todas las poblaciones vulnerables. No solamente que no habría para toda la población, sino que ni siquiera habría suficiente aún para personas que podrían ser las más vulnerables. Se entiende que, luego, mientras sigan ocurriendo las autorizaciones de uso de emergencia, como la que se registró ayer para la vacuna de Moderna, la disponibilidad aumentaría rápidamente y los criterios de administración de vacuna podían alterarse.

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