Esto responde a la migración, la baja en natalidad y el Covid-19, según el Secretario de la Familia.

Los referidos de casos de maltrato de menores que recibe el Departamento de la Familia (DF) han bajado en los pasados años, pero los referidos de casos de adultos mayores se han disparado.

La cifra de menores bajo la custodia de la agencia también mermó, pero subió el número de envejecientes bajo la tutela de Familia.

Ayer, durante las vistas de transición gubernamental, el secretario de la Familia, Orlando López Belmonte, señaló que la agencia que dirige desde hace unos seis meses atraviesa por cambios demográficos que recogen la realidad del país y alertó que el programa de adultos mayores del Departamento programas debían reforzarse para atender esos nuevos retos.

Las estadísticas del Departamento de la Familia reflejan que los referidos de maltrato bajaron de 27,977 en el 2015 a 9,248 este año. Esta tendencia a la baja quedó interrumpida el año pasado cuando registró 15,598. En el renglón de los referidos fundamentados o en las cuales se evidenció el maltrato, la disminución es sostenida de 4,269 en el 2015 a 1,075 en el 2020.

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Además, Familia tiene actualmente 2,701 menos bajo su custodia, en comparación con 3,681 en el 2016.

“La reducción en los referidos de maltrato es marcada desde el año 2017 para acá. Especialmente en los últimos dos años y el 2020 es el más marcado. Eso se debe básicamente a dos situaciones. Hemos tenido una migración muy grande. Tenemos una baja en la natalidad y al tener las escuelas cerradas... que nos ayudaba con esos referidos que ellos podían identificar, podemos decir en ese sentido, que esas son las razones principales para esa reducción en referidos”, respondió a preguntas de los periodistas que cubren el proceso.

Amplió que esta merma en referidos permitió a la agencia atender los casos que quedaban pendientes de investigar heredados del cuatrienio anterior. Previamente, durante su presentación ante el Comité de Transición del Gobierno Entrante, detalló que la nueva administración se estrenó en el 2017 con un balance de 15,111 casos sin investigar.

“Se recibieron 54,671 durante estos cuatro años, de los cuales se investigaron 61,347. Estamos terminando con 8, 435 casos pendientes de investigar”, apuntó como parte de su presentación en las audiencias, que se celebran en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en Santurce.

Ante la existencia de casos de maltrato que podrían pasar inadvertidos debido a las condiciones de encierro que creó la pandemia del Covid-19, reconoció que la agencia no cuenta con mecanismos alternos para detectar esos casos.

“Las escuelas tienen los maestros y trabajadores sociales que nos alimentan esos referidos. Al no tener eso, está en cada quien, en cada núcleo que está sufriendo eso hacer el referido. Está en los vecinos, en los amigos que conocen sobre eso y muchas veces callan. En ese sentido vamos a hacer un llamado a toda la comunidad que si conoce de un caso de posible maltrato se comunique con el Departamento, con la línea de maltrato (787) 749-1333 para que puedan ayudarnos a trabajar esta problemática”, indicó.

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Admitió también que el retorno a las escuelas podría traer consigo un aumento en los referidos de maltrato.

“Hay una probabilidad de que cuando regresemos a la escuela haya un aumento en los casos. No lo podemos prever, ni afirmar”, dijo.

Marcó una diferencia entre los mecanismos de protección de los adultos y de los niños víctimas de maltrato. En el 2016, Familia tenía bajo su custodia a 3,381. Ahora tiene 4,258. Las querellas de maltrato subieron de 6,081 en el 2016 a 11,302 en el 2020, lo que representa un incremento de un 85%.

“Los vecinos están mucho más pendientes que están solos. Muchas veces ellos mismos, si pueden levantar un teléfono, hacen una llamada. En el caso de los menores no, muchas veces callan por miedo”, respondió sobre la diferencia entre los referidos de adultos y de los menores.

Durante su ponencia, López Belmonte llamó la atención a la grave situación de reclutamiento que enfrenta la agencia por los bajos salarios que paga. Al momento, Familia tiene 2,542 puestos vacantes y 4,950 empleados activos.

“La realidad principal es que debemos revisar la retribución de nuestros trabajadores sociales. El reclutamiento está. El problema es la retención. Podemos reclutar 100 trabajadores sociales pero mantenemos 40 o 30 porque se van, cogen un poco de experiencia y en la empresa privada le ofrecen un mejor salario y se van”, indicó.

Pasa en otros puestos. La agencia lleva varios años sin un director de finanzas, una plaza que paga unos $1,800 al mes. Los trabajadores sociales devengan un salario de $1,710.

Mencionó que la Administración de Familias y Niños (ADFAN) trabaja en la implementación del Family First Prevention Services Act, un estatuto federal que reformará el renglón del servicio de bienestar de menores puesto que enfatiza en la prevención y en la reunificación familiar en vez de la separación.

Debido a los costos, ADFAN solicitó una dispensa, al igual que otros 37 estados, para retrasar su implementación hasta octubre del 2021.

Menos adopciones

Señaló que la pandemia afectó los procesos de adopción, pero que en lo que va de año se han finalizado 120. El Estado tiene la patria potestad de 152 niños y niñas, mientras que 418 tienen un plan de adopción.

“Las adopciones se han ido realizando. Se ve un poco la disminución desde el 2018 por los efectos del huracán. Este año se ve una disminución, pero con mucha alegría podemos informar que la semana pasada se aprobaron 7 adopciones adicionales”, apuntó.

Expresó confianza en que podrá completar el trámite con el seguro de la sede del DF en Hato Rey, que permanece cerrada desde el paso del huracán María en 2017 debido a los daños que sufrió la estructura.

El evento atmosférico, según relató, rompió las ventanas del edificio causando que quedarán expuestos el asbesto y el plomo de las paredes.

“Hay que trabajar con esto. Por eso, estamos sacando los expedientes y descontaminándolos con una compañía especializada en eso”, precisó.

Indicó que una firma de arquitectos trabaja en los planes de remodelación, que también se costearán con fondos de reconstrucción de FEMA, pero no todas las operaciones volverían a la sede.

“Tal vez no la oficina central porque ya se localizó a otro lugar con una renta muy conveniente, pero ya tenemos una oficina regional que lograríamos ubicar allí y que nos generaría una economía de cerca de un $1.1 millones anuales”, dijo.