Foundation for Puerto Rico no ha iniciado el trabajo sustancial de su contrato de $37.5 millones con el Departamento de Vivienda.

A casi dos años de su contrato de $37.5 millones con el Departamento de la Vivienda (DV) para el Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria (WCRP, por sus siglas en inglés), la entidad Foundation for Puerto Rico (FPR) no ha comenzado el trabajo formal de planificación en las comunidades por trámites pendientes con el DV.

Los directivos de la FPR encargados del programa indicaron que esperan por el Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA, por sus siglas en inglés), uno de los pasos en el proceso de uso de fondos federales y también están enfrascados en discusiones con el DV sobre cambios al contrato que firmaron en diciembre de 2018, incluyendo disposiciones sobre cómo se va a realizar la contratación de profesionales externos, como arquitectos y planificadores.

El contrato con la FPR es el mayor de su tipo otorgado en Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María y el propósito es producir al menos 60 planes comunitarios de resiliencia que deben surgir de la identificación de las fortalezas, activos, vulnerabilidades y necesidades de las comunidades para guiar el proceso de reconstrucción. En esencia, como funciona es que la FPR recibirá unos $7 millones de ese dinero para ser el intermediario mediante el cual a otras organizaciones cualificadas se les va a asignar hasta $500,000 para producir cada plan en conjunto con la comunidad. Estas organizaciones pueden ser sin fines de lucro o municipios, pero, un punto que puede ser determinante, es que las entidades escogidas deben tener la capacidad de financiar el inicio de sus trabajos porque el dinero está disponible mediante reembolso, por lo que, tanto FPR como las organizaciones que van a hacer el trabajo en la comunidad, tienen que tener la posibilidad de financiar su trabajo por varios meses sin recibir ningún dinero público.

Ni las comunidades ni las organizaciones que las asistirán para hacer sus planes han sido identificadas por la FPR, por lo que el proceso de planificación formal no ha comenzado todavía, después de más de tres años del impacto de los huracanes.

FPR realizó ayer una mesa redonda sobre su trabajo con el WRCP después de que hace dos semanas el secretario del DV, Luis Fernández Trinchet, dijera que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda federal había pedido información sobre el contrato. La FPR sostuvo que no era la OIG la dependencia que indagaba sino el Centro de Cumplimiento Departamental de Vivienda federal, y que la solicitud era rutinaria como parte de un análisis que hacen del trabajo del DV con fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).

Annie Mayol, presidenta y Principal Oficial de Operaciones de la FPR, indicó que no han tenido señalamientos de Vivienda federal y que todos sus asuntos pendientes son con el DV, con quien discuten desde verano cambios al contrato. Con la llegada de Fernández Trinchet como sustituto de Fernando Gil Enseñat, quien fue el secretario que firmó el contrato, han ocurrido cambios de prioridades que han dilatado la discusión, dijo Mayol, quien añadió que la espera se agravó porque el DV entró en calendario de elecciones y de transición de gobierno. “Hay una discusión del rol de Foundation para asegurar que este programa se mantenga [y] el proceso de contratación de los vendors (suplidores) profesionales”, explicó. También se busca modificar el contrato para reflejar los atrasos en el programa, ya que se supone que el dinero sea usado en tres años.

Hasta ahora, el DV le ha reembolsado a FPR $945,133.91 en los primeros dos años del programa, de los cuales el 93% se ha destinado a un equipo de 36 empleados (22 a tiempo completo y 14 a tiempo parcial). Mayol enfatizó que los primeros ocho meses operaron con fondos propios de la FPR porque el primer reembolso llegó al octavo mes después del contrato. A preguntas de NotiCel, admitió que una preocupación cuando llegue la hora de escoger a las entidades que van a recibir el dinero para trabajar con las comunidades es esa capacidad que tengan para financiarse antes de que comiencen a correr los reembolsos. “Estamos confiados en que tenemos el talento, pero estamos preocupados por el tema del financiamiento”, dijo al recalcar también que la intención es que sean organizaciones locales para crear empleos en Puerto Rico, aunque aceptó que algunos de los proyectos más grandes se harían en conjunto con organizaciones de más recursos fuera de Puerto Rico.

Carmen Villanueva, quien integra el equipo de FPR como líder comunitaria, explicó que más de una comunidad puede caer bajo un solo plan, que la intención es que los planes de reconstrucción se integren y sean compatibles con otros planes de reconstrucción que se desarrollan en la Isla y que su presencia en el programa tiene como propósito ser “filtro”, que “todos los documentos puedan tener esa mirada comunitaria antes de publicar”. Añadió que todos los planes deben cubrir las mismas áreas para terminar con documentos uniformes que, aunque reflejen la particularidad de cada comunidad, no sean planes “al garete”.

A preguntas de NotiCel, el planificador Félix Aponte expuso que la visión de planificación del programa es “asegurar que vamos preparando a las comunidades y fortaleciendo a las comunidades para los retos que hemos vivido y futuros retos” y que el modelo de organización de las comunidades del Caño Martín Peña y Cantera son referente para los propósitos del programa.

La involucración de la FPR en el programa trae una dosis de controversia por varias vertientes. El presidente de la Junta de Directores de la FPR, y el financiero del equipo de trabajo de la entidad, es Jon Borschow, exempresario del mundo de la salud con la extinta corporación Borschow Medical and Hospital Supplies Corporation (BMHSC), la cual en 2001 se declaró culpable de un delito grave de violación a la Ley Electoral por excederse en los donativos al exgobernador Pedro Rosselló. Uno de sus abogados en ese caso fue Jorge Díaz Reverón, actual juez y esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Durante el periodo de Ricardo Rosselló Nevares en la gobernación, hubo al menos tres decisiones trascendentales en las que Borschow resultó protagonista directo o indirecto. El DV otorgó, sin competencia, el contrato de $37.5 millones a la FPR para el WCRP, se creó la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por sus siglas en inglés y con un presupuesto inicial de $25 millones anuales en fondos públicos) y se creó Invest Puerto Rico, otra entidad sin fines de lucro financiada con fondos públicos (con el propósito de promover la inversión externa en la isla) con la que la FPR colabora activamente.

Cuando se conoció del contrato de DV a la FPR, una de las dudas fue qué experiencia tenía la FPR en trabajo comunitario, vis a vis otras entidades sin fines de lucro en la isla con historial de trabajo comunitario. Mayol dijo ayer a NotiCel que tenían experiencia trabajando en Santurce (Imagínate Santurce), y en 14 municipios produciendo planes comunitarias para áreas como Punta Santiago y el oeste (Aguadilla, Isabela, Cabo Rojo y San Germán).

Para ver el contrato entre el DV y la FPR, pulse aquí.

Para una presentación de la FPR sobre su trabajo en el WCRP, pulse aquí.