De implantarse este estatuto, algunas agencias podrían quedar sin personal esencial para cumplir con sus obligaciones.

Más allá de dibujar un cuadro sobre la situación del Gobierno, las vistas de transición gubernamental delatan otra realidad: las consecuencias de la ligereza legislativa movida por el populismo y la pesca de votos en la antesala de las elecciones generales.

Casi al final del último día de la última sesión del cuatrienio, la Asamblea Legislativa aprobó una medida para crear una ventana de retiro incentivada. El 3 de agosto, la gobernadora Wanda Vázquez Garced estampó su firma sobre la medida, que se convirtió en la Ley 80 o Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”. Cuatro años antes, esos mismos legisladores empezaron el cuatrienio aprobando una reforma laboral, que redujo las licencias de vacaciones y extendió el periodo probatorio a nueves meses.

Ahora, tres meses después de aprobada esa Ley emergen las consecuencias: el Gobierno frenó la implementación de la Ley por diferencias con la Junta de Control Fiscal (JCF), que asegura que ese estatuto lejos de crear ahorros, generará gastos.

Contrario al Gobierno, la JCF estimó que la Ley 80 -y otras dos medidas que extienden otros beneficios de retiro podrían- aumentar los gastos gubernamentales en $8,300 millones durante los próximos 30 años.

Pero no se trata solo de dólares y centavos, la puesta en vigor de ese estatuto podría dejar inoperante al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) porque perdería a la mitad de su plantilla de empleados. El Departamento de Agricultura quedaría sin agrónomos y para el Departamento de Corrección y Rehabilitación serían “inmanejables” sus obligaciones si los 1,057 empleados civiles que cualifican aceptan la propuesta que les garantiza una pensión del 50% de su salario.

El pasado martes, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, alertó que 574 empleados podrían acogerse al retiro incentivo, lo que provocaría que se quede “sin agencia y sin memoria histórica”. El DRNA tiene 1,096 empleados de carrera.

Cuatro días después, desde la misma silla en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes, donde se celebran las vistas públicas, el jefe de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Luis Collazo Rodríguez, indicó que ese estatuto se aprobó sin evaluar la cantidad de empleados esenciales que tendrían que ser reemplazados.

Lea también: Aumenta levemente la producción agrícola local

Explicó que la agencia inicialmente favoreció la aprobación de la Ley 80 con estudios actuariales de los empleados cobijados solo bajo la Ley 447 del 1951, que creó el sistema de retiro de los empleados públicos.

Luego, la Asamblea Legislativa solicitó información adicional cuando evaluó el proyecto e incorporó a los empleados agrupados bajo la Ley 1 de 1990. La agencia proveyó datos, pero el estudio actuarial completo de ambos estatutos lo realizó después de aprobada la medida.

La Ley 80 propone una ventana de retiro que garantizaría a los jubilados una pensión del 50% de su salario. El patrono continuaría pagando la pensión con el dinero que destinaba al pago de la nómina. Esa reducción que se produce cuando el empleado se convierte en jubilado, según el Sistema de Retiro, redundaría en un ahorro de $2,000 a $2,600 millones en un plazo de 30 años.

Según el Sistema de Retiro, hay 6,934 empleados elegibles para el retiro incentivado, que entraron al servicio público bajo la Ley 447 (antes de 1990) y 10,974 trabajadores, que entraron bajo la Ley 1 (de 1990 a 1999).

El análisis de la agencia, sin embargo, no calculó la cantidad de empleados esenciales que el Gobierno y los municipios tendrían que contratar nuevamente para cumplir con sus obligaciones, un escenario que afectará la proyección de ahorros. Esa evaluación se hará ahora al contabilizar las peticiones de retiro, que están recibiendo las agencias y los ayuntamientos.

Por ahora el proceso de solicitud al amparo de la Ley 80 continuará, pero el Gobierno está dejando claro a los empleados públicos que la propuesta está congelada hasta que reciba el visto bueno del ente fiscal.