Recursos Naturales todavía no cuenta con un plan para la disposición de desperdicios sólidos
La agencia está por culminar el reglamento de disposición de cenizas y se prepara para la reapertura de las Cavernas de Camuy en enero próximo.
Pese a la crítica situación de los vertederos del país, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales todavía no cuenta con un plan para la disposición de desperdicios sólidos.
La agencia tampoco cuenta con personal propio para la limpieza de las playas y se encuentra en medio de una complicada negociación para cambiar las cláusulas onerosas, que contiene el contrato con la empresa encargada de establecer su sistema de permisos electrónicos, mientras trabaja en la apertura de las Cavernas de Camuy y busca alternativas para reabrir el zoológico de Mayagüez.
Ayer, durante el séptimo día de las vistas de transición gubernamental, el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, explicó que recibió una asignación de $40 millones de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para elaborar un nuevo Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos o “master plan”, que servirá de pieza angular para el plan de manejo de la basura.
“El estudio anterior tiene 10 años”, indicó el funcionario.
En Puerto Rico se generan 5.56 libras de basura por persona al día, según la Junta de Planificación. Esta cifra supera la cantidad de desechos sólidos que se generan en otros lugares, como Florida (5.37), Nueva York (4.1), y Bogotá (2.95).
Al presente, solo se recicla entre un 8 y 10% de los desperdicios sólidos que se producen en la Isla, pese a que la tasa de reciclaje debía ser 35%, según estatutos vigentes.
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Aunque Machargo Maldonado evitó adentrarse en el asunto de la vida útil de los vertederos “porque eso varia” y se puede alargar con una extensión lateral, hay estudios que sugieren que algunos de estos depósitos tendrían que cerrar en los próximos dos años si no se toman medidas urgentes.
“Cuando abren todos tienen plan de cierre. Cuando se habla tiene que ser con prudencia. Hay medidas para extender su vida útil… Cada vertedero tiene un periodo de vida diferente. Esto no es una cosa estática”, insistió.
Apuntó que sólo seis o siete vertederos privados cumplían con las disposiciones federales impuestas por la EPA y que 11 vertederos tenían órdenes de cierre de la EPA. Otros siete incumplen con los estatutos ambientales. No ofreció el número de vertederos en la Isla, pero datos oficiales consignan que hay 29.
En medio su turno de preguntas, el presidente del Comité de Transición del Gobierno Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, planteó la posibilidad de establecer plantas de procesamiento de desperdicios sólidos que utilizan mecanismos de combustión (”waste to energy”) para paliar el problema del manejo de la basura.
Todos esos escenarios, según Machargo Maldonado, se evaluarían como parte del plan de disposición de desperdicios sólidos.
Luego en la conferencia de prensa, Rivera Cruz explicó que pensaba en plantas pequeñas a través de la Isla.
“Cuando hablamos de plantas de ‘waste to energy’ no estamos hablando de las plantas gigantescas como la que se propuso en un momento dado en Arecibo. Estamos hablando que los planes de manejo deben contener reuso y reciclaje porque esa manera vas reduciendo la huella del desperdicio que tienes que llevar al vertedero. Entonces lo que sobre es lo que pasaría al vertedero y alguna que otra planta que puede ser ‘waste to energy’, puede ser biodigestor. Hay distintas alternativas de tamaño reducido", respondió a preguntas de NotiCel.
"También hay plantas muy amigables al ambiente. Es cuestión de saber la tecnología y el tamaño correcto”, agregó
En esa línea, Machargo Maldonado aseguró que en este momento no hay una propuesta “clásica” de “waste to energy” ante la consideración del DRNA.
"En cuanto a 'waste to energy' mi posición es que cualquier proyecto que se someta se va a evaluar que cumpla con la Ley, que minimice la contaminación, que atienda situaciones y, obviamente, una vez se trabaje el plan de manejo tiene que contemplarse ese tipo de proyecto o no dentro del plan de manejo. Todavía no se ha trabajo el plan de manejo así que aquí el Gobierno de Puerto Rico establecerá su política pública en cuanto a ‘waste to energy”, afirmó.
El déficit de empleados
Pero además del problema de desechos sólidos, la agencia brega con un déficit de empleados causado por las leyes de retiro incentivado.
Machargo Maldonado, quien asumió las riendas de la agencia en marzo pasado en medio de la pandemia del Covid-19, mencionó que contrató empleados transitorios luego que se quedó sin empleados para las brigadas de limpieza de las playas.
“Todos, menos uno, se acogieron al retiro”, afirmó.
Para evitar que se repita esta situación y quedarse “sin agencia y sin memoria histórica”, alertó que 574 empleados podrían acogerse a la ventana de retiro de la Ley 80, que el Gobierno recientemente congeló por diferencias con la Junta de Control Fiscal. El DRNA tiene 1,096 empleados de carrera.
Además de estas dificultades, la agencia no ha podido contratar a 65 empleados transitorios para el programa de desperdicios sólidos que se sufragarían con fondos federales debido a la veda electoral. Esas contrataciones quedarán pendientes para el próximo año.
Señaló también que rescató el Comité de Expertos en Cambio Ambiental, pero que esa importante iniciativa no cuenta con presupuesto y que espera publicar el Reglamento para el manejo y uso comercial de los residuos de combustión de carbón antes de que culmine el cuatrienio.
Explicó que la agencia celebró dos vistas virtuales y que ahora espera por las recomendaciones del oficial examinador para divulgar el reglamento final.
El contrato oneroso
Machargo Maldonado detalló que heredó un contrato con XUVO Technologies, una empresa contratada para establecer el sistema digital que tramitaría los permisos que concede la agencia y que cobraría un costo a los ciudadanos que utilicen dicho servicio.
Pero resaltó que ese acuerdo contractual contiene cláusulas que obligarían a la agencia a pagar penalidades onerosas de $50,000 mensuales por incumplimiento de contrato y que aumentarían si la agencia levanta algún reparo. Ante esta situación, consultó con el Departamento de Justicia que recomendó renegociar dicho acuerdo.
“El contrato requiere que se trabaje en conjunto para establecer el programa y si el contratista entiende que el Departamento está incumpliendo su deber del contrato podrían activarse estas cláusulas”, apuntó a preguntas de la prensa.
“Como está no puede seguir. Entendemos que el contrato en principio es beneficioso. Me recomendaron que si se podían renegociar esas cláusulas podemos seguir con el contrato”, agregó.
Debido a la disputa, el proyecto se encuentra detenido.
La joya de la corona
Luego del huracán María las tres playas con Bandera Azul perdieron la acreditación y no la han recuperado, pero el DRNA trabaja para reabrir las Cavernas del Río Camuy el próximo año y el zoológico de Mayagüez.
Para la reapertura de las Cavernas del Río Camuy, la agencia recibió el apoyo de la Foundation for Puerto Rico y de la Compañía de Turismo, que adquirirán el equipo necesario para que el parque abra sus puertas.
Hasta ahora, la fecha de apertura “gradual y parcial” está programada para el próximo 15 de enero.
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Destacó que en esta etapa se ofrecerá a los visitantes una aventura “más extrema a la que estaban acostumbrados” porque tendrán que caminar unas tres millas de ida y vuelta al lugar. “Son unas cuestas que son bastante intensas”, comentó.
En el caso del zoológico recibe el apoyo del ayuntamiento y de otras organizaciones sin fines de lucro.
“Estamos evaluando diferentes aspectos operacionales para ver cuales son susceptibles a las alianzas público privadas. En estos momentos no estamos contemplado incluir eso, pero no lo descartamos”, respondió a preguntas de la prensa.
Aceptó que la apertura del zoológico no generará los fondos suficientes para sostener la operación. Solo en comida para los animales se gastan $2 millones anuales.
Pero sostuvo que las “joyas de la corona”: las Cavernas del Río Camuy y los balnearios de Boquerón en Cabo Rojo y Seven Seas en Fajardo generarían los ingresos suficientes para administrar el sistema de parques sin pérdidas.
Mencionó, por ejemplo, que las Cavernas de Camuy generaba unos $1.2 millones anuales.
Por eso su resistencia a privatizar o ceder en alianzas público privadas los parques del DRNA, pese a las sugerencias de algunos miembros del Comité de Transición del Gobierno Entrante de explorar esas alianzas con los ayuntamientos u organizaciones sin fines de lucro.
“Cualquier propuesta para mirar la cesión o concesión de ciertos aspectos del programa tiene que asegurarse que se salvaguardan los ingresos del programa para administrar un sistema alrededor de Puerto Rico”, afirmó.