Alertan sobre la falta de obreros y materiales suficientes para la magnitud de la obra durante el primer día de las vistas de transición.

El gobierno de Puerto Rico recibirá unos $83,000 millones en fondos federales de reconstrucción a través de los próximos 15 años, pero necesitará más que dinero para encaminar la transformación del país.

Al momento, no existe en la Isla mano de obra suficiente en el sector de la construcción para atender la demanda que generarán estos proyectos de construcción. Tampoco existe un inventario de materia prima para atender la eventual necesidad de materiales de construcción.

Ayer, durante el primer día de las vistas de transición entre el gobierno saliente de Wanda Vázquez Garced y el gobierno entrante de Pedro Pierluisi Urrutia, el presidente del Comité de Transición Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, alertó sobre la situación y planteó posibles escenarios para atender algunas vertientes del problema a corto plazo.

“En Puerto Rico hay poca mano de obra en el área de la construcción. De los 90 a los 2000, había unas 100,000 personas trabajando en la industria de la construcción. En estos momentos, hay 30,000 nada más. No hay suficiente mano de obra. Podemos tener el dinero pero si no tenemos la mano de obra tenemos una dificultad”, apuntó.

El dilema no es nuevo. Luego del paso del huracán María, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares había anticipado el déficit de obreros de la construcción y aprobó una Orden Ejecutiva que elevó el salario de los obreros de la construcción a $15 por hora. La gobernadora Vázquez Garced suspendió esa directriz.

Esa medida, sin embargo, no sirvió de incentivo para atraer a más personas al oficio de la construcción, aseguró Rivera Cruz, quien aclaró que respondía la pregunta sobre una vuelta al salario de $15 en su carácter personal y no a nombre del Comité de Transición.

“El análisis de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) ha realizado es que no ha tenido impacto real”, afirmó el también alcalde de la Ciudad de los Vaqueros.

“En el municipio de Bayamón nosotros tenemos ahora un problema serio porque no importa lo que le pagues no hay mano de obra en el mercado”, agregó.

Para atender la situación de manera provisional, propuso reclutar “en algunos casos a algún técnico y alguna mano de obra”. Además, argumentó que las propias fuerzas del mercado provocarán que aumente el salario de los obreros de la construcción.

“Tampoco hay suficiente agregado, piedras en distintos tamaños, muchas de las concreteras hoy en día están cerradas. En lo que esas concreteras empiezan a producir nuevamente va tomar un tiempo. Calculo un año, un año y medio”, señaló.

En ese sentido, también recomendó exportar el material por un periodo de seis meses a un año para darle tiempo a las concreteras locales a abrir y estabilizar su producción.

“El nuevo gobierno va a tener que hacer una gestión en Washington para que nos permitan traer agregado, por ejemplo, de islas cercanas para entonces impulsar la construcción”, afirmó.

La deuda y el Cares Act

Durante el primer día de las vistas de transición participó Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, quien ofreció un panorama amplio del estado de la deuda del gobierno y la relación con la Junta de Control Fiscal (JCF). Actualmente Marrero Díaz también funge como el representante del Ejecutivo ante el ente fiscal, pero Pierluisi Urrutia anunció su intención de ocupar el puesto y no designar un intermediario.

Como parte de la presentación del componente fiscal, ofrecieron presentaciones Iris Santos Díaz, la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

“Hay que retomar ese tema para convencer al nuevo miembro de la Junta de que ese negocio es bueno”, respondió Rivera Cruz a preguntas de NotiCel sobre la negociación de la deuda del gobierno central.

El pasado 30 de octubre, el nuevo miembro de la JCF, Justin Peterson, abandonó abruptamente una reunión del cuerpo en la cual se aprobaría un acuerdo para continuar la renegociación, que abarcaba una deuda de $35,000 millones, con los acreedores de Obligaciones Generales de la Isla.

“Sabemos que está detenida la negociación de Prepa (Autoridad de Energía Eléctrico), Pridco (Compañía de Fomento Industrial) y la deuda del gobierno central que esa estaba algo encaminada se detuvo ahora cuando vino el nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal y ya prácticamente tenían negociado esa deuda del gobierno central en $11.9 billones. Eso hubiese representado una reducción de un 86% de esa deuda y pues eso como se quedó en el aire hay que retomarla nuevamente”, comentó Rivera Cruz.

“Hay que avanzar porque una de las complicaciones es que para febrero el Gobierno de Puerto Rico tiene que tener negociado sino entra la juez Taylor a trabajar el asunto y no hay nada mejor que uno renegociar amigablemente la deuda que entrar en un proceso de negociación”, agregó.

La jueza Laura Taylor Swain atiende el proceso de la quiebra gubernamental al amparo de la Ley Promesa.

No solo la deuda y el dinero de la reconstrucción inquieta al equipo de transición. Ayer, Rivera Cruz mencionó que el equipo de transición sigue de cerca el uso de los fondos del Cares Act. La recibió recibió $2,200 millones, pero todavía quedan sin usar $1,200 millones, cuya vigencia expira el 31 de diciembre.

“Se está negociando a nivel federal aunque sea obligarlo no necesariamente gastarlo, pero estamos hablando de una cantidad grande y de posibles alternativas de cómo maximizar el uso de ese dinero que no sea que el gobierno federal decida no hacer una extensión y perdamos parte de ese dinero”, precisó.

Bono de Navidad y empleados de confianza

Pese a que la OGP dijo que el gobierno contaba con el dinero para pagar el bono de Navidad a los empleados públicos, Rivera Cruz consignó sus reservas.

“Nos indicaron que tenían el dinero del bono de Navidad, pero tengo mis dudas de que algunas corporaciones van a poder cumplir con el bono de navidad”, respondió.

Santos Díaz señaló que el gobierno necesitará unos $63 millones para pagar el bono de Navidad a los empleados públicos, pero quedan “$23 millones de eficiencias que es lo que nos faltaría”.

Ese pago no está contemplado en el presupuesto aprobado por la JCF, aunque el gobierno ha insistido en que cumplirá con esa promesa.

“La Junta está dispuesta a permitir una reprogramación de las partidas, como podría ser este gasto (de los empleados de confianza y el pago del bono de Navidad de los empleados públicos”, dijo Raúl Márquez Hernández, secretario de Estado y presidente del Comité de Transición Saliente

Santos Díaz también calculó que el Gobierno necesitará unos $8 millones para pagar las liquidaciones a unos 800 empleados de confianza que dejarán sus puestos cuando termine el cuatrienio. Este estimado preliminar contempla bonificaciones de productividad negociadas por los jefes y jefas de agencias y de corporaciones públicas.

“En realidad es un poco prematuro porque nosotros no sabemos todavía cuántos de esos empleados siguen o no siguen. Pero aproximadamente son 800 empleados… Tan pronto tengamos un número final se lo podemos informar. Todavía no tenemos un listado oficial de todos”, contestó a preguntas de la prensa.

Las vistas de transición se celebran en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce por razones de espacio y para proveer las medidas preventivas que exigen los tiempos del Covid-19. La Ley que rige el proceso asigna un presupuesto de $600,000, que Rivera Cruz insistió que no se excederá.

Las vistas siguen hoy precisamente con la comparecencia del Departamento de Vivienda y COR3 que manejan la mayor parte de los fondos de la recuperación. Mañana miércoles debe comparecer el secretario de Salud, Lorenzo González, quien ha estado a la cabeza del manejo de la pandemia del Covid-19, otra de las prioridades expresas del gobernador electo.