Con perfil bajo, pero trabajo constante, Muldrow tendrá “casa llena” en la fiscalía federal
El jefe de fiscales federales presenta su hoja de trabajo durante el primer año al mando de la oficina en PR.
El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, se mostró ayer orgulloso porque, durante su primer año al frente de la oficina, logró que las investigaciones se reactivaran en medio de la pandemia mucho antes de lo que se reactivaron en otros distritos y aseguró que, por primera vez en años, la oficina local contará con todas sus plazas llenas.
La llegada de Muldrow en 2019 para sustituir a Rosa Emilia Rodríguez Vélez trajo un cambio en la proyección pública de la fiscalía federal. Mientras que Rodríguez Vélez llegó a involucrarse en asuntos públicos al punto de que dijo que creía en la inocencia de la gobernadora Wanda Vázquez Garced cuando la mandataria estaba en medio de una investigación formal, Muldrow ha limitado sus comparecencias y entrevistas casi al mínimo necesario, prefiriendo comunicar en declaraciones escritas lo que bajo su antecesora se comunicaba en “media tours”.
El fiscal llegó a dirigir la oficina en 2019 pero no la desconocía, ya que sirvió aquí como fiscal de línea en el área de crimenes violentos y narcotráfico durante la jefatura de Guillermo Gil Bonar entre 1995 y 2001.
“No anuncio promesas, anuncio resultados”, volvió a recalcar ayer en lo que ha sido una de sus contestaciones estándar cuando se le pregunta por investigaciones pendientes.
Al llegar dijo que iba a revisar todos los procesos en la oficina y ayer precisó que reforzó sus observaciones en febrero con una inspección rutinaria de Evaluación y Revisión de Personal (EARS, por sus siglas en inglés), que realiza la Oficina Ejecutiva de los Fiscales Federales y el resultado fue que “la oficina estaba realizando un trabajo increíble para el pueblo de Puerto Rico”. Destacó que la oficina resalta en cuanto a número de casos que procesan y número de casos por cada fiscal y que, en cuanto a la calidad de las investigaciones, “no hubo ni un caso que yo llegué aquí y dije ‘¡ah!, tenemos que cerrar este caso porque estaba mal hecho’”.
En cuanto a la pandemia, apuntó que con la ayuda del juez presidente, Gustavo Gelpí, la jueza Aida Delgado, y la Secretaria de la Corte, María Antongiorgi Jordán, pudieron retomar la presentación de casos ante gran jurado en mayo cuando todavía hoy hay distritos en los que esa actividad no ha reanudado.
El fiscal detalló algunos cambios y posiciones nuevas que añadió al equipo de la oficina y aseguró que se encamina a comenzar el 2021 con todas las plazas de empleados y contratistas llenas por primera vez en unos 15 años, lo cual significa 64 fiscales activados, incluyéndole. Algunos de los recursos nuevos incluyen ocho fiscales especiales y una posición que se viabilizó con asistencia del Tesoro federal específicamente para atender los Informes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) que las entidades financieras tienen que radicar para alertar al gobierno de actividades fuera de lo común por parte de sus clientes.
Otras áreas en las que presentó logros y planes son:
-Creación de la División de Asuntos Públicos y Enlace con la Comunidad que encargó a la fiscal Jacqueline Novas (quien estuvo destacada unos meses en La Fortaleza) y que da continuidad a unas iniciativas de Rodríguez Vélez, como el trabajo directo en égidas y hogares de ancianos que, durante la pandemia, conllevó la realización de 23,400 pruebas serológicas y 12,967 pruebas moleculares en 657 hogares de 69 municipios. Incluye también contacto de la fiscalía con estudiantes de grados elementales, campañas de prevención y recogido de basura en playas así como la asignación de recursos a entidades gubernamentales y del tercer sector, algunas de las cuales se anunciaron en semanas recientes para atender víctimas de violencia domésticas y ayudar al Instituto de Ciencias Forenses.
-Un “aumento tremendo en las confiscaciones de drogas” medidas en 6,253 kilos de cocaína confiscados en 2019 y un preliminar de 15,680 kilos en 2020, lo que ha conllevado que el precio del kilo en la calle aumente de $21,000 a principios de año a entre $30,000 y $35,000 hoy.
-Litigios financieros de deudas civiles y restitución a víctimas de crimen con saldo de $17.1 millones recuperados.
-La contratación de cuatro fiscales, un analista investigador y un analista financiero para la promoción de casos de delatores de corrupción (“whistleblowers”) que a través del Programa de Reclamaciones Fraudulentas ayudan a recuperar dinero en casos de delitos que se trabajan por la vía civil. El programa fue de recuperar $2 millones en 2018 a recuperar $7.8 millones en 2020.
-Atención a los delitos violentos mediante el arresto de gangas, la renovación del acuerdo con autoridades estatales para procesar a nivel federal algunos casos locales que involucran el uso de armas ilegales, y un enfoque de complementar el procesamiento de casos de violencia doméstica mediante llevarse a la jurisdicción federal a aquellas personas que poseen armas ilegalmente y que “un tribunal local ha determinado que son un peligro para sus parejas”.
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