El exfuncionario, y es representante novoprogresista, enfrenta multa de $20,000.

El exdirector ejecutivo del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1, y también exrepresentante novoprogresista, Héctor Torres Calderón, enfrenta una multa de $20,000 por parte de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por presionar a su grupo de confianza a aportar una cuota para satisfacer una orden de repago que la propia OEG le había impuesto por el nombramiento ilegal en la agencia de la hija de una de sus empleadas de confianza.

Según los hechos en la resolución que la OEG emitió ayer, Torres Calderón autorizó el nombramiento como Telecomunicadora de la hija de una de sus empleadas de confianza sin pedir dispensa a Ética. Como resultado, Ética declaró el nombramiento “nulo ab initio” y le ordenó a Torres Calderón, desde el 15 de septiembre de 2017, “reembolsar, de su peculio… la compensación que se haya otorgado” a la hija de empleada de confianza.

Pero Torres Calderón, en vez de hacerlo de su propio bolsillo, reunió a su equipo de confianza el 15 de noviembre de 2017, despué del huracán María, en una panadería de la Carretera #1 jurisdicción de Caguas, para un almuerzo en el que les planteó lo que había pasado, que quería restituir el dinero ese mismo día y que cada uno del equipo de confianza pagaría una cuota de $460 para cumplir con el repago de $5,959.87 ordenado por Ética.

Torres Calderón hizo creer a su empleada de confianza, la madre de la empleada nombrada ilegalmente, que la restitución la tendría que hacer ella, y luego lo convirtió en un ejercicio de solidaridad de grupo hacia esa empleada. Pero el resultado final fue que, en vez de pagarlo de su propio bolsillo, el repago ocurrió mediante el ‘serrucho’ hecho con los empleados de confianza.

“Todos los empleados de confianza que acudieron al llamado del señor Torres Calderón entregaron el dinero que les requirió. Todos interpretaron que no era opcional. Todos temieron perder sus trabajos”, indica la resolución de la OEG.

El 21 de noviembre, La Fortaleza anunció que Torres Calderón cesaba en el cargo por “razones personales”.

La resolución de la OEG viene después de que le presentaran una querella al exfuncionario el 18 de enero de 2019 y de que se recibieran testimonios en un proceso adjudicativo. La OEG no identifica por nombre a los miembros del equipo de confianza pero incluía a los que sirvieron bajo Torres Calderón como Asesora Legal, Director de Presupuesto y Finanzas, Ayudantes Especiales, Subdirector, Director de Recursos Humanos y otros. Torres Calderón intentó impedir el testimonio de la Asesora Legal porque resulta que también fue su asesora en la Cámara de Representantes y, por lo menos en ese periodo, le prestó servicios también como abogada personal además de como asesora.

Sin ampliar, la resolución dice que, luego del reembolso por el nombramiento ilegal, en una fecha cercana al Día de Acción de Gracias de 2017, uno de los empleados de confianza devolvió a los demás los $460 que cada uno había dado a Torres Calderón para el reembolso.

“Era el querellado quien tenía la obligación de la restitución conforme a la determinación de la agencia. Sin embargo, el querellado se valió de sus facultades como autoridad en la agencia para coaccionar a sus empleados de confianza a que entre todos recaudaran el dinero que éste debía pagar”, indica la resolución. “[A]ún cuando ninguno se negó a dar el dinero, lo cierto es que, por las expresiones del querellado, se sintieron obligados a entregarlo, interpretaron que no tenían otra opción que entregar el dinero y que sus puestos estaban en peligro si no lo hacían”, añade.

El exrepresentante del distrito 12 (Morovis, Manatí, Vega Alta y Vega Baja) fue uno de los que primero endosó al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en su búsqueda de la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y fue uno de los delegados en Puerto Rico del precandidato presidencial republicano, ahora secretario de Vivienda federal, Ben Carson.

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