La investigación preliminar se centra en la concesión de un contrato de relaciones públicas.

El Departamento de Justicia (DJ) decidió solicitarle a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designe a un FEI a la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza M. García Vélez.

Tras un adelanto de NotiCel, el DJ confirmó hoy que ya entregó su referido a la OPFEI.

La investigación preliminar de los fiscales de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor que dirige la fiscal Phoebe Isales Forsythe, inició como parte de la contratación que se le extendió en la CEE a la agencia de relaciones públicas Perfect Partners, después de que la dueña de la agencia y un grupo de sus empledas diera servicios de relaciones públicas, protocolares y prensa a García Vélez de manera gratuita antes de que se le extendiera el contrato.

Al prestar sus servicios gratuitos durante el periodo de confirmación legislativa del nombramiento de García Vélez, así como al organizar y ejecutar la ceremonia de juramentación de la exfuncionaria en 2015, y luego obtener el contrato en la agencia, se pudieron haber violentado varias disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.

Esta investigación preliminar contra García Vélez surge de una querella juramentada que sometió el 26 de diciembre de 2019 el exdirector de la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas de la CEE, José Alvarado Solivan en la que se describe cómo García y el equipo de Perfect Partners desplazó en sus funciones oficiales al equipo de esa oficina de la CEE antes de que García Vélez se convirtiera en presidenta y cómo, luego de juramentar, la funcionaria extendió un contrato de consultoría de $30,000 a Perfect Partners.

Alvarado Solivan tiene pendiente también una demanda federal contra García Vélez y el Gobierno de Puerto Rico en la que alega que fue despedido por motivos discriminatorios. Los trámites de la demanda están en suspenso desde mayo de 2020 por la forma en que la pandemia ha complicado el proceso de descubrimiento de prueba.

Si la OPFEI decide asignar a un fiscal para investigación formal, la misma puede ampliarse según la prueba recopilada y puede producir cargos y procesamiento contra personas privadas, ya que el poder investigativo de la oficina no se limita a los funcionarios públicos, según refrendó recientemente el Tribunal Supremo.

Vea el contrato de Perfect Partners con la CEE aquí.