La agenda gubernamental que queda este cuatrienio, incluye huracanes, investigaciones federales y 43 vacantes judiciales.

Con las primarias ya en el espejo retrovisor, el país enfrenta asuntos urgentes que siguen sobre la mesa y que, igual que antes pudieron estar afectados por luchas intestinas de las primarias, ahora pueden estar afectados por la pérdida de poder político que sufrieron la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el liderato senatorial por su desempeño en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La agenda incluye nombramientos importantes con la Contraloría y 44 en la judicatura (5 Municipales, 32 Primera Instancia y 6 en Apelaciones), adicional a una posición, a lo mejor dos, en el Tribunal Supremo. Además, manejar la pandemia del coronavirus, unas investigaciones federales activas que tienen como objetivo la posibilidad de delitos en la Legislatura, investigaciones contra la Gobernadora, la renovación de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la peor parte de la temporada de huracanes, el mes de septiembre.

Tras la votación del domingo en el PNP no hay indicio alguno aún de que el partido vaya a alcanzar un nivel de unidad que, por ejemplo, permita que los que no salieron favorecidos trabajen para aportar a la victoria del excomisionado residente Pedro Pierluisi y sus candidatos aliados, quienes salieron favorecidos. De hecho, el mismo domingo en la noche un grupo de apoyo a Vázquez Garced en Facebook, que cuenta con el número respetable de unos 8,600 miembros, cambió su nombre a “Wandistas con Charlie” porque “no le daremos un voto a Pierluisi”. Esto en referencia al ganador de la primaria en el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri. La Gobernadora todavía no se ha comunicado con Pierluisi tras perder la primaria y su director de campaña, Jorge Dávila, no aseguró que fuera a votar por Pierluisi en las elecciones generales, indicando que tendría que evaluar los candidatos.

El domingo pasado fue la primera, y única, prueba del poder político real que pudiera tener Vázquez Garced, quien llegó al cargo sin pasar por una elección porque simplemente era la persona en la línea de sucesión tras la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. Y el resultado de la prueba es desolador para la Gobernadora. Vázquez Garced perdió 42% a 58% frente a Pierluisi, sin haber ganado ningún distrito senatorial, solo cuatro municipios y solo 10 de 110 precintos representativos. Uno de sus principales aliados entre los alcaldes, Ángelo Cruz en Ceiba, también perdió por 277 votos.

En cuanto al liderato legislativo, el presidente del Senado, y hasta el domingo presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, quedó en quinto lugar (en una carrera en la que entran seis), con dos senadores aliados de la Gobernadora, Héctor Martínez Maldonado y Evelyn Vázquez Nieves, fuera del cuadro de ganadores. Entre los representantes por acumulación, la única aliada de la Gobernadora que entra en el grupo de seis es Lourdes Ramos, quien ocupa el cuarto lugar de los seis que entran.

La cúpula del Poder Ejecutivo en Puerto Rico, está hoy, no solo sin poder político dominante, sino que también con un vacío de sucesión igual peor que el que se creó cuando explotó el escándalo del chat de Telegram que acabó con la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El secretario de Estado, Elmer Román González, renunció esta semana teniendo todavía pendientes una investigación en el Departamento de Justicia que sería referida al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) y una citación para comparecer la próxima semana en la demanda que sometieron dos entidades sin fines de lucro de un aliado de Pierluisi que fueron canceladas en Estado como parte de una querella que sometió Dávila.

La propia Gobernadora enfrenta ya una investigación por parte de la Oficina del PFEI por posibles violaciones al Código Anticorrupción, a la Ley de Ética y el Código Penal, mientras que lo que tiene pendiente Román González en Justicia es un referido de la Cámara de Representantes por la posibilidad de que haya cometido perjurio en su testimonio legislativo sobre el manejo de los almacenes de suministros de Ponce. En el caso contra la Gobernadora está involucrada también la senadora Vázquez.

Además de los fiscales que investigan a Román González en Justicia, el PFEI asignó al fiscal Rafael Sánchez Hernández para investigar a la exsecretaria de Justicia Dennise Longo Quiñones también por el mismo referido de la Cámara de Representantes ya que, cuando se trata de investigar a un secretario de Justicia, el PFEI es el que hace la investigación preliminar, y no los fiscales de Justicia. La alegación cameral contra la exsecretaria es, igual que con Román González, que cometió perjurio en su testimonio.

Si cada uno de los términos investigativos corren normal, debemos saber si Longo Quiñones podría enfrentar acusaciones criminales antes de que sepamos si los van a enfrentar también Román González y Vázquez Garced. Los términos que están corriendo contra esos tres funcionarios se vencen después de las primarias, pero antes de las elecciones generales. Si en cualquiera de las etapas ocurre una solicitud de tiempo adicional, entonces las conclusiones podrían ocurrir entre fin de año y enero de 2021.

Si ambas investigaciones siguen sus términos al dedillo, en unos tres meses sabremos si la Gobernadora y el exsecretario de Estado se enfrentan, la primera, a acusaciones formales y, el segundo, a una determinación preliminar de que pudo haber cometido delito.

Actualmente, estando la silla de Estado vacía, la tercera posición en orden sucesoral es la secretaría de Justicia, que está ocupada interinamente por la fiscal Inés Carrau Martínez, quien no ha sido nombrada en propiedad por la Gobernadora ni su designación sometida al Senado para aval constitucional. De ocurrir vacantes simultáneas en Gobernación y Estado, y de no estar llena en propiedad la silla de Justicia, el orden sucesoral sigue a la secretaría de Hacienda, ocupada actualmente por una persona que no tiene la edad mínima para asumir la gobernación, y luego a Educación, cuyo secretario, Eligio Hernández, sirve en propiedad y tiene la edad para asumir la gobernación.

A la vez, en la Rama Legislativa, las autoridades federales mantienen un cerco en el Capitolio donde impera la expectativa sobre cuáles serán los próximos legisladores a los que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) podría darles el “pon” que prometía el exjefe de esa oficina en la Isla, Douglas Leff, como ocurrió esta semana con los representantes María Milagros Charbonier y Nelson del Valle Colón, o que sean visitados con órdenes de allanamiento para incautarles sus teléfonos celulares. Tanto Charbonier como Del Valle Colón quedaron fuera de la papeleta del PNP después de las primarias del domingo.

Por otra parte, en el momento histórico de una pandemia en la que el Poder Ejecutivo ha ejercido el poder para coartar libertades sociales y económicas so color de atender la emergencia salubrista, los poderes políticos que están obligados a ejercer funciones de contrapeso, no se han hecho sentir.

La Legislatura no intervino para, como lo hizo después del huracán María, limitar la capacidad del Ejecutivo para ejercer poderes extraordinarios so color de la emergencia.

En la Rama Judicial, hubo una advertencia temprana del juez asociado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Torres sobre la potencial ilegalidad de las órdenes ejecutivas de toque de queda y encierro, pero no ha surgido ninguna otra determinación que le ponga límites a la Gobernadora. Al contrario, avalaron el dictamen ejecutivo de mantener cerrados los gimnasios. El Tribunal Supremo ha rehusado evaluar directamente la impugnación al poder de la Gobernadora para controlar la isla unilateralmente so color de la emergencia, por lo que los pleitos languidecen en tribunales de menor jerarquía cinco meses después de la primera orden de encierro unilateral.

En cuanto a la temporada de huracanes, el Gobierno de Puerto Rico está impugnado en su nivel de preparación mediante una carta de FEMA que crean dudas sobre si la Gobernadora y las agencias de seguridad mintieron sobre su nivel de preparación real.

De hecho, la carta del 14 de julio firmada por el jefe de FEMA para la Región II, Thomas Von Essen, desfila, en un solo documento, prácticas de administración pública que carcomen a más de una agencia gubernamental.

El documento refleja: problemas en las agencias que se presentan a los jefes de agencia pero ni se resuelven ni llegan a La Fortaleza y, si llegan a La Fortaleza, se quedan sin resolver; un liderato distraído en La Fortaleza que no se ha enfocado en áreas cruciales, como la preparación ante desastres naturales; agencias que no tienen a su recurso humano distribuido de manera que les permita cumplir con su misión; empleados en los que se invierte tiempo y dinero para que reciban adiestramiento con el que puedan profesionalizar su desempeño, que entonces los sacan de las áreas, desperdiciando así el adiestramiento y creando la necesidad de repetir el adiestramiento con nuevos empleados; falta de continuidad en los equipos para desarrollar su capacidad; vacantes en posiciones de liderato que tampoco tienen un método de reclutamiento donde el mérito y cualificaciones de los candidatos sea el criterio rector de la asignación del puesto; agencias sin personal capacitado en el área de compras (esto aún después del escándalo de las compras rápidas de COVID-19 en el que una transacción de $38 millones recayó en una oficial de compra que nunca había manejado una transacción de esa índole ni tenía experiencia en compras); falta de mecanismos de resguardo (“back-up”), aún después de tres años del paso de María y de los millones disponibles para mejorar la capacidad de respuesta; informalidad en preparativos que deben constar por escrito y estar sujetos a verificación antes de que tengan que usarse en medio de una emergencia; falta de visión para desarrollar planes de continuidad más allá de la actual temporada de huracanes; asignación de capas y capas de jefes que burocratizan en vez de simplificar los procesos; e incapacidad para usar, asignar y gerenciar fondos federales que están disponibles y es como si no lo estuvieran porque no saben manejarlos.