El programa de ayuda gubernamental se mueve a paso lento.

Un baño y un cuarto es lo que queda del hogar de Alexandra Camacho Quiñones en las parcelas Amalia Marín del barrio Playa de Ponce. Su casa se destrozó hace tres años tras el huracán María, y mientras el tiempo pasa, la desesperación de no tener una nueva vivienda para ella y su familia de tres, la invade.

Lleva un año esperando que el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda (DV) comience la reconstrucción de su casa. “Yo me mantengo llamando cada dos semanas, con la misma desesperación”, aseguró.

Recuerda que desde octubre del año pasado se comunicó con el programa R3.

“Yo los llamé desesperada diciendo que yo no tenía toldo azul, que se había roto y que yo no tenía cómo ponerlo porque en la casa no tenía a nadie que se trepara, porque se iban a caer, porque el techo estaba roto por la mitad y las alfajías estaban todas rotas. El huracán rompió todas las alfajías, lo que aguanta el techo, y ellos me dijeron: ‘sí vamos a ir a llevarte otro toldo’, y nunca fueron”, aseguró.

Camacho Quiñones está cansada de la información imprecisa y cambiante que le dan cada vez que llama para saber sobre el estatus de su casa. Dice que nunca ha recibido una notificación formal con información sobre su caso.

“Ellos no hacen nada porque duermen bien”, dijo frustrada, refiriéndose a los empleados de Gobierno.

Hace un mes, le decían que los resultados de la prueba de plomo requerida por R3 estaba lista, y que faltaba solo la visita de un carpintero para que dé “el último visto bueno”.

Hace una semana, le dijeron nuevamente que todo estaba aprobado y listo, incluyendo una prueba ambiental que es requisito del programa. Ese mismo día, decidió comunicarse otra vez, pero a un número telefónico diferente, y para su sorpresa le dijeron que le faltaba la visita del tasador y la prueba ambiental.

Camacho Quiñones les advirtió que cuando el carpintero vaya no encontrará lo mismo que habían visto en las inspecciones iniciales, ya que, cansado de esperar, su esposo, Melvin Hernández, ha ido derrumbando poco a poco la casa. Incluso, Hernández comenzó a hacer un piso para construir, por su cuenta, una nueva casa en el terreno con donaciones de dinero y materiales que han recibido tras dar a conocer su situación en las redes sociales.

Sin embargo, el dinero no les alcanza para la construcción.

“Ahora mismo tiramos el piso, pero el trabajo se estanca, porque sin dinero, sin ayuda, no podemos hacer nada”, lamentó.

“Tendré que con el tiempo empezar la casa yo como sea, con cuatro paredes, como sean. Ya está el piso. Pensábamos tirar el piso, sacar la madera que estuviera bastante buena y hacer un cuarto grande, y nos metíamos todos ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando tumbamos, la madera se pudrió. Allí no se pudo guardar nada”, agregó.

Recientemente, derrumbaron la cocina para dejar el área sin escombros que pudieran representar un riesgo con la tormenta Isaías.

A pesar de las condiciones en que el huracán dejó la vivienda y el deterioro del toldo azul, la familia estuvo viviendo en la casa en ruinas hasta enero de este año, cuando se vieron forzados a mudarse debido a los terremotos que afectaron principalmente la región sur de la Isla.

Damnificados pagan por un techo ante la lentitud del proceso

La Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) le pagó a Alexandra y su familia tres meses de renta tras los terremotos. Pasados esos tres meses, la ayuda le fue denegada y tuvo que apelar. Recientemente le notificaron que le aprobaron el reembolso de pago de renta hasta el mes de julio. Ahora tendrá que volver a hacer las gestiones para una extensión de la ayuda para los próximos meses. Mientras evalúan el caso, tiene que seguir pagando la renta nuevamente con su dinero.

Cuando se comunicó con FEMA, le recalcaron que la ayuda es provisional y debe buscar alternativas por su cuenta.

La familia no ha solicitado programa de Sección 8 de vivienda subsidiada porque, luego de consultar con el Departamento de la Vivienda, la agencia les recomendó que no lo hicieran porque podrían perder la ayuda de R3, la “que ya estaba adelantada”.

Camacho Quiñones hubiera preferido ser reubicada en lugar de que se reconstruyera su casa, ya que las parcelas donde ubica están en zona inundable. Ella no entiende cómo se aprobó una reconstrucción en esa zona, pues la agencia ha insistido en que no reconstruirá en zona inundable.

“Allí todo el mundo sabe que la Playa de Ponce es zona inundable, de pérdidas cada vez que viene un mal tiempo. Pero como ellos me dijeron: ‘te aprobaron para reconstrucción’, yo dije: ‘bueno, pues ellos sabrán’”, manifestó.

Su madre y hermana, quienes eran sus vecinas, también solicitaron al R3 desde hace un año, pero no han recibido la visita de los inspectores, que sería el primer paso para que evaluaran los daños. Actualmente ambas viven con Alexandra en la casa rentada, ya que la vivienda donde vivían madre e hija está inhabitable.

La salud emocional de la familia Camacho se ha visto afectada con la pérdida de sus casas. “Mi madre siempre ha sido depresiva, pero del huracán para acá ha ido para atrás”, mencionó Alexandra.

Según información enviada al CPI por el DV, el caso de Alexandra fue referido al Programa de Autorización de Título, a pesar de que ella asegura tener el título de propiedad de su residencia.

El caso de su madre, Esmeralda Quiñones, se encuentra en proceso de determinar la elegibilidad al programa.

Los municipios como intermediarios

El secretario de la Vivienda, Luis Fernández Trichet, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que no recuerda que el municipio de Ponce haya requerido información sobre el caso de Alexandra Camacho Quiñones. Según explicó, usualmente los ayuntamientos, ante casos como este, son quienes se comunican con el Departamento para solicitar el estatus de los mismos.

“Hay dos personas que están asignados para lidiar con los municipios y usualmente se atienden inmediatamente y se le avisa a las personas cuál es el estatus del caso”, expresó.

También, sostuvo que si el caso está adelantado o próximo a la reconstrucción, “no tiene sentido que solicite a Sección 8”.

“Hay que verificar si el caso de ella amerita mudarla, porque si amerita mudarla, el mismo programa, una vez comience la reparación de la casa, le paga la mudanza si ella no tiene adónde ir”, sostuvo.

Fernández Trinchet defendió el programa R3, asegurando que hay más de 600 casas que están en reparación o reconstrucción. “Se han terminado 44 viviendas en el programa y vamos con el paso que habíamos mencionado de tener 300 viviendas más en reparación o reconstrucción mensualmente”, agregó.

Indicó que solo han recibido uno que otro caso como el de Alexandra, los que acceden al programa de Sección 8 o de Sección 9 (vivienda pública) mientras comienzan los trabajos de R3.

“No estoy encontrando una avalancha de casos que estén llamando diariamente”, aseguró.

A paso lento

Según datos del DV hasta el 11 de agosto, 26,995 personas solicitaron al programa R3, de las que al momento 6,052 han resultado elegibles. De esta cantidad, 266 se encuentran en proceso de preconstrucción, 316 en construcción, y 45 han sido completadas para un total de 627 casos a los que les fue asignado el dinero.

El Secretario de Vivienda indicó que del total de las solicitudes al programa R3, 2,641 son de casas que tienen toldos azules todavía. Explicó que darán prioridad a las solicitudes de personas con daño sustancial donde hay toldos azules, de edad avanzada y con discapacidades.

Tras las críticas a la lentitud del programa, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo en el Mensaje sobre la Situación de Estado y Presupuesto del Gobierno el 18 de julio, que “las excusas sobraban y eran inaceptables”, refiriéndose a la gestión del anterior secretario de esta agencia, Fernando Gil Enseñat, y que le había ordenado al nuevo Secretario de la Vivienda que pusiera en “marcha rápidamente, la construcción y reconstrucción de viviendas afectadas por los huracanes Irma y María”.

“Estos proyectos al fin comenzarán y hoy les anuncio que…estaremos comenzando a trabajar en 300 a 400 unidades de vivienda mensualmente alrededor de todo Puerto Rico, hasta cumplir con nuestro cometido”, agregó la Gobernadora.

Sin embargo, el Secretario de la Vivienda aclaró lo dicho por la Gobernadora: “Aquí no estamos hablando de que van a haber 300 a 400 casas terminadas cada mes. No hay forma de que eso ocurra porque cada vivienda es un universo distinto. Hay viviendas que a lo mejor en tres semanas ya están listas…. Pero hay casas que van a tardar tres o cuatro meses en terminarse por la naturaleza de la casa”.

Cambios a las guías del programa

Según la organización Ayuda Legal, las enmiendas a la Guía del programa R3 penalizan a los solicitantes que invirtieron su dinero en reparaciones durante el tiempo que han estado esperando por la ayuda.

Una enmienda reciente a la Guía establece que “construcciones informales que se hayan comenzando no serán terminadas por el programa, pero cualificarían para reconstrucción o reubicación”. Esto significa que la inversión que hicieron los solicitantes por la necesidad que tenían no le será reembolsada por el programa, según explicaron las licenciadas Ariadna Godreau y Paula Fournier, de Ayuda Legal.

Godreau aseguró que ante la lentitud del programa y la falta de información de cómo van sus casos, la gente, frustrada, va tratando de conseguir opciones.

El Secretario confirmó al CPI que los participantes del programa que inviertan en arreglos a sus casas se arriesgan a que le descuenten la cantidad invertida y que el arreglo no cumpla con los requisitos del Código de Construcción.

“Eso va a ser una pérdida de dinero y de tiempo”, advirtió.

Además, recomendó que “busquen opciones de vivienda con la agencia y con los municipios si la misma está maltrecha antes de comenzar a invertir”.

Fournier dijo que para que se dé una recuperación justa, es importante tomar en consideración los deseos de las personas y las comunidades.

Ambas abogadas recomendaron a las personas que no están conformes con la determinación de R3 a pedir una reconsideración.

El CPI tuvo conocimiento de al menos dos casos donde los solicitantes no estuvieron satisfechos con la decisión del programa de reconstruir las viviendas, ya que solo les interesaba la reparación.

El equipo de Ayuda Legal denunció la falta de un plan de vivienda transitoria para quienes siguen en espera de R3, como es el caso de Camacho Quiñones y del matrimonio de Reinaldo Gómez y Silvia Soto, quienes han tenido que sacar de su dinero para pagar viviendas de alquiler.

Gómez y Soto recibieron en julio la visita de la Gobernadora y del Secretario de la Vivienda, quienes fueron, con la prensa, al barrio Ceiba Sur de Juncos a inspeccionar los trabajos de reconstrucción de su vivienda por medio de R3.

En una aparte con el CPI, aseguraron que luego de que el huracán María los dejó sin casa no recibieron ninguna asistencia, ni del Gobierno de Puerto Rico ni del municipio de Juncos, para pagar la renta de la casa a la que se tuvieron que mudar. Gómez indicó que la pagaba con su ingreso de Seguro Social. No fue hasta que la iglesia a la que asisten los ayudó a acondicionar una estructura que quedó en pie en el terreno de su casa, que pudieron mudarse de nuevo y dejar de pagar renta.

El mismo día de la visita de la Gobernadora, la pareja fue reubicada en una casa donde no pagan renta, hasta que la construcción termine.

Fernández Trinchet afirmó al CPI que el programa no permite que la persona escoja qué tipo de ayuda es la que necesita porque es un ingeniero o arquitecto, quien establece qué tipo de arreglo necesita la vivienda luego de evaluarla.

“El concepto del programa es de vivienda a largo plazo, no es cuestión de: “arréglame las ventanas y nada más”, comentó.

Dijo que el DV tiene que cumplir con lo que la reglamentación federal le pide al programa.

“Lamentablemente o te hacemos el arreglo de la casa que puede ser o más sencillo o más complejo, pero no podemos escoger entre ‘pónme el gabinete, no me arregles el baño’. Ese tipo de cosas no existen en este programa”, sentenció el funcionario.

Sobre mudar a los solicitantes de R3 a viviendas transitorias, dijo que solo se puede mover a las personas cuando se determine qué tipo de arreglo necesita la vivienda. Sin embargo, en el caso de Alexandra Camacho Quiñones, en el cual ya se determinó cuáles serían los arreglos, la agencia aún no le ha ofrecido la alternativa de la mudanza.

Posible la mitigación

Debido al reclamo de algunas comunidades, Fernández Trinchet aseguró que la agencia estará evaluando casos donde se puedan emplear medidas que puedan hacer más seguras las viviendas o comunidades para así evitar las reubicaciones.

Las Guías del programa R3 establecen que las viviendas que tuvieron daños sustanciales y que se ubican en zona inundable sólo serán elegibles para la reubicación.

Añadió que la mitigación solo será posible en casos de viviendas donde sea costo efectivo para el programa R3, igual como se establecía desde la incumbencia del pasado secretario Gil Enseñat.

“Si cuando se analiza el tema de mitigación en una comunidad, resulta que con $150 mil se puede resolver la mitigación de cada unidad, ya eso es algo que se puede. Pero el concepto de mitigación a nivel comunitario ya conlleva un análisis mucho más abarcador y mucho más profundo, y lo que no queremos es atrasar a las personas en programa que no necesitan una mitigación”, explicó.

Indicó que a las personas que prefieren mitigación a nivel de comunidad, le estarán conservando su turno en R3. “Posiblemente se ataje con el programa de los fondos de mitigación y obviamente va a depender de cuánto cuesta mitigar por unidad una comunidad”, agregó.

Godreau sostuvo que la reubicación solo estará disponible para aquellos solicitantes que tienen el título de propiedad de su vivienda al momento de solicitar o para los que automáticamente entran al Programa de Autorización de Títulos del DV, que brinda asistencia para que los participantes obtengan los títulos. Pero explicó que el estar bajo este programa no garantiza que le darán el título al solicitante, por lo que la persona se podría quedar sin la ayuda del programa R3.

“La persona queda en un limbo que se puede extender hasta 360 días, para entonces regresar al programa R3 y que pueda tener una determinación [de Vivienda]”, indicó la licenciada.