La medida permite que empleados públicos se retiren de forma incentivada antes de alcanzar la edad de retiro, manteniendo una pensión equivalente al 50% de su salario más alto.

La posibilidad de una nueva ventana de retiro para empleados públicos está a la espera de que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, la convierta en ley, pese a que la Junta de Control Fiscal (JCF) se opone a que se haga realidad.

El proyecto de ley, codificado bajo el Proyecto del Senado (PS) 1616, permite que empleados elegibles del Gobierno de Puerto Rico puedan, voluntariamente, separarse de forma incentivada de su empleo antes de alcanzar la edad de retiro, al ofrecer una pensión de retiro vitalicia equivalente al 50 por ciento de la retribución equivalente al salario bruto más alto recibido en los tres años previos al momento de acogerse al programa. De la misma forma, ofrece una aportación mensual de $100 al plan médico hasta que el participante cumpla los 62 años de edad.

Basado en los cálculos de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda del Senado, la medida —aprobado por ambos cuerpos legislativos justo al final de la sesión— podría aplicarle a más de 40,000 empleados públicos.

De acuerdo a la JCF, aunque la medida busca mejorar los beneficios de jubilación para ciertos empleados, su ejecución redundaría en serios y graves aumentos de costos a largo plazo.

“El servidor público que honra el nombre de lo que es un servidor público se merece un retiro digno y estamos trabajando todos unidos para que esas pensiones no se vean mermadas ya más, porque el costo de vida sigue aumentando y la vida se pone más difícil y es triste que después de tantos años de servicio vivan en la negligencia. No es lo que nosotros querríamos, que nos devolvieran el derecho en cien por ciento, pero con la situación fiscal pues esperamos que por lo menos que la Gobernadora lo convierta en ley”, explicó Enilda Mundo Flores, presidenta del Movimiento 447, Inc.

Mundo Flores representa a los empleados públicos bajo la Ley 447 de 1951, que están cobijados bajo el PS 1616 junto a los empleados públicos de la Ley 1 de 1990.

La portavoz vio con buenos ojos que el proyecto de ley no le requiera a los participantes una edad específica para acogerse al programa, además de que concluye al menos siete años de batalla por los derechos de los empleados públicos.

Resistencia de las agencias

Durante las seis vistas públicas celebradas para estudiar la viabilidad del proyecto, las Comisiones de Gobierno y de Hacienda del Senado se enfrentaron a la resistencia por parte de las agencias públicas.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) se opuso a la creación de un nuevo programa, no solo porque incidía directamente en las proyecciones utilizadas para confeccionar planes fiscales y presupuestos, sino porque ya se había establecido un programa de este tipo mediante la Ley 106 de 2017.

Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no ofreció estimados sobre el impacto que tendría el PS 1616 al citar que la medida no había sido aprobada, por tanto, la agencia desconocía su impacto fiscal.

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), por otro lado, citó que “cualquier cambio en la estructura de beneficios que conlleve un aumento en el importe de la anualidad u otros beneficios deberá estar sustentado con estudios actuariales previos donde se determine su costo y la legislación correspondiente proveerá su financiamiento”, amparándose en la Ley 447.

Mientras, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos le pasó la papa caliente a OGP, AAFAF, OATRH, los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura y al Departamento de Hacienda.

“Todo gobierno serio, comprometido, sensible, debe procurar el bienestar de su gente. Dentro del bienestar de su gente, debemos permitir el retiro digno”, exclamó el senador Carlos Rodríguez Mateo. La medida fue presentada por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), de la cual forma parte.

Rodríguez Mateo rindió junto a la senadora Migdalia Padilla Alvelo un informe positivo sobre el PS 1616, en el que resumieron que la medida representaría una alternativa razonable de ahorro significativo para la nómina del Gobierno de Puerto Rico.

La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la medida luego de introducir una serie de enmiendas en un comité de conferencia justo antes de finalizar la sesión en junio.

Esta no es la primera vez que el gobierno muestra rebeldía para hacer valer estos reclamos.

Desde hace al menos cinco años el gobierno mantenía en suspenso a miles de empleados que deseaban retirarse bajo los programas de preretiro voluntario disponibles, como la Ley 211 de 2015. Ese estatuto permitía que empleados de 61 años de edad pudieran jubilarse voluntariamente con una pensión equivalente al 60% de su retribución promedio.

Aunque esta medida fue derogada por la Ley 106 de 2017 de Ricardo Rosselló Nevares, el reemplazo garantizaba todos los derechos y obligaciones para aquellos que iniciaron el proceso de preretiro antes de anularse el estatuto.

Según Mundo Flores, no fue hasta el 2019 que salió el último grupo bajo el estatuto. “A algunos les tomó más tiempo que a otros”, exclamó la portavoz.

Ante el reclamo de los empleados públicos a inicios de cuatrienio, el tema alcanzó el radar del Senado en el 2017 con la radicación de las resoluciones 252 y 570 de la senadora Padilla Alvelo y el ahora exsenador Larry Seilhamer Rodríguez a tres meses de haber tomado posesión. Ambos buscaban conocer más sobre los ahorros alcanzados por las entidades gubernamentales y municipios con la puesta en vigor de este tipo de programas.

En ese entonces, empleados públicos que acudieron a vistas públicas del Senado subrayaron que el incumplimiento se trataba de una falta de voluntad de las agencias públicas. Esa observación fue reforzada luego de que OGP no revisara —como se le ordenó por ley— las solicitudes para acogerse a este programa en un período de 30 días.

El plazo predispuesto no se cumplió en su totalidad, pues todavía en mayo 2019 se desconocían las fechas y los recursos económicos —como las liquidaciones— que recibirían los empleados, de serles aprobada la petición. El dinero, además, debía ser considerado para el presupuesto del próximo año fiscal, que estaba en discusión en esos días.

Cuando NotiCel abordó a la JCF sobre el asunto en ese entonces, ya que se trataba de una medida económica con impacto directo en la nómina y en la cantidad de empleados disponibles en las agencias, la entidad financiera carecía de información al respecto y no había recibido documentación pertinente por parte del gobierno.

La ventana de retiro actual, que aguarda la firma de Vázquez Garced, no sería aplicable a participantes de otros sistemas de retiro independientes, como maestros, jueces y empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.