Pese a las reacciones de la Gobernadora y sus portavoces, las circunstancias de su encuentro con el empresario que entregó el lujoso vehículo a su esposo y la adquisición del mismo todavía se desconocen.

Hubo “tristeza”, reacciones políticas, reclamos de privacidad, y afirmaciones que provocaron más preguntas, pero lo que no hubo ayer de parte de la Gobernadora y La Fortaleza fue evidencia que demostrara que “no se hizo nada que estuviera fuera del marco jurídico” cuando la Mandataria accedió a reunirse con el ejecutivo que le había entregado a su esposo un lujoso BMW en una transacción rodeada de dudas.

NotiCel reveló ayer unos mensajes de audio en los que el vendedor Vicente Vázquez Jr., del concesionario V Garage LLC, indica que el esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el juez de primera instancia Jorge L. Díaz Reverón, mantuvo un “compromiso” que tenía con él para hacer una transacción en la que recibiría un BMW M4 GTS 2016, un modelo con aditamentos de carrera de los cuales solo 300 estarían disponibles para el mercado de Estados Unidos. Fotos del propio Vázquez evidencian que el vehículo se le entregó al juez el 14 de marzo, día antes de la primera Orden Ejecutiva de toque de queda por COVID-19, en el Bahía Beach Resort & Golf Club en Río Grande. En otras grabaciones, Vázquez confirma que luego de esto se reunió con la Gobernadora para cabildear tres puntos de interés para la industria de autos: reapertura de concesionarios, un proyecto de ley que traería un alivio en el pago de arbitrios y el “support” del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para las transacciones de venta.

Al final del día, ni Vázquez Garced, ni su jefe de campaña, Jorge Dávila, ni el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, produjeron nada para establecer: a) si el juez completó trámites de financiamiento y de seguro antes de que se le pusiera el vehículo en las manos, b) cómo fue que Vázquez canalizó su pedido para lograr la reunión con la Gobernadora, c) qué se discutió en la reunión y d) qué acciones tomó el gobierno después de la reunión con relación a lo allí discutido.

Vea: Entregó lujoso BMW a esposo de la Gobernadora y luego se reunió con ella para cabildear

Tras la publicación, fuentes de NotiCel confirmaron que Díaz Reverón intentó hacer una gestión de financiamiento con un contacto muy cercano que tiene en el Banco Popular después de que su esposa ordenó el encierro que mantuvo sin operar a los sectores públicos y privados por meses, excepto aquellos “esenciales” que no incluían los financiamientos ya que esa actividad se vino a reanudar el 4 de mayo. Una portavoz del Banco Popular se limitó a indicar que no podían dar detalles porque la ley no les permite discutir información “de un cliente”.

Los primeros en ofrecer reacción ayer fueron Dávila y Soto, quienes coincidieron en enfatizar que lo que ocurrió no fue una venta sino un “trade-in” mediante el cual el juez obtuvo un carro “del mismo modelo un año más adelantado, eso fue todo”, como dijo Dávila en Nación Z, y “es un año de diferencia lo que cambia: de 2015 y se trae uno de 2016”, como dijo Soto.

Los datos, sin embargo, desmienten esta versión porque la manufacturera BMW comenzó a producir el M4 GTS el mismo año 2016. Antes del 2016 el vehículo no estaba disponible para la venta y, de hecho, fue presentado como un “concepto” en agosto de 2015 en un evento automotriz en California, por lo que no existe un modelo M4 GTS de 2015 que el juez pudiera cambiar por un modelo de 2016. Aún ocurriendo un “trade-in” de otro modelo, ese tipo de transacción no necesariamente implica que el comprador no tiene que pagar o financiar nada. Al contrario, lo común es que un “trade-in” se use para reducir, pero no eliminar, el pago que se hace por el vehículo que se adquiere en el intercambio.

El Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA) indicó en un comunicado el 10 de mayo que, desde el toque de queda el 15 de marzo a ese punto, solo habían vendido 280 unidades a entidades exentas “y unidades que no se pudieron registrar en marzo debido al ‘lockdown’ repentino”, confirmando que no hubo transacciones en por lo menos dos meses que no fueran las que se habían hecho antes del toque de queda pero que no habían podido ser registradas.

Soto explicó la reunión entre Vázquez y la mandataria diciendo que “[s]é que se dio una reunión con el 'Task Force' Económico. Ahí estuvieron diversos comerciantes de ‘dealers’ de autos”, mientras que Dávila señaló que “fueron muchos los grupos que se reunieron con la gobernadora para solicitar que hubiera una reapertura”. Ninguno de los dos explica cómo llegó Vázquez a estar frente a la Gobernadora y, además, las afirmaciones presentan el problema de que los representantes de la industria automotriz en el “Task Force” Económico fueron dos: la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Puerto Rico, Inc. (PRADA, por sus siglas en inglés) y GUIA, ninguno de los cuales tiene a Vázquez o V Garage LLC en su membresía. El audio de Vázquez tampoco enmarca la reunión en los trabajos del “Task Force" Económico sino que dice que las personas que estuvieron con él en la reunión fueron solo Kenneth Cabrera, de Cabrera Car Rental, y Manuel Portalatín, otros dos dueños de concesionarios.

Cabrera, quien es amigo cercano del director de campaña de Dávila y su director de avanzada, Aldo Rodríguez, confirmó a NotiCel que la reunión se realizó como indica Vázquez en el audio y que la transacción fue una venta, no un traspaso.

Soto y Dávila coincidieron otra vez al enfatizar que se trataba de una transacción “privada” del esposo de la Gobernadora y el funcionario de Fortaleza añadió que “la transacción de ese vehículo ya había sido consumada para los efectos de la entrega de la cosa”. “Cuando se entrega la cosa, es que se consuma la transacción, así que eso ocurrió el día 14 de marzo”, añadió. Pero, la grabación de Vázquez de lo que habla es que Díaz Reverón hizo un “compromiso” con él semana y media antes de que comenzara el toque de queda y que el acto de recibir el vehículo el 14 fue para “cumplir su palabra”, por lo que el propio vendedor confirma que a la fecha de entrega del vehículo, el juez todavía se podía retractar, no que ya estaba obligado por una transacción para la cual lo único que faltaba era que le entregaran el carro. Es luego del 14 que, según fuentes de NotiCel, el juez recurre a un contacto en Banco Popular para tratar de tramitar el financiamiento aún en medio del toque de queda y la prohibición de operación.

Finalmente, en la tarde, Vázquez Garced abordó preguntas del tema para decir que estaba “muy triste” por lo que llamó un ataque a su familia. Tal y como hizo ante las primeras informaciones sobre irregularidades en las compras de pruebas rápidas de COVID-19, afirmó, sin mostrar evidencia que la sustente, que “en esa compra (del BMW) se siguieron todas las regulaciones y toda la ley, allí no se hizo nada que estuviera fuera del marco jurídico”.

Díaz Reverón comunicó, a través de un portavoz de la Rama Judicial, que no contestaría preguntas ni haría expresiones sobre los hechos.

No aparece el secretario que pusieron a correr en la reunión

Según una de las grabaciones que Vázquez envió a otros dueños de concesionarios, “allí mismo (en la reunión con la Gobernadora en La Fortaleza) el secretario llamó, hicieron un revolú, pusieron a todo el mundo a correr con el tema para que nosotros podamos abrir con el support del DTOP”.

NotiCel llamó a tres secretarios que podrían manejar los temas que presentó Vázquez en la reunión, Carlos Contreras Aponte del DTOP, Francisco Parés de Hacienda y Manuel Laboy de Desarrollo Económico, y los tres se desvincularon del episodio.

Laboy dijo en declaraciones escritas que “no es la autoridad con competencia para ordenar la reanudación de operaciones de agencias del Gobierno”, por lo que desconoce a qué se refiere el audio.

Parés respondió que no estuvo en la reunión ni recuerda comunicación de La Fortaleza sobre el proyecto de arbitrios que maneja la Asamblea Legislativa, el cual la Junta de Control Fiscal ya rechazó, pero que está listo para hacerle una recomendación a la Gobernadora en la eventualidad de que sea aprobado y llegue al escritorio de la Mandataria. Parés insistió en que la legislación tendría que reflejar “neutralidad fiscal”, o lo mismo que explicar de dónde se van a recuperar los ingresos que se dejarían de recibir por una reducción en el pago de arbitrios, pero que no puede adelantar su conclusión porque depende del lenguaje final que le pongan los legisladores. Ante el rechazo de la Junta, argumentó que hay una discusión que se puede tener con el ente fiscal en la medida en que la reducción sea solo temporera.

Consignó que el proyecto de suspender temporeramente el cobro de arbitrios en vehículos no se originó en su agencia.

Contreras Aponte aseguró que no participó de esa reunión celebrada en la Fortaleza a mediados de mayo y en medio de la pandemia del COVID-19. Señaló que han sido escasos los encuentros que ha sostenido con la Mandataria durante el encierro provocado por la crisis de salud pública y que ninguno ha sido para tratar el tema de reapertura de "dealers".

La única excepción que Contreras Aponte mencionó como la única relación que su agencia ha tenido con los "dealers" ha sido para la entrega de documentos necesarios para el proceso de inspección.

"Una vez abrieron las estaciones oficiales de inspección, ellos (dueños de dealers) se comunicaban con nosotros y como los CESCO no estaban operando, se le suplían los materiales que ellos requerían, como documentos para seleccionar la compañía de seguro compulsorio, marbetes y tablillas", contó.

Contreras Aponte alegó que desconoce por qué un dueño de "dealer" presionó a la Gobernadora para que dicho sector recibiera el "support" de los Centros de Servicios Al Conductor (CESCO), cuando desde diciembre miembros de esa industria tienen acceso a una plataforma digital para realizar los trámites a distancia. "El portal estuvo trabajando durante toda la pandemia", expresó sobre la página habilitada por el DTOP, portaldevehiculos.com.