Las querellas sobre mal uso de las redes sociales son la mayoría y prevalecen los alcaldes como los candidatos con más querellas.

La Junta Examinadora de Anuncios (JEA) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene ante su consideración 82 querellas por alegadas violaciones a la veda electoral, entre las que se encuentran alrededor de cuatro sometidas contra la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y varios alcaldes.

En su mayoría, las querellas tienen que ver con el uso de las redes sociales y contrastan con la resolución firmada por la propia Vázquez Garced, que permite la violación de la veda electoral durante la pandemia del coronavirus COVID-19.

La Gobernadora firmó a finales de abril la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 657, que permite la publicación y difusión de anuncios de orientación a la ciudadanía sobre el COVID-19, asuntos de salud y de seguridad pública sin la autorización previa de la CEE y sin la obligación de notificarle a la agencia de forma posterior.

“Ella se auto inmunizó con la firma [de la Resolución Conjunta]”, declaró el examinador del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo de Jesús Annoni.

La medida cubre desde el 15 de marzo de 2020, día en que comenzó el estado de emergencia, hasta que finalice la emergencia y la Gobernadora levante ese decreto.

“Solo tres o cuatro tienen que ver con la Gobernadora. La inmensa mayoría de las otras son querellas a los alcaldes y los municipios. Estas cosas cambian cada cuatrienio. Hace dos cuatrienios, la diseminación de ideas en Facebook, Twitter, Instagram y redes sociales estaba empezando. El cuatrienio pasado cogió fuerza y ahora se está revelando. La inmensa mayoría son por publicaciones en las redes sociales”, aseguró el examinador del PPD.

La veda electoral prohíbe que se utilicen fondos públicos con el propósito de realzar la imagen de un funcionario público —electo o no electo, o sea, jefes de agencia— o la obra de una administración durante el año electoral. La restricción, para la cual se pueden imponer multas de hasta $25,000, supone durar hasta el día después de las elecciones.

Las prohibiciones incluyen comprar tiempo y espacio en los medios de comunicación, distribución de materiales propagandísticos o promocionales, fotografías y videos en las redes sociales, entre otros.

Las disposiciones vigentes fueron aprobadas por la CEE en diciembre de 2019, mediante el “Reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública del Gobierno”, según se establece en el Código Electoral de Puerto Rico.

Una de las querellas contra Vázquez Garced fue radicada por el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, quien señaló que la Primera Ejecutiva, también precandidata a la Gobernación, difundió en su perfil de Twitter una fotografía para notificar, junto al Secretario del Departamento de Educación, la entrega de un incentivo de $1,000 a 1,453 estudiantes de excelencia académica.

En abril, se presentaron dos querellas contra la Gobernadora, tanto por el PIP como el PPD, por el mensaje especial que fue difundido a través de las ondas radiales y la televisora del Estado, WIPR. Semanas antes, se le cuestionó por el material colgado en la página oficial de La Fortaleza y un vídeo en Twitter en el que habló de su gestión en cuanto a los terremotos en la zona sur.

Debido a la emergencia, la JEA se dispone a definir cuántos de esos señalamientos pueden ser resueltos por escrito y cuáles requieren vistas administrativas o procesos más rigurosos, que a su vez conllevarían una adaptación a los requerimientos de distanciamiento de la emergencia.