La licenciada Karla Mercado Rivera pasa ahora a la evaluación del Senado, donde se espera un informe positivo, mientras se cuestiona el trámite acelerado de aprobación y sin vistas públicas en la Cámara.

La autoridad sobre todas las compras del Gobierno de Puerto Rico en los próximos 10 años está a solo una votación en el Senado de recaer en manos de la subadministradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), cuyo nombramiento se tramitó en sólo 10 días, sin vistas públicas, sin debate legislativo, y sin que su expediente de servicio estuviera disponible para examen público.

Karla Gabriela Mercado Rivera lleva menos de dos años en la agencia, por lo que ayer fue cuestionada su capacidad y experiencia para dirigir la ASG por los legisladores del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos y Carlos Bianchi.

NotiCel supo que se espera un informe positivo para la nominada en el Senado, cuerpo que pudiera estar evaluando su nombramiento el martes que viene.

Mercado Rivera además fue mencionada cuando el 4 de abril de 2020 el licenciado Juan Maldonado de Jesús le escribió al dueño de Apex General Contractors, Robert Rodríguez López en la filtración de una serie mensajes de textos relacionados con la fallida transacción de $38 millones por un millón de pruebas rápidas para la detección del COVID-19.

Ese mismo 4 de abril, cuando ya el banco había detenido la transferencia y dos días después de que el Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastre (NMEAD) le cursara una carta cancelando la orden, Maldonado de Jesús le dijo a Rodríguez López: “Robert: enviale el documento del wire a Karla.mercado@asg.pr.gov”.

El nombre de Mercado Rivera no aparece en los documentos de la ASG relacionados a la compra que se han hecho públicos, pero fue la persona a la que, según los intercambios de texto, recurrieron los ejecutivos de Apex durante el trámite de la cuestionable transacción que es objeto de investigaciones federales y estatales.

NotiCel solicitó a Mercado Rivera, desde el 21 de mayo, directamente y a través del contratista de comunicaciones de la ASG, información sobre todo lo relacionado a su interacción con los ejecutivos de Apex.

Hoy, después de las críticas por la aprobación de su nombramiento, la ASG envió a este diario digital una certificación, sin fecha, en la que asegura que el 4 de abril Mercado Rivera recibió un correo electrónico en su buzón de "junk" por parte de Rodríguez López con la evidencia de que Apex había devuelto al gobierno el depósito del adelanto de $19 millones relacionado a la venta de pruebas rápidas al Departamento de Salud.

Además, la ASG presentó copia del correo electrónico que Rivera López envió a Mercado Rivera en el que establece: "Adjunto documento que certifica transferencia cablegráfica a ELA de PR por concepto de devolución de dinero relacionado a la cancelación de contrato y orden de compra con número 2020CV17 a APEX General Contractors, LLC. La misma fue realizada hoy 4 de abril de 2020, según requerida en carta recibida ayer en la tarde (Oriental Bank cerrado al momento de recibirse) 3 de abril de 2020 vía correo electrónico, y la cuenta indicada en la certificación de cuenta emitida por el Banco Popular de PR para este propósito".

En el correo electrónico dirigido a Mercado Rivera, el dueño de Apex adjuntó además copia del documento del banco Oriental certificando la devolución de los $19 millones al Gobierno de Puerto Rico

Vea la certificación y correo electrónico del dueño de APEX divulgado hoy por la ASG:

En el documento la funcionaria dijo también que no requirió ese correo y que el día antes, 3 de abril, el administrador de la ASG, Ottmar Chávez, la llamó y le habló por primera vez de la transacción y de la “alerta por parte de Oriental sobre la cuantía de transacción”. La funcionaria no ha accedido a otorgar una entrevista a este medio al respecto.

Vea también: Compra de APEX tampoco siguió el protocolo de compras del Gobierno

El puesto de Principal Oficial de Compras (POC) del Gobierno de Puerto Rico quedó instaurado en la Ley 73 del 19 de julio de 2019, hace menos de un año, y, aún así, tiene más tiempo de vigencia de lo que tiene en la profesión legal la licenciada Mercado Rivera, quien ayer fue cuestionada por parte de la delegación del PPD en la Cámara, debido a que apenas en junio del 2019 se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Mercado Rivera obtuvo el reconocimiento de ser la estudiante de mayor excelencia en Derecho Civil y cuenta además con una Maestría en Finanzas.

Según la Ley 73, una legislación que eliminaría la capacidad de las agencias de hacer compras para concentrarlas todas en la ASG, Mercado Rivera ocuparía dos puestos en uno. La nominada sería Principal Oficial de Compras (POC) y también administradora de la ASG, entidad que, bajo la nueva ley, es la que realizará “todas las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales” para todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, excepto por algunas entidades, así como municipios, Rama Judicial y Rama Legislativa, y con exclusión de los contratos para servicios profesionales.

“Todas las compras de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico realizadas por cualquier entidad exenta, serán realizadas a través de la (ASG)”, puntualiza también la ley.

Todo este andamiaje está bajo el POC, quien se ganará $120,000 anuales y a quien solo se le requiere que sea mayor de edad, tenga un grado de Maestría y que “deberá poseer reconocida capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de la administración pública y/o en la empresa privada”.

Los datos que probarían “la reconocida capacidad... y experiencia” de Mercado Rivera solo han sido sustentados públicamente, hasta el momento, por su jefe en la ASG en unas declaraciones escritas hechas como “administrador saliente”.

La Cámara divulgó la aprobación del nombramiento de 10 años de Mercado Rivera ayer en dos párrafos de un comunicado lleno de otros temas, y encabezado con la controversia de la investigación de los almacenes de Ponce, sin mencionar cuánto tiempo de experiencia tiene la funcionaria en la profesión legal o en el propio gobierno. El sistema de trámite legislativo tampoco contenía, hasta anoche, información del expediente de la nominada.

“Su ética, transparencia, liderazgo y ejecución son reconocidos por sus pares dentro del gobierno y fuera de este. Ella es una mujer profesional de alto calibre”, manifestó Chávez en las declaraciones escritas.

Chávez, agregó que a Mercado Rivera, quien es su subadministradora, se le está atacando “por argumentos políticos y sexistas”. El actual administrador de la ASG se refiere a las declaraciones por parte de los legisladores del PPD que mencionaron que Mercado Rivera es pareja del actual asesor del Senado, Anthony Maceira.

Chávez sostuvo que la funcionaria trabajó en Hacienda en 2013, pero no especificó por cuánto tiempo ni en qué funciones. Dijo que ha trabajado en el sector privado pero sin detallar en qué labor, y que se unió a la ASG, primero como gerente auxiliar de operaciones y luego como subadministradora. En una comunicación posterior con este medio, el portavoz de Prensa de la ASG dijo que Mercado Rivera entró a laborar en la agencia en agosto de 2018.

“La licenciada ostenta un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha ejercido funciones en el Departamento de Hacienda, Turismo y otros puestos, así como fungir como consultora de negocios y contribuciones”, dice el comunicado de prensa de la Cámara sobre el trasfondo de la nominada.

NotiCel pudo corroborar que, al menos en la Compañía de Turismo, las “funciones” de Mercado Rivera se limitaron a un contrato de $5,000 por dos meses (22 de junio al 31 de agosto de 2018) como “consultora contributiva” para evaluar solicitudes de decretos contributivos en la agencia.

En un comunicado de prensa ayer, la minoría del Partido Popular Democrático dijo que Mercado Rivera se hizo licenciada en Derecho apenas en febrero de este año.

El presidente de la Cámara, también presidente de su Comisión de Nombramientos y, según fuentes, pariente de la nominada, Carlos Méndez Núñez, dijo en el comunicado ayer que “no existe situación conflictiva de sus recursos, inversiones o participaciones con las funciones que la nominada va a ejercer. Luego de evaluar la nominación de la Gobernadora de Puerto Rico, no se encuentra ninguna razón legal o de cualquier otra índole que le impida a la nominado ocupar el cargo”.

Según reportes, La Fortaleza sometió el nombramiento de Mercado Rivera apenas la semana pasada, el 26 de mayo. Fuentes de NotiCel indicaron que el martes pasado, Mercado Rivera y Chávez, fueron convocados a una reunión en la Mansión Ejecutiva con el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle.

La Ley 73 que reforma el proceso de compras en el gobierno tuvo unos dos meses de trámite legislativo, sin ninguna vista pública y quedó aprobada en votación partidista.

El estatuto da a la ASG un mandato de “asegurar la confidencialidad, según aplique, de la información suministrada por los licitadores y cualquier otra información recopilada” y permite la adquisición de bienes mediante los siguientes mecanismos: compra informal, subasta formal, subasta informal, solicitud de Propuestas (Request for Proposal), solicitud de cualificaciones (Request for Qualifications) y compras excepcionales. Esta última ocurriría en circunstancias que incluyen “cuando todas las cotizaciones, ofertas y/o propuestas recibidas sean rechazadas porque incumplen con las especificaciones, condiciones o porque su precio resulte irrazonable”.

Dispone para la creación de una Junta de Subasta y una Junta Revisora de Subastas para todo el gobierno cuyos miembros tendrán salario anual de $105,000 y servirán en términos escalonados que van de tres a siete años.

En cuanto a la Junta de Subasta, se trata de un presidente y cuatro miembros nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado con la siguiente división: un miembro recomendado por el Administrador de la ASG; uno recomendado por la Oficina del Contralor; uno recomendado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico; uno recomendado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico; y, uno recomendado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).