Fuentes de NotiCel indican que la agencia no ha emitido ninguna decisión sobre los avisos públicos que buscaban adquirir los suministros médicos para atender la pandemia de COVID-19.

El proceso de compras de pruebas rápidas para la detección del COVID-19 y otro equipo protector que el Departamento de Salud (DS) que inició el 18 de abril pasado bajo su procedimiento de emergencia todavía no ha tenido resultado, ni se le ha indicado a suplidores lo que la agencia está haciendo con la información que le remitieron ni cuándo se harían las órdenes de compra.

La gestión cae bajo el mando en la agencia del actual secretario, Lorenzo González Feliciano, quien la inició después del escándalo de la transacción fallida de $38 millones en pruebas rápidas con la constructora Apex General Contractors y todavía está pendiente en momentos en que el inicio de la reapertura económica hace más urgente, precisamente, tener acceso a pruebas, tanto moleculares como rápidas, y a mantener un inventario adecuado de equipo de protección personal (PPE).

Este proceso dilatado y sin urgencia aparente dista de la insistencia a principios de marzo por adquirir un millón de pruebas para detectar el COVID-19, así como cientos de ventiladores artificiales, ambas sugerencias del "Task Force" Médico creado para asesorar tanto a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, como a Salud, en esta emergencia.

Según se ha revelado durante vistas públicas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el interés por adquirir un millón de pruebas se basaba en que esa cantidad era considerada esencial para atajar la incidencia en la Isla de esta enfermedad mortal.

Ante el incumplimiento de contrato de otras empresas, como 313 LLC, y sin mayores explicaciones, González Feliciano había comentado que no había prisa por adquirir más pruebas. Pero poco después, informó sobre la apertura del proceso de solicitud de propuestas a las empresas para proveer pruebas y otro equipo PPE que ha escaseado en los hospitales. En los documentos no puntualizó cantidades y lo dejó abierto para evaluar los ofrecimientos de las empresas.

La Orden Administrativa 422 del Departamento de Salud sigue controlando el proceso. Mediante esta orden, el exsecretario Rafael Rodríguez Mercado puso a su entonces secretaria auxiliar de Administración, Adil Rosa Rivera, al mando de las compras a pesar de que la agencia tiene una Oficina de Compras. Por tanto, la gestión de compra, que refleja irregularidades, atraso y que hasta ahora está inconclusa, está bajo el mando del sucesor de Rosa Rivera, el licenciado Johnny Colón González.

El 18 de abril de 2020 apareció el aviso en prensa que anunciaba la “Solicitud de Propuestas” para las pruebas rápidas y equipo como mascarillas 95N, guantes, desinfectantes y protectores de rostro (“face shields”). Sobre las pruebas, se pedía que fueran aprobadas por la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) o que estuvieran en el registro de emergencia de dicha agencia y que tuvieran “95% o más de efectividad y especificidad mínima de un 95%”. La fecha límite para los suplidores someter sus propuestas era el 24 de abril.

Como primer elemento irregular, el anuncio limitaba los suplidores participantes a los que estuvieran en el Registro Único de Licitadores (RUL) cuando la Administración de Servicios Generales (ASG), agencia que administra el RUL, había emitido una carta circular en la que, durante la emergencia por el coronavirus, exime de estar en el registro precisamente a los suplidores que participen en compras de equipo médico y materiales relacionados.

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Luego está la denominación que la agencia le dio al proceso. “Solicitud de Propuestas” normalmente implica que se describe el producto que la agencia necesita, las cantidades y condiciones para que los suplidores sometan sus propuestas, las cuales se supone se sometan selladas. Es un proceso menos formal que una subasta porque permite que la agencia negocie con distintos suplidores antes de adjudicar las órdenes de compra y, por eso mismo, su uso también se supone que sea excepcional en vez de la norma. En una subasta, los pliegos se someten sellados en el mismo lugar, a la misma vez, se abren de manera pública y se escoge el que mejores precios y condiciones haya presentado.

El martes 28 de abril, después de que los suplidores habían sometido sus propuestas el viernes antes, la agencia transformó la “Solicitud de Propuestas” en una “Solicitud de Precios en Mercado Abierto”, nombre que se le da a una alternativa que se supone esté reservada solo para compras de menor cuantía y en el que es la agencia la que solicita cotizaciones a un grupo limitado de suplidores, en vez de que los suplidores le sometan propuestas a la agencia.

Al cambiar el proceso, la agencia tuvo la oportunidad de ver qué propuestas le sometieron los suplidores el viernes antes, conocer los artículos que tenían y sus precios para entonces, en vez de actuar sobre eso, descartarlas y pedirle nuevas cotizaciones solo a los suplidores que quisieran. De hecho, el aviso del 18 no tenía detalles de los productos, pero el documento del 28 tenía características detalladas de cada producto.

Esa “Solicitud de Precios en Mercado Abierto” fue emitida el 28 de abril y vencía el 30 de abril a las 10:00 am. En sus condiciones resalta que vuelven a requerir que el suplidor esté registrado en el RUL, que los artículos solo podían entregarse en la misma agencia (un eco de la controversia de las pruebas de Quest Diagnostics entregadas en el Centro de Operaciones de Emergencia en vez de en Salud), y que los suplidores “deben ser compañías especializadas en bienes y servicios en áreas de la Salud, cuya experiencia no sea menor de un año en el área de la Salud” (un requisito que hubiera hecho imposible las compras de pruebas rápidas hechas a la constructora Apex, a 313 LLC y a Maitland 175).

La solicitud del 28 de abril era para: 250,000 mascarillas quirúrgicas, 100,000 mascarillas N95, 200,000 gorros quirúrgicos, 500,000 guantes de nitrilo (distintos tamaños), 300,000 batas quirúrgicas, 200,000 batas para todo el cuerpo (“coveralls”), 800,000 botellas de desinfectante de manos (varios tamaños), 200,000 protectores de rostro, 200,000 gafas de protección, 200,000 protectores de zapatos, 250,000 aplicadores de alcohol (“swabs”), 100,000 gazas estériles, 200,000 curitas redondas, 200,000 lancetas para pinchar dedos y las 200,000 pruebas rápidas que deben tener 95% de sensitividad y especificidad mínima así como estar aprobadas por FDA, o en la lista de autorizaciones de emergencia de la agencia.

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El 29 de abril, la directora interina de la Oficina de Compras y Subastas, Diana Meléndez Díaz, emitió una enmienda en la que posponía, “hasta nuevo aviso”, la fecha de entrega de cotizaciones. El 30 de abril, cuando originalmente vencía la entrega de cotizaciones, la misma funcionaria emitió otra enmienda que no cambia lo relacionado a las pruebas pero sí las características de varios artículos de protección para incluir mediciones específicas, indicar que deberían ser “similar a” las de un manufacturero en particular y otros cambios incluyendo el establecer una nueva fecha de entrega de cotizaciones (el 4 de mayo a las 10:00 am).

A la fecha de este escrito, las fuentes de NotiCel indican que la agencia no había emitido ninguna decisión, mientras que la agencia tampoco contestó una solicitud formal para conocer el estatus del proceso.

La adquisición de estos productos por parte de Salud que no ha parecido rendir frutos, tendría lugar días después de que se supone que se registrara el pico de contagios de COVID-19, el cual se situó para el 8 de mayo de manera insistente por el secretario de Salud. Del mismo modo, se haría en momentos en que se ha continuado con la apertura de comercios en distintas fases, lo cual hace más necesaria las pruebas rápidas, y hace más probable que ocurran nuevos contagios y hospitalizaciones por la enfermedad.

Una panel de control (“dashboard”) del Instituto de Estadísticas muestra que el pico epidemiológico de la pandemia en Puerto Rico ocurrió entre el 30 de marzo y el 1 de abril, según el contagio diario basado en resultado de pruebas moleculares.

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