El informe parcial de la Comisión de Salud de la Cámara deja en evidencia cómo el Departamento de Salud quedó reducido a un catálogo de oportunidades para los que tuvieran contactos políticos con el Gobierno de turno.

Son varias las agencias que tendrán que decidir si hay cargos criminales en los hallazgos de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre las actuaciones del Departamento de Salud durante esta emergencia, pero lo que ya queda confirmado es la forma en que elementos partidistas y económicos, a la manera de garrapatas, infiltran las estructuras de gobierno para chupar ferozmente todos los recursos que puedan.

Sin abordarlo de frente, el informe parcial de la Comisión y los testimonios en vista pública dejan en evidencia cómo, desde adentro y desde afuera, una de las principales agencias de cualquier gobierno quedó reducida a un catálogo de oportunidades económicas para los conectados políticamente al punto de que ha sido incapaz de articular con éxito casi cualquiera otra de las responsabilidades que tiene ante la pandemia del COVID-19.

La pesquisa sobre el desempeño del Departamento de Salud durante esta emergencia, que dirige el representante Juan Oscar Morales, ha confirmado investigaciones periodísticas hechas desde el año pasado y sirve también de brújula para descubrir algunas de las razones por las cuales el dinero público, local y federal, parece quedar atascado o no llega efectivamente a la gente.

Mabel Cabeza Rivera, como jefa de Personal, secretaria “de facto” y enlace del "Task Force" Médico con el departamento, así como Adil Rosa Rivera, como secretaria auxiliar de Administración, son las figuras alrededor de las que gira todo lo que ha quedado en duda o cuestionado durante la investigación hasta ahora.

Cabeza Rivera alegó que trabajó en los grupos del Plan para Puerto Rico (la plataforma de Gobierno del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares), pero su nombre no figura en la lista oficial de colaboradores del Plan. Al menos dos fuentes de NotiCel aseguraron que Cabeza Rivera no participó en el Plan para Puerto Rico y solo fue en un par de ocasiones a reuniones como acompañante de alguien.

Lo que sí está documentado es su relación con el cabildero Elías Sánchez Sifonte, exdirector de campaña de Rosselló Nevares, y con su esposa, Valerie Rodríguez Erazo, abogada contratista del gobierno y colaboradora de la gobernadora Wanda Vázquez Garced al menos desde que ésta servía como Procuradora de las Mujeres.

En las vistas se indagó poco sobre esto, pero entre las cosas que Cabeza Rivera introdujo al récord legislativo fue su defensa de este matrimonio y que supuestamente Sánchez Sifonte y el doctor Rafael Rodríguez Mercado no se conocían antes de que el último fuera secretario de Salud.

Para ver el Plan para Puerto Rico, pulse aquí.

De hecho, fotos publicadas en redes sociales después del testimonio de Cabeza Rivera abonan a demostrar que la relación es al nivel íntimo familiar e incluye a Katherine Erazo García, suegra de Sánchez Sifonte, que, a su vez, es también contratista del gobierno y estaba encargada de recaudación de fondos en la campaña de Rosselló Nevares.

En la vista, Cabeza Rivera confirmó que trabajó en el área de finanzas de la campaña, pero ningún legislador abundó con ella al respecto. Aún con estas confirmaciones de las relaciones que había con el director de campaña, Cabeza Rivera no lo mencionó al explicar cómo llegó a trabajar en Salud, limitándose a indicar que fue por referido de Alfredo Escalera, cabildero de la firma Globalize LLC en la que Sánchez Sifonte participó, según los informes financieros de éste a la Junta de Control Fiscal (JCF).

Cuando la Gobernadora ordenó que Cabeza Rivera siguiera al mando de la administración de Salud, llegando al extremo de protegerla en La Fortaleza como una “indispensable”, estaba dejando al mando a una persona que traía a la mesa conexión directa con la estructura de recaudación de fondos y cabildeo de Rosselló Nevares.

No era la primera movida de la Gobernadora que le aseguraba capacidad para acceder a esos pilares de cualquier campaña política. Su ayudante especial, Marisol Blasco Montaña, tiene también relación de largo alcance con Erazo García y su subsecretaria de la Gobernación, con todos los poderes de la secretaría de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez, es una extesorera del Partido Nuevo Progresista (PNP) que le ha abierto puertas a la mandataria con contratistas y donantes.

Aunque la subsecretaria Sánchez Pérez negó en las vistas investigativas haber coordinado actividades de recaudación de fondos y las calificó como "reuniones", fuentes de NotiCel aseguran que al menos en una de esas reuniones se coordinó la recaudación de donativos en la residencia de un contratista llamado Carlos Colón.

De otro lado, una de las fotos divulgadas esta semana muestra a Cabeza Rivera con Sánchez Sifonte, Rodríguez Erazo, el exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona, y el productor de cine, Luis “Luillo” Ruiz, de Pimienta Films. Este productor protagonizó una discusión pública en febrero cuando, a menos de un mes de donar a la campaña de Vázquez Garced, obtuvo una cita en la Mansión Ejecutiva para cabildear por $25 millones de incentivos contributivos a su compañía frente a la Gobernadora y los secretarios de Hacienda y de Desarrollo Económico y Comercio.

El perfil alto de Cabeza Rivera en Salud no viene desde la pandemia, viene desde el principio del cuatrienio y puntualmente desde mayo de 2017 cuando Rodríguez Mercado, le hizo la designación de “Chief of Staff”, posición que no existe en la estructura del Departamento, con salario de $7,500 mensuales.

De no tener experiencia laboral en gobierno ni en supervisión, Cabeza Rivera pasó a supervisar toda la estructura del Departamento y llegó a ser la oficial que representaba a la agencia ante la JCF, donde estuvo Sánchez Sifonte hasta julio de 2017 como representante del Gobernador. La designación también incluía ser el enlace de Rodríguez Mercado con los legisladores. Es decir, Rodríguez Mercado consolidó en Cabeza Rivera la capacidad de representarlo ante la Junta, ante la Legislatura y ante la propia estructura interna del departamento. No era que la gente tuviera la impresión de que era la secretaria “de facto”, es que el a veces “abrumado” exsecretario así lo diseñó.

Lo que se conoce ahora sobre el alcance del poder de Cabeza Rivera en Salud pone en perspectiva otras controversias en la agencia como la cancelación de los servicios de manejo de permisos que proveía la plataforma Renovacionesonline.com, la cancelación de un contrato de limpieza otorgado mediante subasta para dárselo a un suplidor que tiene una convicción por narcotráfico en su historial y el uso este cuatrienio de la empresa de servicios temporeros Manpower para suplir funciones en el Departamento, incluyendo la contratación de la hermana de Cabeza Rivera, Lumary.

De otro lado, Rosa Rivera tampoco está en la lista de colaboradores de Plan para Puerto Rico, pero fotos en redes sociales la colocan participando de al menos una de las reuniones de trabajo de esos grupos. El activismo político de la funcionaria, el cual no sería legal si en Puerto Rico existieran las prohibiciones de activismo que existen para empleados del gobierno federal, cubre varios años. Hay fotos suyas con Sánchez Sifonte, la Gobernadora y con Michael López Saldaña, actual precandidato a representante por el PNP.

La funcionaria de carrera del Departamento de Familia estuvo en una reunión con la JCF para discutir los criterios de procesos y documentación de compras que tiene vigente ese cuerpo fiscal durante la emergencia y se encargó, junto con Cabeza Rivera, de las compras relacionadas a la emergencia por virtud de la Orden Administrativa 422 del 11 de marzo.

Esa orden, que Rodríguez Mercado firmó un día antes de que el Gobierno de Puerto Rico declarara un estado de emergencia por la pandemia y dos días antes de que el funcionario renunciara (o fuera despedido, no se sabe), estableció un proceso de compras que “permite el mercado abierto para la adquisición de productos en sustitución del proceso formal de subastas” y lo puso todo en manos de Rosa Rivera.

Como refleja el informe parcial, el equipo gerencial discutió esa orden en una reunión que convocó Cabeza Rivera sin incluir a la ya secretaria interina de la agencia, Concepción Quiñones de Longo. La orden se usó de base para justificar la forma en que se compraron pruebas diagnósticas a las entidades Quest Diagnostics, 313 LLC, Maitland 175, Castro Business y la transacción de $38 millones con la constructora Apex General Contractors que quedó abortada cuando el banco Oriental congeló la cuenta de contratista.

La orden 422 fue usada específicamente para justificarle al Departamento de Hacienda el adelanto de $19 millones a Apex obviando así los reglamentos sobre pagos adelantados. Esta versión parcial del informe cameral no lo menciona pero el trámite para la compra con Apex produjo un contrato de la Administración de Servicios Generales firmado por Guarina Delgado García, ayudante especial del comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), y quien en las vistas no pudo explicar por qué firmó un documento que no había evaluado. Antes de este cuatrienio, la funcionaria trabajó en la agencia de publicidad KOI, que trabajó la campañá de Rosselló Nevares junto a Sánchez Sifonte. La funcionaria también tiene sobre 15 años de experiencia laboral en el gobierno.

Hasta ahora, se conoce que el proceso que se abrió con la orden 422 resultó en adjudicaciones millonarias a favor de contratistas conectados con el PNP, como 313, Castro, Apex y el proveedor de ventiladores artificiales Puerto Rico Sales and Medical Service. En otro caso, la compra a Maitland, Blasco Montaña presionó desde La Fortaleza para que se completara, según los testimonios en las vistas camerales.

Las compras se realizaron sin consultar a la Oficina de Bioseguridad, la división de Salud que toma liderato en ocasión de pandemias y dejando a un lado el peritaje de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento, cuyo personal ya había pasado por procesos de emergencia como al virus H1N1, el virus del Nilo, el Huracán María y los terremotos.

Según los testimonios y el informe, el proceso de compras que se desarrolló bajo la orden 422 se quedaba entre el coordinador del Task Force Médico, Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, el miembro del Task Force, Dr. Juan Salgado, Blasco Montaña y Sánchez Pérez desde La Fortaleza, y Cabeza Rivera, Rosa Rivera y Mariel Rivera, una funcionaria con cero experiencia en compras de gobierno, pero que tenía a su haber ser amiga de Rosa Rivera y haber trabajado en la Oficina de la Comisionada Electoral del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones.

En fin, el presupuesto millonario de compras de emergencia en Salud estuvo a cargo de un grupo de personas sin relación con el Departamento o que habían llegado apenas este cuatrienio y todos, menos Rosa Rivera, con poco o ninguna experiencia en compras.

Con el Departamento descabezado y la subsecretaria excluida de los procesos, los hilos de control en la agencia llegaban directamente a Fortaleza a través de Cabeza Rivera, quien amenazaba a la gente con reportarlas a la subsecretaria de la Gobernación si no la obedecían, y de Rosa Rivera, quien había dicho a una funcionaria que “ella no seguía las instrucciones del Departamento de Salud, sino las de La Fortaleza”, según el testimonio de Quiñones de Longo. “Nunca hice nada motu propio”, declaró Cabeza Rivera durante su testimonio en las vistas.

“Uno de los datos más alarmantes, es que quedó en manos de una requisidora (sin experiencia alguna en el área de compras y mucho menos en productos y equipo especializados en salud), la compra por la cantidad de 38 millones de dólares, más aún, cuando el Departamento de Compras y Subastas de la Agencia contaba con personal experto y disponible para trabajar durante la emergencia, pero por alguna razón, no fue requerido en ningún momento”, plantea el informe con relación a Mariel Rivera cuya posición, “analista de compra” no existe en la estructura de Salud, igual que no existía la de “Chief of Staff” que ocupaba Cabeza Rivera.

Vea también: Denuncias de Quiñones de Longo: la espina dorsal del informe de la Comisión de Salud

El informe parcial hace referidos a agencias investigadoras locales y federales por posibles violaciones legales, éticas y administrativas del general José Burgos Vega (comisionado de NMEAD), Adil Rosa Rivera, Mariel Rivera, Diana Meléndez Díaz (directora interina de la Oficina de Compras y Subastas de Salud) y a Quiñones de Longo. Un informe posterior debe cubrir las intervenciones de Cabeza Rivera y el personal de La Fortaleza.

Hoy, a 58 días de declarada la emergencia, hay un expediente abultado de actuaciones indebidas y decisiones al margen de la ley en el Departamento de Salud, pero no hay todavía suficientes pruebas, metodología correcta, sistema de rastreo de contagio, planes científicos ni divulgación amplia y confiable de datos sobre la pandemia en Puerto Rico.

Para leer el informe parcial de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, pulse aquí.