Ejecutivos de algunas empresas denunciadas pertenecen al Task Force económico que asesora al Gobierno.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA), recibió 680 querellas contra patronos relacionadas a la crisis por el COVID-19, entre el 14 de marzo y el 29 de abril. De estas querellas, al menos 124 se reportaron entre el 1ro y el 29 de abril, justo antes de que el Gobierno comenzara la reapertura parcial tras el toque de queda y la misma semana en que se espera el pico en la cantidad de casos de infecciones por COVID-19. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) envió una tabla cuyas cifras sobre la cantidad de querellas discrepan de los números que ofreció la misma agencia a preguntas específicas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

De las querellas relacionadas a la pandemia según los datos del DTRH, de patronos que mantuvieron sus operaciones durante la cuarentena, al menos 50 provienen de empleados de hospitales y ocho de centros de servicios de salud de alrededor de la Isla. Entre ellos el hospital HIMA de Bayamón, Auxilio Mutuo de San Juan, Menonita de Humacao, San Pablo de Caguas, Perea de Mayagüez, La Concepción de San Germán y Pavía de Toa Baja.

También hay ocho querellas contra Walmart de Santurce, Bayamón, Cayey, Carolina, Ponce y Fajardo. Walmart Supercenter de Canóvanas tiene dos querellas, una de abril y otra de marzo. Iván Báez, director de relaciones públicas y gubernamentales de Walmart, es miembro del Task Force Económico que asesora al Gobierno e impulsa la reapertura económica.

Empleados del Banco Popular de Canóvanas, Santurce y otras dos sucursales de San Juan también sometieron querellas ante PROSHA. Ignacio Álvarez, presidente y director ejecutivo del Popular Inc. es otro miembro del Task Force Económico.

PROSHA es parte del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. A preguntas del CPI, Briseida Torres, secretaria del Trabajo afirmó que “la cantidad de querellas recibidas por PROSHA forma parte de la información brindada en los informes del DTRH” al Task Force Económico y al Task Force Médico del Gobierno. Además, “la secretaria del DTRH tuvo participación en algunas de las reuniones del Task Force Económico donde se discutió la reapertura parcial de la economía”.

Emilio Colón Zavala, presidente del Task Force Económico, se desmarcó de la información relacionada a las querellas. “El rol nuestro no es investigar querellas, el rol nuestro es hacer recomendaciones para una reapertura económica. Así que no sé, no me consta el tema de las querellas, la realidad es que nosotros no tenemos información de querellas. Nosotros hicimos unas recomendaciones en cuanto a cómo las empresas deben manejar su riesgo por contagio de COVID en el trabajo. Además de eso, se adoptó que las empresas que llevan abiertas desde el día cero tengan que someter su plan y certificarlo, como los que vayan a empezar a trabajar ahora en esta segunda parte”, dijo al CPI.

Aunque que dijo que no conocía sobre las querellas, Colón Zavala luego añadió que “nosotros lo que sugerimos en un momento es que hubiera un proceso expedito para resolver estas querellas dentro de la situación en que estamos”.

¿Esa cantidad de querellas contra patronos por el COVID-19 podría verse como un indicador de que los patronos no están listos para proteger a sus empleados y clientes en medio de la pandemia?, preguntó el CPI a la Secretaria del Trabajo vía correo electrónico.

“No necesariamente. La cantidad de querellas refleja la posición de los empleados sobre ciertos aspectos de sus lugares de trabajo y las mismas se han atendido de la forma correspondiente. Las querellas no constituyen en sí violaciones a las guías de prevención o evidencia de incumplimiento. Los patronos a los que se les han hecho recomendaciones o señalamientos han actuado de forma inmediata para atenderlos y actualizar sus planes de control”.

¿Cuál fue la recomendación u opinión de la Secretaria del Trabajo en cuanto a la reapertura parcial del Gobierno?

“La recomendación de la Secretaria del DTRH en cuanto a la reapertura parcial del Gobierno ha sido y es que cualquier proceso de apertura tiene que requerir el cumplimiento con las guías de prevención del COVID-19 de PROSHA y el CDC”, contestó Torres.

“Después de la querella volvió todo a la normalidad”

“Desde que comenzó la situación del COVID-19, al ver las pocas medidas preventivas que usó la tienda con sus empleados comencé a tratar de hacer llegar las preocupaciones a diferentes personas. Hice varias querellas a PROSHA. Aquí recalco que la última querella me fué contestada y ésta se trabajó con la tienda. Pero, como siempre pasa, después de la querella volvió todo a la normalidad. Sí han tomado medidas preventivas, pero en muchas ocasiones no han medido el control de clientes”, contó al CPI un empleado de Walmart de Plaza del Sol en Bayamón.

“Acá estamos todos los empleados con una ansiedad y preocupaciones enormes. No hay control del público para entrar, están entrando como si fuera venta normal. Prácticamente están vendiendo cosas que no son de primera necesidad. Para un empleado usar mascarilla les hacen firmar un relevo de responsabilidad que si no lo firman les niegan trabajar y los envían a su casa. La compañía no nos provee con mascarillas. Por eso varios asociados han optado por traer sus mascarillas, pero como indiqué, si no llenan el relevo los envían a sus casas”, señaló el empleado bajo condición de anonimato.

Un empleado del Walmart de Barceloneta, aunque esa tienda no aparece en la lista de querellas ante PROSHA, dijo al CPI el 2 de abril, que en su tienda un empleado dio positivo a COVID-19 y que habían tres empleados con síntomas.

“A estos empleados los removieron de sus áreas de trabajo, así como a los empleados que han estado en contacto con éstos. El problema radica en que hay empleados adicionales mostrando síntomas, pero no desean notificarlo por que ‘no han presentado fiebre’. Empleados han tomado la iniciativa de ir a Human Resources, pero ya les pidieron en una reunión que dejaran de ir con quejas por ‘tonterías’ y ‘estupideces’, que ya no les otorgarían licencias por enfermedad o vacaciones para ausentarse. Muchos empleados se sienten temerosos por dos razones, por miedo a contraer COVID-19 y por miedo a perder sus empleos por denunciar la situación en Recursos Humanos. También les comunicaron que no van a cerrar la tienda de Barceloneta aunque tengan empleados con pruebas de COVID-19 positivas”, dijo el empleado que pidió protección a su identidad.

Iván Báez, de Walmart, dijo que según la división de Recursos Humanos de la empresa “las querellas se han atendido debidamente”. También detalló que por lo menos ocho empleados de diferentes tiendas han dado positivo al COVID-19 y se han enviado a cuarentena.

Empleado de las fábricas vulnerables ante el COVID-19

Entre las empresas denunciadas en PROSHA aparece la fábrica Eaton-Cutler Hammer de Arecibo, con una querella presentada el 25 de marzo. “Los riesgos alegados son empleados laborando sin protección personal exponiéndose al contagio y contagiar a sus familia con COVID-19. No se ha orientado sobre las políticas o medidas para protegerse”, dice una notificación de PROSHA a Eaton que revisó el CPI.

En estos casos, PROSHA ordena al patrono a investigarse a sí mismo.

“Deberá informarnos por escrito no más tarde del 27 de marzo de 2020, los resultados de su investigación. Debe proveer documentación que sustente sus hallazgos, incluyendo cualquier medición o resultados de monitoreo aplicable y fotografías que usted entienda puedan ser de ayuda, así como una descripción de cualquier acción correctiva que haya tomado o esté en proceso… De no recibir una contestación en o antes de 27 de marzo PROSHA realizará una inspección en su lugar de trabajo”, dice la notificación de PROSHA a Eaton.

El miércoles 6 de mayo, un empleado de esa fábrica que habló con el CPI bajo condición de anonimato, dijo que iba a presentar otra querella ante PROSHA en contra de la empresa porque aún no se siente seguro en el área de trabajo. Luego de la querella del 25 de marzo, la empresa comenzó a tomar la temperatura a sus empleados e hizo modificaciones en la cafetería. Pero los operadores de máquina no tienen forma de guardar la distancia de al menos seis pies que recomienda el CDC para prevenir el contagio con el COVID-19.

Hasta la semana pasada no todos los empleados contaban con mascarillas para cubrir boca y nariz porque la empresa no estaba proveyendo suficientes, pero aun así los estaba obligando a presentarse a trabajar. El lunes repartieron algunas mascarillas pero de tela, que según el empleado no protegen adecuadamente porque no impiden que pase el aire.

Otros empleados de fábricas de Arecibo que han denunciado al CPI condiciones similares en sus áreas de trabajo desde el principio de la pandemia son ABB, manufactureros de productos de generación de energía y Thermo King, productores de sistemas de control de temperatura para transporte. Estas fábricas también tienen querellas ante PROSHA.

Las manufactureras Abbott de Arecibo y de Caguas, Medtronic de Juncos, Pfizer de Barceloneta, Johnson and Johnson de Añasco, Zimmer Biomet Manufacturing de Ponce y SNC Technical Services de Camuy también aparecen en la lista de patronos que han sido denunciados ante PROSHA en el contexto del COVID-19.

PROSHA además recibió 129 consultas de información y realizó 279 intervenciones, aunque no ha informado del resultado, entre el 14 de marzo y el 29 de abril. El Negociado de Inspecciones tiene 28 personas atendiendo las querellas presentadas ante PROSHA, según el DTRH.