Excontratista de ATM autorizó el uso de su firma en transacción del millón de pruebas
Aaron Vick, quien aparece como el contacto de la empresa Apex General Contractors en los documentos en los que se autorizó una malograda venta de pruebas rápidas contra COVID-19 por $38 millones, autorizó que su firma digital fuera utilizada por Apex en ese trámite, contrario a lo que el excontratista gubernamental declaró a la prensa.
Documentos de Apex y comunicaciones entre los ejecutivos de la compañía a los que NotiCel tuvo acceso evidencian los contactos que tuvieron con Vick para que fuera parte de la transacción con el Gobierno de Puerto Rico y la autorización de este a que se usara su firma en los documentos. De hecho, Vick fue el que proveyó la versión digital de su firma que el abogado de Apex, Juan Maldonado de Jesús, utilizó en los documentos.
Maldonado de Jesús es un exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) que salió de la agencia en febrero de 2019, como secuela de su autorización a que una lancha de la agencia fuera utilizada para cargar suministros a una boda en Vieques.
Durante su servicio en la agencia, conoció a Vick cuando este fungía en la empresa Fortress Maritime LLC. Vick ya no tiene vínculos con Fortress Maritime, pero actualmente se identifica como Principal Oficial de Operaciones de una entidad llamada Fortress Global Group. Vick no contestó solicitudes de entrevista de NotiCel hechas a dos números de teléfono y una dirección de correo electrónico que el contratista usa.
El 22 de marzo pasado, Apex, una compañía de construcción sin experiencia en el suplido de productos médicos, usó a un contratista del Recinto de Ciencias Médicas, y conocido agente político del Partido Nuevo Progresista (PNP), Eduardo “Tito” Laureano, para contactar al rector del Recinto, Segundo Rodríguez Quillichini, en su capacidad como coordinador del "Task Force" Médico que asesora al Gobierno de Puerto Rico en la pandemia del COVID-19.
El dueño de Apex es Roberto Rodríguez López y, aunque al tanto de los trámites con el gobierno, fue el abogado de la compañía, Maldonado de Jesús, el que hizo la coordinación para el contrato de las pruebas rápidas y el que involucró a Vick.
Apex era solo el último eslabón en la madeja internacional de empresas involucradas en suplir las pruebas, la cual comenzaba con la planta manufacturera en China, seguía con la empresa Promedical Equipment de Australia, su distribuidor autorizado en Estados Unidos, RGJS Investment Group Inc., y luego el contacto de Apex, la empresa 501 Nutrition en Arizona.
De la misma manera, las gestiones de Maldonado de Jesús con el gobierno pasaron por una cadena que fue del rector Rodríguez a Mabel Cabeza, la controvertible exjefa de personal de Salud que, según testimonio en la Cámara de Representantes, ejercía la autoridad final en el departamento en coordinación con la ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Marisol Blasco Montaña, y con la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez.
Cabeza refirió a Maldonado de Jesús a la secretaria auxiliar de Salud, Adil Rosa, y Rosa a Mariel Rivera, su amiga encargada de compras en el Departamento que no tenía ninguna experiencia previa manejando compras de gobierno.
Pese a que Maldonado de Jesús era el que se comunicaba con los funcionarios, era la firma de Vick la que aparecía. Sobre esto, Vick le dijo a El Nuevo Día que “nunca tuve una relación directa o indirecta (como socio, empleado o inversionista) con Apex [y] nunca autoricé el uso de mi firma ni aparecí personalmente para firmar ninguna orden de compra o contrato en nombre de Apex con el Gobierno de Puerto Rico”.
Pero la realidad es que Vick autorizó el uso de su firma digital el 26 de marzo y la remitió a Maldonado de Jesús en un mensaje de texto, después de que ambos discutieran la transacción con el gobierno. Ese mismo día, Maldonado de Jesús la usó para completar la evaluación “fast track” que Salud hizo y que incluyó que la agencia le pidiera aumentar su oferta de 200,000 a un millón de pruebas rápidas, por orden, según el testimonio de Rosa, del rector Rodríguez y el miembro del Task Force, Juan Salgado. De hecho, el 26 de marzo también, Robert Rodríguez firmó, como “Managing Partner” de Apex una resolución corporativa notarizada por el propio Maldonado de Jesús en la que certificaba que el 25 de marzo la empresa había autorizado que Vick los representara en el negocio con Salud.
Al autorizar el uso de su firma digital, y remitirla, Vick incluso sugirió que su empresa, Fortress Global, podía ser usada para tener trato ventajoso de parte del gobierno ya que tiene certificaciones del gobierno federal bajo programas de veteranos y como HUBZone.
Fortress Global se presenta como una empresa fundada por exmiembros del grupo élite de la Marina, los SEALs, que llegaron a Puerto Rico como parte de los esfuerzos de recuperación tras el azote del huracán María. “Proveemos inteligencia de negocios y equipos de respuesta a incidentes en ambientes de alto riesgo y mercados emergentes”, indica la firma. Mientras, en un perfil público, Vick indica que su lema personal es “o encuentro una manera, o me invento una”.
Como se ha reportado, el negocio que intentó hacer Apex se malogró cuando el banco Oriental detuvo la transferencia electrónica millonaria que intentaron remitir a 501 Nutrition para obtener el cargamento de las pruebas. El gobierno aceptó pagar un depósito de $19 millones para tener las pruebas en Puerto Rico en cinco días, incluyendo un fin de semana.
Tras conocerse públicamente la inexperiencia de Apex en el campo de suministros médicos y la intervención de Maldonado de Jesús, la empresa Promedical intentó distanciarse del negocio de la misma manera que lo intentó Vick, negando cualquier intercambio con Apex o conocimiento sobre la transacción.
Sin embargo, NotiCel reveló la semana pasada que Promedical y 501, en efecto, habían tenido contacto directo con Maldonado de Jesús para el negocio del millón de pruebas.
Los contactos de Maldonado de Jesús, como representante de Apex, con Andrew Santo Beuschel, dueño de 501, para tramitar las pruebas son desde al menos el 26 de marzo, a la vez que el exfuncionario cerraba el negocio con Salud.
Mientras, las comunicaciones directas de Apex/Maldonado de Jesús con Promedical son desde al menos el 30 de marzo. Las comunicaciones a las que NotiCel ha tenido acceso revelan el grado de improvisación y precipitación con el que Apex manejó la transacción en un periodo de aproximadamente cuatro días sorteando, por un lado, los requerimientos de Salud y, por el otro, la coordinación con 501 y Promedical para la orden que finalmente fue cancelada por el gobierno el 2 de abril, cuando se incumplió el plazo de tener las pruebas en suelo puertorriqueño a más tardar el 31 de marzo.
Aunque Promedical negó contactos con Apex, el jefe de la empresa, Neran de Silva, y el ejecutivo Bradley Mayo aparecen en comunicación con Maldonado de Jesús sobre el envío de las pruebas, asegurándole al representante de Apex, por escrito y en video, que estaban listos para fletar el cargamento tan pronto recibieran el dinero que nunca llegó por la intervención del banco.
Vea: Empresa australiana engañó sobre su relación con Apex y orden de pruebas rápidas
“Hola Juan, la orden fue recibida. Los niveles de inventario fluctúan a diario en la medida en que entran los pagos y se entregan los envíos a DHL. Si el inventario es menos de lo que necesitas, estará disponible el día siguiente ya que nuestra capacidad de producción es suficiente. El elemento de la carga es lo que determinará la fecha de entrega. Yo me aseguraré de que los kits estén en el mismísimo primer vuelo disponible en DHL”, escribió Mayo a Maldonado de Jesús en un correo del 30 de marzo, cuando ya el banco había detenido la transacción financiera y a un día del plazo en el que Apex se había comprometido en su contrato con Salud.
NotiCel publicó la semana pasada también que la empresa Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., manufacturera de pruebas rápidas para detectar anticuerpos del COVID-19 había autorizado a Promedical a vender sus pruebas en Estados Unidos y Canadá el 7 de marzo, pero le había retirado la autorización el 3 de abril.
Promedical no ha contestado solicitudes de este medio digital desde que le mostramos que habían engañado a la prensa puertorriqueña sobre su relación con Apex. Pero preguntamos a Mario Saaed, principal oficial ejecutivo de RGJS sobre si el anuncio sobre Guangzhou Wondfo implicaba que Promedical ya no estaba vendiendo pruebas y este indicó que ahora están obteniendo pruebas con un suplidor en Corea del Sur.
Las dos versiones de Vick y sus textos con Maldonado de Jesús
Tras la publicación original de esta noticia, Vick emitió declaraciones escritas en las que admite que entregó su firma a Maldonado de Jesús pero para “lo que creí que era una indagación genuina de apoyo logístico” y que “no estaba al tanto de que mi firma fue usada en cualquier documento relacionado con la compra de artículos de pruebas para Covid-19 hasta que los medios lo reportaron el 6 de abril después de que el contrato fuera cancelado”.
Vick no explica en su declaración cuál era la “indagación genuina de apoyo logístico” para la cual remitió su firma por mensaje de texto a Maldonado de Jesús. Pero su declaración escrita permite evaluar, lado a lado, las dos versiones que ha dado sobre el uso de su firma y lo que refleja su comunicación de texto con Maldonado de Jesús el 26 de marzo, a saber:
1) A El Nuevo Día (publicada el 9 de abril): “Nunca tuve una relación directa o indirecta (como socio, empleado o inversionista) con Apex. Nunca autoricé el uso de mi firma ni aparecí personalmente para firmar ninguna orden de compra o contrato en nombre de Apex con el Gobierno de Puerto Rico”.
2) A NotiCel el 22 de abril: “No autoricé el uso de mi firma para cualquier propósito relacionado a la emergencia de Covid-19. El 26 de marzo de 2020 alrededor de las 3:30 pm, el Sr. Juan Maldonado solicitó una copia de mi firma ‘digital’ con relación a lo que creí que era una indagación genuina de apoyo logístico. Aunque poco convencional, una imagen electrónica de mi firma fue provista a través de mi teléfono celular para un uso que se entendía y fue representado por el Sr. Juan Maldonado que sería solo un mecanismo de verificación. Es inexplicable que la imagen electrónica de una firma pueda ser adecuada legalmente para suscribir una relación contractual con el Gobierno de Puerto Rico. Más aún, no estaba al tanto de que mi firma fue usada en cualquier documento relacionado con la compra de artículos de pruebas para Covid-19 hasta que los medios lo reportaron el 6 de abril después de que el contrato fuera cancelado”.
3) Conversación entre Vick y Maldonado de Jesús el 26 de marzo:
JM – "Aaron, puedes enviarme por favor una versión digital de tu firma? Es para la orden, gracias”
AV – "¿Cuáles son las órdenes otra vez? Solo para verificar 😃😃 Estoy en la calle, la mando dentro de una hora”
JM – "Esta orden inicial serán kits de Covid 19. Es solo una precaución adicional de mi parte para mantener anonimato más una forma de ayudarte porque se te va a pagar. Me puedes mandar una foto o del teléfono, necesito mandar esto ASAP"
AV- [IMAGEN DIGITAL DE LA FIRMA] “¿La tienes?”
JM – “Sí, hecho y enviada”
AV – “Juan, para mi paz mental y mis récords, ¿me puedes copiar en cualquier documento? Perdona que me haya tardado tanto”
JM – “No te preocupes. Sí, es una orden bajo Apex para 1.000.000 de pruebas rápidas de COVID-19. Es un acuerdo de emergencia. Los artículos están listos para ser embarcados y deben llegar a SJ el martes”
AV - “¿Qué es APEX?”
JM – “Una compañía de responsabilidad limitada”
AV - “Ok”
Vick no contestó preguntas de NotiCel sobre cuál era ese arreglo de pago al que se refería Maldonado de Jesús a cambio del uso de la firma, no indicó si tenía evidencia para sostener sus declaraciones escritas y no abordó información que llegó a NotiCel a los efectos de que había sido entrevistado por autoridades federales sobre esta transacción.
El ejecutivo dijo que no tenía conocimiento de la supuesta reunión en la que los directivos de Apex habían acordado autorizarlo como su representante en el negocio con el gobierno y adelantó que tomaría acciones legales contra las personas “que trafican en la especulación”.
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