Expertos señalan que algunas de las medidas impuestas durante la emergencia violan el derecho a la intimidad y de asociación.

Desde que implementó la primera orden ejecutiva para decretar un toque de queda ante la llegada del coronavirus a Puerto Rico, asomaron cuestionamientos relacionados a la posible violación de los derechos civiles y la libertad de movimiento.

En un inicio, todo parecía simple: todos encerrados durante el día, a excepción de los empleados de los llamados servicios esenciales y nadie en la calle a partir de las 9:00 de la noche. Las salidas diurnas, fueron limitadas a citas médicas, compra de alimentos, compra de medicamentos, proveer cuidados a ciudadanos vulnerables y acudir a instituciones financieras.

Dos semanas después, llegó una nueva orden. Esa apretó el cinturón aún más. Las salidas diurnas continuaron limitadas a satisfacer necesidades esenciales. Pero la directriz añadió otra prohibición. Solo se podía circular por las vías públicas en determinados días, dependiendo de número de la tablilla de carro. En vez de siete días, los supermercados empezaron a operar seis días, y el toque de queda comenzó se adelantó, a las 7:00 de la noche. También quedaron prohibidas las tertulias o fiestas en el hogar.

Pese al consenso generalizado sobre la idoneidad del distanciamiento social para frenar la propagación del COVID-19, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) intentó impugnar sin éxito las disposiciones de la orden que pretenden castigar las tertulias en el hogar de amigos, con una multa de hasta $5,000 o hasta seis meses de cárcel.

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“Durante la vigencia de esta Orden, el dueño y/o la persona a cargo de una residencia que permita que personas ajenas a su núcleo familiar se congreguen para llevar a cabo reuniones, tertulias, fiestas o cualquier actividad no permitida en esta orden en dicha residencia y su entorno, será considerada una violación a la orden ejecutiva y estará sujeto a las penalidades establecidas por ley”, lee la orden vigente.

“Con relación a las tertulias en las residencias, sí viola el derecho a la intimidad de las personas porque no puedes decidir quién entra en tu casa o no. Eso lo decide la persona que vive ahí, así que sí raya en violación a los derechos constitucionales”, indicó a NotiCel la licenciada Ana Quintero.

“Entendemos que lo que se pretende es que se evite la aglomeración de personas para evitar el contagio, pero la manera en que está redactada (la orden) no es así, y con esta manera como está escrita es suficiente para ver que viola completamente los derechos constitucionales”, añadió.

Al coincidir con los planteamientos de Quintero, el licenciado Ernie Cabán destacó que, al final del día, los derechos constitucionales prevalecen, ya que los agentes no pueden entrar en la residencia, a menos que tengan una orden de registro y allanamiento, algo que conlleva un protocolo.

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“Desde el punto de vista de estricto derecho, se puede interpretar como una violación a la intimidad del hogar, lo que pasa es que el estado de emergencia nacional justifica al Estado tomar medidas que, en circunstancias normales, constituirían una violación al derecho de la intimidad. Eso no significa que el Estado puede entrar e invadir su residencia por estar cometiendo un acto en contra de la ley o de la orden ejecutiva. A pesar de la orden y del estado de emergencia, un Policía no puede entrar a la residencia porque recibió la información de que ahí hay una tertulia. Los derechos a la intimidad están iguales que antes del estado de emergencia”, explicó Cabán.

Es decir, el agente que llegue a la residencia en donde está ocurriendo la tertulia, tendría que seguir un proceso de ley similar al que se realiza cuando hay un señalamiento de que en una residencia hay sustancias controladas. “El agente tendría que ir al tribunal a buscar una orden de allanamiento y demostrar al tribunal que se está cometiendo una violación a la ley”, dijo.

El abogado explicó que la orden ejecutiva tiene unas limitaciones que los derechos constitucionales están protegiendo, ya que, si la Policía llega y las personas no salen de la residencia y deciden permanecer en el interior toda la noche, los agentes del orden público no pueden intervenir ni con los residentes, ni con los invitados. En cambio, si alguno de los invitados decide salir, podría ocurrir una intervención por violar la disposición de la orden ejecutiva, que establece el horario del toque del queda.

La tercera orden ejecutiva, que entró en vigor ayer y se extiende hasta el 3 de mayo, trajo consigo otra disposición: la utilización de mascarillas para salir de compras.

En la orden ejecutiva se establece que “toda persona que visite los establecimientos que por disposición de esta Orden Ejecutiva puedan abrir al público en ciertos horarios, deberán cumplir con las siguientes medidas de protección: a) cubrirse el área de la boca y la nariz con una mascarilla o bufanda de tela u otro material…”

Según Cabán, “lo que establece la orden es un deber, no una obligación, y exhorta a los comerciantes a no permitir la entrada al lugar a menos que tengan mascarillas y guantes, pero no están obligados".

“En derecho, el término ‘deberá’ tiene un grado de discreción y en la orden se establece ‘deberán cumplir con las medidas de protección’. Si la intención fuera crear un delito, tiene que establecerlo, y ese no es el lenguaje que se usa. Esto es algo que se puede terminar aclarando en un tribunal”, señaló.

La interpretación del también exfiscal contrasta con las expresiones del secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, quien sostuvo que cada ciudadano que salga de su casa tiene la obligación de cubrirse la boca y la nariz”, y que de no cubrirse el rostro estaría en violación a la orden ejecutiva.