La mandataria presentó ayer su caso como una fiscal, pero hay varias preguntas sin contestar tras su exposición ante el Pueblo.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, descartando la mascarilla sanitaria que había usado el domingo pasado y descartando también la mascarilla de primera ejecutiva para presentarse como la abogada litigante que no ha dejado de ser, presentó al jurado del pueblo de Puerto Rico su alegato en defensa de su credibilidad y de las transacciones de compra de ventiladores y de pruebas rápidas por la emergencia del COVID-19 en Puerto Rico.

La respuesta del Gobierno de Puerto Rico a la pandemia está en entredicho desde antes de que empezara, cuando la postura del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, y de la exepidemióloga del Estado, Carmen Deseda, era que el coronavirus no llegaría a la Isla porque azotaba en China y ese país estaba muy lejos de Puerto Rico.

Pero, la más reciente fuente de controversia son las expresiones de la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, al renunciar el 26 de marzo y denunciar la intervención de al menos tres personas del equipo de confianza de Vázquez Garced con lo que la exfuncionaria consideraba eran contrataciones y movimientos indebidos en el Departamento.

También, la transacción de $38 millones para que una compañía especializada en construcción proveyera en cinco días un millón de pruebas diagnósticas de COVID-19.

La conferencia de prensa ayer ocurrió el mismo día que Quiñones de Longo comenzó su testimonio en la Cámara de Representantes, pero la teoría de defensa de Vázquez Garced, sin embargo, tuvo deficiencias llamativas, a saber:

-El correo electrónico que “condena” a Quiñones de Longo

La alegación principal de Quiñones de Longo es que la ayudante especial de la Gobernadora, Marisol Blasco Montaña, la presionó para que firmara “en 20 minutos” un contrato de ventiladores artificiales que se comprarían a Puerto Rico Sales & Medical Services (PRSMS) por $13 millones que llegarían en 16 a 20 meses, período que la exfuncionaria objetó por ser muy tarde para atender la emergencia.

La Gobernadora impugnó la credibilidad de la exfuncionaria diciendo que “yo vi el correo electrónico que ella recibió el 24 de marzo sobre ventiladores” y que ese correo daba cuenta de que el suplidor se había equivocado con el período de tiempo de entrega.

La Gobernadora no entregó copia de ese correo que ella vehementemente aseguró que leyó. Después de la renuncia de Quiñones de Longo, llegó el actual secretario, Lorenzo González, quien divulgó varios documentos reseñados por NotiCel.

Una cotización de PRSMS, en poder NotiCel, con fecha del 23 de marzo, dice que la entrega sería en “16-20 semanas”.

Para ver la cotización de ventiladores de PRSMS pulse aquí.

Sin embargo, no fue sino hasta el 27 de marzo, que el suplidor se comunicó por correo electrónico con los funcionarios de Salud para aclarar que se equivocó en la fecha de entrega, y que se refería a 16-20 semanas y no meses. Estos correos electrónicos de PRSMS, divulgados por el titular de Salud, tiene fechas posteriores a la renuncia de la exsecretaria interina Quiñones de Longo.

Para ver el correo, pulse aquí.

Quiñones de Longo se fue el 26 de marzo y el correo que entregó González indica que el 27 de marzo el suplidor aclaró su “equivocación” a un grupo de funcionarios en Salud que no incluyó a la exsecretaria interina, pero sí a Adil Rosa Rivera, la secretaria auxiliar de Administración que también ha quedado en entredicho con las órdenes de pruebas rápidas. Luego, Rosa Rivera pasó ese correo el 1 de abril a una persona identificada como Mercedes I. Echevarria Almodóvar.

-La evaluación de la “cotización” de Apex

La controversia de las pruebas rápidas, además del hecho de que el gobierno ha sido incapaz de cumplir con sus promesas de cantidad de pruebas que tendrían disponibles, gira en torno a una orden de $38 millones hecha a la empresa Apex General Contractors con término de pago de 50% por adelantado y entrega de un millón de pruebas en seis días.

La defensa de la Gobernadora es que unos siete funcionarios de distintas agencias ejercieron sus funciones para evaluar esta orden de compra. Pero los propios documentos indican que todos esos funcionarios hicieron la evaluación en apenas tres días, lo cual provoca la duda de cuán minucioso fue el análisis. Además, ayer mismo en el Capitolio, Rosa Rivera dijo que no había autorizado la compra.

También, la Gobernadora no tuvo respuesta a las preguntas de cómo en ese análisis cuidadoso nadie había verificado si la empresa estaba vendiendo a sobreprecio y si realmente podían entregar en cinco días.

Esto, a pesar de que la entrega en cinco días fue la razón que ofreció la Gobernadora para que se escogiera a Apex en vez de a otra empresa, 313 LLC. Más al punto, finalmente lo que ocurrió es que Apex no pudo entregar en cinco días. De paso, la Gobernadora no abordó de ninguna manera el hecho de que Apex y 313 comparten en su plantilla al ejecutivo Juan Suárez Lemus, donante del Partido Nuevo Progresista.

Vea: Apex esperaba ganar $8.5 millones por venta de pruebas rápidas al Gobierno

-La presencia de funcionarios en la conferencia

Para darle una inyección de credibilidad a su alegato ante el jurado, la gobernadora dijo que tenía presentes a los funcionarios que podían responder por la corrección de los trámites con los ventiladores y las pruebas.

Sin embargo, no estaban las tres personas a las que Quiñones de Longo implicó por nombre y apellido en las presiones y procesos cuestionables: Rosa Rivera, Blasco Montaña y el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, a quien la exsecretaria identificó como la persona que le dijo que no podía sacar a la jefa de personal de Salud, Mabel Cabeza, porque era “indispensable”.

De hecho, Cabeza tampoco estuvo en la conferencia, presumiblemente porque González la destituyó de su cargo, aún cuando La Fortaleza la había mantenido por encima de las objeciones de Quiñones de Longo.

-Todo está bien porque nadie confesó que hubo presiones, y si las hubieran confesado...

La estrategia de la gobernadora requería del espectador dos convencimientos aparentemente contradictorios. Por un lado, que la que hablaba era una fiscal con autoridad para decir cuándo es que algo está bien hecho y cuándo no, por el otro, que esa fiscal esperaba que un funcionario de gobierno confesara, y hasta dejara por escrito, cualquier presión que hubiera recibido para evaluar favorablemente la transacción con Apex.

“Nadie me ha informado que alguien indebidamente influyera en ello, que las comprara porque hubiera una amistad”, argumentó Vázquez Garced para reforzar su propuesta de que no hubo influencias externas en la evaluación del negocio con Apex porque, si no, los mismos funcionarios se lo hubieran dicho o lo hubieran hecho constar.

Como fiscal presentando su caso, tuvo el llamativo giro de confesar que no había corroborado lo que le decían sus testigos, los funcionarios que evaluaron el negocio, porque en varias ocasiones se liberó de responsabilidad diciendo que solo repetía lo que ellos le dijeron.

Además de las grandes cantidades de ingenuidad que exige la propuesta de que las influencias indebidas iban a ser confesadas, el propio ejemplo de Quiñones de Longo ilustra qué pasa cuando una funcionaria confiesa presiones indebidas.

Cuando se le preguntó a la Gobernadora por la denuncia de la exfuncionaria de la presión a la que la sometió Blasco Montaña para firmar el contrato de ventiladores, Vázquez Garced dijo en la conferencia que “la información que tengo es que eso (la presión) no es correcto” y procedió a atacar su credibilidad asegurando que la exfuncionaria decía cosas que “evidentemente” eran incorrectas.

-La ilusión de que hay diferencias entre un contrato y una orden de compra

La aseveración, reiterada, de la Gobernadora de que el trámite con Apex quedaba exento de cualquier consideración que tuviera un contrato, incluyendo la aprobación de la Junta de Control Fiscal, sencillamente choca con lo que es el derecho en Puerto Rico sobre los contratos, que pueden estar perfeccionado aunque sea de boca y que, en el caso del gobierno, lo que se requiere es que estén por escrito.

Los documentos que presentó La Fortaleza convenientemente favorecen a la gobernadora porque solo se incluyó la orden de compra de la Administración de Servicios Generales firmada por Guarina Delgado García como representante de la agencia y la cotización que sometió Apex el 25 de marzo, que no tiene la firma de nadie.

El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, anoche vinculó a Delgado García con KOI, la agencia de publicidad ligada a la campaña y la administración de Ricardo Rosselló Nevares y cuyo presidente, Edwin Miranda, fue parte del chat de Telegram que desembocó en la renuncia de ese gobernador.

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En la entrega de documentos se omitió la factura del 26 de marzo, en poder de NotiCel, que contiene todos los elementos requeridos para que el documento se constituya como un contrato escrito entre las partes.

Tiene las firmas del comprador y el vendedor, la indicación de cuál es el bien a adquirirse, el precio, los términos de pago y entrega y hasta la cláusula de que ningún funcionario público se beneficia del negocio.

En fin, los elementos básicos de un contrato y hasta más, porque sin haber recibido las pruebas, y presumiblemente para justificar el raro trámite de pagar por adelantado, se asegura que certifica que los artículos fueron recibidos, lo cual nunca sucedió. Por parte del gobierno, el documento lo firma el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastre, José Burgos.

Para ver la factura firmada, pulse aquí.

A la vez que el 25 de marzo Apex sometía su cotización, y antes de la firma del 26, la Gobernadora promulgó la Orden Ejecutiva 2020-27 para flexibilizar los procesos de compra relacionados con la emergencia.

La insistencia de la Gobernadora ayer ocurrió a pesar de la carta del lunes en la que la Junta le recuerda que los “contratos y acuerdos” de más de $10 millones deben someterse a la aprobación de ellos con antelación y que el acuerdo con Apex sería inválido.

“Creo que ya lo expliqué”, contestó tajantemente Vázquez Garced, cuando se le insistió que explicara esa distinción entre una orden de compra y un contrato.

Para ver la carta de la Junta sobre el acuerdo con Apex, pulse aquí.

Los documentos que entregó La Fortaleza encubren también la representación falsa que hizo la gobernadora cuando dijo que la cotización de Apex fue “corregida” para bajar el precio.

La realidad, según los documentos que tiene NotiCel, es que el 25 de marzo hubo una cotización de 200,000 pruebas por $9.9 millones y que, cuando el pedido de Salud aumentó a 1 millón de pruebas, hubo un ajuste en el precio por unidad que resultó en la orden de $38 millones.

Para ver la cotización por 200,000 pruebas, pulse aquí.