Tres días de trámites frenéticos dejaron cero pruebas de COVID-19, pero muchas dudas

El millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 que el Gobierno de Puerto Rico compraría a la empresa Apex General Contractors por $38 millones tuvo un trámite de unos tres días, involucró a cinco agencias y culminó en uno de los múltiples anuncios del Task Force médico sobre preparativos para la pandemia que no se cumplen.

La cantidad de $38 millones se pactó después de que el Departamento de Salud le dijera a la empresa que, en vez de una cotización de 200,000 pruebas, le mandaran otra por un millón de pruebas, según una serie de documentos a la que tuvieron acceso ayer algunos medios de comunicación, y a información adicional que NotiCel obtuvo por fuentes involucradas en el trámite gubernamental.

Los documentos no indican quién, por encima de Salud, puso a correr la relación del Gobierno con Apex.

Los documentos cubren aproximadamente del 25 al 27 de marzo pasado. Con el negocio pactado el viernes 27, la directora ejecutiva interina del Centro Comprensivo de Cáncer, y miembro del "Task Force" médico del gobierno, Marcia Cruz Correa, informó el sábado 28 de marzo que Salud había ordenado 1,350,000 pruebas, incluyendo 1,000,000 a una compañía de Australia del tipo serológica, o "rapid test".

Es a esa orden que corresponde el negocio hecho con Apex que, contrario a lo reportado después, no obtuvo sus pruebas en China sino en Australia, bajo un método de excepción de la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) que permite el uso de pruebas y aparatos que todavía no han pasado por la evaluación regular de la agencia siempre y cuando sean etiquetadas como tal.

“Estamos tratando de conseguir pruebas de donde no hay… No hay pruebas y estamos haciendo cosas indecibles. Estamos luchando contra el mundo. No es que no queramos hacer las pruebas, es que está bien difícil conseguirlas”, dijo en esa misma conferencia de prensa el ginecólogo obstetra Juan Luis Salgado, otro miembro del grupo asesor médico, y según citado por el Centro de Periodismo Investigativo.

Los días cruciales de la transacción con Apex fueron del 25 al 27 de marzo, a la vez que corrían órdenes de pruebas con otros suplidores y cuando el Departamento de Salud tenía su segundo remezón de la crisis con las renuncias de la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, y la secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo.

El desmoronamiento del negocio con Apex, después de que este domingo El Nuevo Día publicara que la empresa se dedica a la construcción y que el pacto implicó que se le pagaran $19 millones adelantados, reduce ese millón de pruebas que llegaría a unos 351,500 ordenadas a los suplidores Castro Business, 313 LLC y Maitland 175, según documentos divulgados por Salud.

La empresa 313 tiene como socio a Juan Suárez Lemus, un donante del Partido Nuevo Progresista que integró el grupo de plataforma del exgobernador Luis Fortuño, y fue vicepresidente de Servicios Generales y Recursos Técnicos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses durante la administración del exgobernador Pedro Rosselló González.

Vea: Rompe el silencio empresa vinculada a pruebas de COVID-19 y dice que Salud los contactó

Tanto 313 como Suárez Lemus emitieron declaraciones ayer con el propósito de distanciarse una de la otra y subrayando que no hay vinculación entre ambas, pero las compañías tienen ejecutivos que se intercambian. Suárez Lemus es socio de 313 y Ricardo Vázquez figura tanto en 313 como en Grupo Lemus, como su agente residente. Al preguntársele a 313 por estas vinculaciones, dijeron que Suárez Lemus “es un miembro más de la organización” y que la función de Vázquez en Grupo Lemus “se circunscribe a lo que se conoce como servicio en proceso, es decir, una persona que puede recibir documentos oficiales en nombre de la corporación”.

Hasta el año pasado, Grupo Lemus tuvo los servicios del licenciado Juan Maldonado de Jesús, quien tuvo varios cargos en el área de transportación en la Administración de Ricardo Rosselló Nevares, incluyendo director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo. Actualmente, Maldonado es abogado de Apex.

Como la constante promesa de compras de ventiladores, y la del "dashboard' del progreso de COVID-19 que se supone se publicara hace más de una semana, el aumento de la capacidad para realizar pruebas diagnósticas en la isla sigue como una promesa incumplida. Precisamente hoy, la entidad Espacios Abiertos actualizó su comparación de cuántas pruebas realiza Puerto Rico por cada 100,000 habitantes en comparación con las otras jurisdicciones de Estados Unidos y concluyó que estamos en penúltimo lugar de todas.

El trámite con Apex

El tracto que reflejan los documentos es que el 25 de marzo de 2020, Apex sometió al Departamento de Salud dos cotizaciones, una de 250 ventiladores (dos modelos distintos, total de $4.6 millones) y otra de 200,000 pruebas rápidas de la compañía australiana Promedical (por $9.9 millones a $74.95 cada una).

El día siguiente, 26 de marzo, Salud le acepta una cotización de un millón de pruebas a $38.00 cada una para un total de $38 millones pagadero 50% de inmediato y 50% el 31 de marzo, cuando se supone fuera entregado el cargamento al Gobierno.

Una hoja de trámite de carga aérea con fecha del 26 de marzo hecha por el propio Apex indica que el costo del cargamento para ellos era de $29.50 para cada prueba, un total de $29,950,000 y una ganancia para Apex de $8.50 por prueba ($8.5 millones).

Vea: Anticipo de $19 millones a Apex General Contractors incumple con reglamentos del Gobierno

Con la cotización del millón de pruebas aprobada, se alinearon en menos de dos días los procesos en Salud, el Departamento de Seguridad Pública (DSP, a través del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres), la Administración de Servicios Generales (ASG), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda para dar paso al desembolso del primer pago, $19 millones por adelantado. Todo esto sin que la gobernadora Wanda Vázquez Garced supiera nada, según alegó la también exsecretaria de Justicia en una conferencia el domingo pasado.

La representación de desconocimiento de parte de Vázquez Garced ocurre a pesar de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) es una dependencia de La Fortaleza y de que, en comparación, $19 millones representaría el 50.6% de los $37.5 millones del Fondo de Emergencia que el gobierno ha gastado en atender la pandemia.

Los documentos a los que se tuvo acceso hoy indican que a Hacienda se le involucró el viernes 27 de marzo mediante una carta de la Directora Interina de Asuntos Fiscales y Presupuesto del DSP al secretario auxiliar de Contabilidad Central en Hacienda, Alfonso Rossy Raíces.

De la carta resalta que la directora interina, Arlene Disdier Ortiz no la firmó, lo hizo Vanessa Figueroa Colón, a quien Disdier había autorizado a firmar el día antes, el 26 de marzo, mediante un correo electrónico que no daba razones para la delegación de autoridad temporera.

Otros funcionarios que aparecen en el trámite son: Yara Torres Marín (como delegada compradora del Negociado), José Burgos Vega (como comisionado del Negociado), Evelyn Cumba (del Negociado), Nelson Elías (de la Administración de Servicios Generales), Graciela Malavé (del Negociado) y Guarina Delgado García (del Negociado).

El 2 de abril, el comisionado Burgos suscribió carta cancelando el contrato a Apex y exigiendo la devolución del pago de $19 millones consignando que, a la fecha de la carta, las pruebas que se supone se recibieran el 31 de marzo todavía no se habían recibido.

Vea: Junta de Control Fiscal levanta bandera por contrato fallido de pruebas de COVID-19