Aseguró que declararía bajo juramento sobre los 500 "test kits".

Hasta el mejor entendimiento de la exsecretaria del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, 500 equipos de prueba (“test kits”) para detectar el coronavirus, o COVID-19, se entregaron sin seguir los debidos procedimientos administrativos de la agencia y por encima de sus órdenes, pese a que suponía ser una de las autoridades máximas en esta emergencia.

La preocupación ulterior de Quiñones de Longo, quien conversó con NotiCel, reside en que los fallos administrativos se conviertan en la norma en medio de la pandemia, lo que podría influir en quién o quiénes reciban el material necesario para hacer las pruebas de esta novel enfermedad, que ya ha cobrado la vida de tres personas en Puerto Rico.

Esto, sumado al agravante que el propio Gobierno de Puerto Rico ha reiterado sobre la escasez de “test kits” en la Isla y el mundo.

“Estamos hablando de propiedad del gobierno. Ya el laboratorio de nosotros tenía un plan de recibirlos, entregarlos y usarlos. Ahora que no estoy allí, yo no sé si eso se siguió”, declaró Quiñones de Longo.

La exfuncionaria no atribuyó a este incidente la motivación única detrás de su renuncia, la cual confirmó fue efectiva el jueves, sino que apuntó que era una de muchas razones. Entre ellas, también aludió a diferencias con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y al hecho de que la manera en que estaba diseñada la respuesta gubernamental a la emergencia del COVID-19 la obligaba a seguir órdenes de terceros.

“Las razones de mi renuncia son muchas, pero yo entiendo que con 45 años de servicio público no se me puede señalar nada irregular y en realidad, aunque sea un periodo de emergencia, entiendo que todas las gestiones del gobierno se pueden hacer exigiendo reglamentos. No hacer eso no es excusable. Entiendo que habían diferencias entre el Ejecutivo y yo, yo tenía que hacer caso a otro en esta situación”, reiteró Quiñones de Longo.

Al ser abordada sobre la salida de la funcionaria el jueves mismo durante una conferencia de prensa, Vázquez Garced señaló que no tenía problemas con su desempeño, pero no quiso detallar las razones detrás de la renuncia. En ese encuentro, la Gobernadora delegó más responsabilidades para el manejo de esta emergencia al grupo de trabajo de profesionales de la salud, o “task force”, que creó para que la asesoraran respecto al COVID-19.

PDF: Carta exsecretaria de Salud sobre 500 test kits

Tras el anuncio, no quedó claro cómo los cambios trastocarían el rol de Salud. Sí quedó plasmado que el “task force” cobraría mayor protagonismo en los anuncios venideros sobre nuevos casos de coronavirus, en el manejo y distribución de pruebas y en el cernimiento y la vigilancia de los contagiados, tareas asociadas a Salud.

En esa conferencia de prensa, que comenzó a eso de las 5:30 p.m., también se anunció el nombramiento del nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano. Según lo expresado por Quiñones de Longo, ella aún se encontraba en la agencia a esa hora finiquitando sus labores, las que culminó a eso de las siete de la noche.

La exfuncionaria constató el fallo administrativo de los 500 “test kits” provenientes de la empresa Quest Diagnostics en una carta dirigida al comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD), el general José Burgos. En ella, afirmó que los “test kits” no llegaron al Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud.

Este laboratorio es el único autorizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para realizar y validar las pruebas de COVID-19 en la Isla.

En su lugar, según la carta, el gerente general de Quest, Miguel C. Ribas, recibió instrucciones de una persona no identificada para cambiar el lugar de entrega de los “test kits” al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la persona designada a recibirlas, en este caso a Mabel Cabeza Rivera.

“Yo no estoy diciendo que desaparecieron y que alguien se las robó, solo digo que para que haya un procedimiento administrativo conforme, adecuado de hacer inventario, no se siguieron los parámetros. Cuando una agencia hace una compra, la requisición de compra, uno registra esa mercancía y la almacena de forma adecuada, mi señalamiento es que no se siguió ese proceso en la agencia. Alguien le cambió las instrucciones a Ribas y él las siguió”, expresó Quiñones de Longo.

Es decir, una persona no identificada, pero con autoridad indiscutible, impartió órdenes distintas a las de Quiñones de Longo, pues la exfuncionaria recalcó que las pruebas debían ser recibidas por personal del laboratorio de Salud, como Mayra Toro o Gonzalo González.

Quiñones de Longo había regresado a la agencia de la mano del doctor y entonces secretario Rafael Rodríguez Mercado, para fungir como subsecretaria.

Cabeza Rivera, por su parte, fungía como jefa de personal, o “Chief of Staff” de Rodríguez Mercado hasta que fue destituida el 19 de marzo por Quiñones de Longo. Aunque permaneció en Salud, desde La Fortaleza se le designó como colaboradora del “task force”.

“No recibí ninguna prueba. Probablemente el general Reyes [de la Guardia Nacional], al saber que yo estaba presente, entendió que yo la recibí pero nuevamente yo NO recibí ninguna prueba, ni soy la encargada de recibir las mismas. La evidencia de recibo (que será divulgada próximamente) claramente demuestra que quien la recibió y firmó por ellos y además las repartió fue personal del Departamento de Salud, Sra. Adil Rosa, secretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud", argumentó Cabeza Rivera en declaraciones escritas.

Luego de Cabeza Rivera, según la exsecretaria de Salud, recibió una foto del doctor Juan Salgado con las cinco cajas que contenían los “test kits” en el tercer piso del COE.

Salgado es uno de los integrantes del “task force” médico de la Gobernadora.

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“No me preocupó en el sentido de que el doctor Salgado las iba a coger para llevárselas a su casa. Lo que pasa es que yo no sé si el doctor Salgado firmó un acuse de recibo o qué hizo. Yo no sé nada de eso. Es un seguimiento administrativo lo que estoy haciendo. Ayer (el jueves), hasta mi salida a las cinco de la tarde, yo no había recibido eso. Mi preocupación es que esto se vaya a convertir en un patrón. En un estándar”, explicó Quiñones de Longo.

En declaraciones escritas, el “task force” desmintió que las pruebas estuvieran perdidas, no obstante, no abordó el fallo administrativo mencionado por Quiñones de Longo. Basado en la información compartida, que incluyó la publicación de hojas de trámite, 495 “test kits” fueron entregados a nueve hospitales, mientras que los cinco restantes permanecieron bajo custodia del “task force” para “propósitos de orientación de la comunidad”.

En los acuses de recibo, aparece el nombre de Adil Rosa Rivera, secretaria auxiliar de Salud, como a quien le fueron entregadas las pruebas, tal como adelantó Cabeza Rivera.

También, Rosa Rivera es quien envió carta a Ribas para certificar que Quest Diagnostics entregó el producto. Todos los documentos tienen la fecha del 26 de marzo.

“La carta que yo escribí relata un incidente verídico y al cual yo me adhiero. Si la Cámara de Representes hiciera una investigación y me citara, yo me sometería al proceso y a contestar todas las preguntas. Es ‘accountability’ de lo que yo hablo”, subrayó Quiñones de Longo.

La Cámara de Representantes mantiene activa una investigación legislativa sobre estructuras de mando paralelas en el Departamento de la Familia, reflejadas en la entrega de suministros federales tras los terremotos en enero y que han implicado directamente a La Fortaleza bajo el mando de Vázquez Garced. Paralelo a esa pesquisa, existe otra sobre el manejo de suministros en el almacén de Ponce, también tras los sismos registrados en el sur de la Isla.

De acuerdo a la exfuncionaria, el fallo administrativo con los “kits” podría repercutir en que se lacere el inventario con los que cuenta Salud y el Gobierno de Puerto Rico para el COVID-19.

Para el laboratorio que entregó las pruebas, según Quiñones de Longo, el fallo administrativo podría redundar en problemas con el cobro de dinero por el cual se establecería el contrato. Hasta el último minuto de la salida de la funcionaria de la agencia, el acuerdo con Quest Diagnostics no se había pagado.

Quiñones de Longo no quiso pasar juicio sobre si hubo o no intención criminal con este fallo, solo le preocupa “que se hagan las cosas bien”.