En una declaración jurada sometida durante el caso por el Comisionado del NIE, el Lcdo. Héctor López Sánchez, dijo que “el contenido del informe hace referencia a once anejos que forman parte del informe”. Las entidades de periodistas reclamarán la entrega de los mismos, adelantaron.

Del documento entregado se puede concluir que el almacén de Ponce era conocido y había estado en uso. No tenía una persona a cargo, y se había usado para distribuir suministros durante eventos como la sequía de 2019 y luego incluso, a raíz de los terremotos, se distribuyeron suplidos a Peñuelas y Yauco, según el informe. Esto debilita la versión de la Gobernadora de que ella ni su equipo cercano sabían de la existencia del almacén y su contenido.

Vea el informe aquí.

Se desprende del informe que a partir del incidente del almacén, se hizo un inventario detallado del contenido por la Guardia Nacional, y un registro de los suministros entregados a la fecha, lo que levanta la pregunta de si ese inventario y registro existían antes, o si había un descontrol de los suministros. Indica además que el registro comenzó a ser revisado a diario por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) una vez la ciudadanía conoció de su existencia.

El informe es un documento incompleto, además, porque indica que el mismo día en que se emite es la fecha en que estaban recibiendo documentación solicitada al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y que faltaba documentación adicional.

“Este caso demuestra las mentiras que el Gobierno es capaz de elucubrar para engañar a la gente. Y de una vez, este caso nos recuerda el valor de la prensa fiscalizadora, incisiva, persistente. Porque cuando un gobierno miente, la prensa debe desenmascararlo”, dijo la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez.

“La Gobernadora derrochó recursos públicos. Desde el primer día que se le entregó ese informe, debió hacerlo público, pero prefirió ocultarlo a toda costa. Esta acción es absolutamente contradictoria con el discurso hueco de transparencia que tantas veces se le ha escuchado pronunciar”, manifestó por su parte Carla Minet, directora del CPI.

En una carta que acompaña la entrega, la Secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, expresa su desacuerdo con la sentencia. “A pesar de que diferimos de la determinación, el Tribunal Apelativo establece que dicho documento no es parte de la investigación del Departamento de Justicia, no es de naturaleza criminal, no revela la identidad de un confidente, ni contiene información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso”, dijo.

“La posición del Departamento de Justicia es que la divulgación de este documento impacta negativamente la investigación criminal en curso en nuestra agencia. Consideramos además, que los tribunales se contradicen al indicar que el documento no revela la identidad de testigos cuando nos han ordenado tachar el nombre de un testigo y el documento provee otros indicios que pueden permitir la identificación de las otras personas entrevistadas en el curso de la investigación. El documento también enumera, como parte de la investigación, los documentos solicitados, los lugares visitados y las gestiones realizadas por el personal investigativo. Esta información, de por sí, revela la estrategia y el curso de la investigación. El hecho de que los tribunales no encuentren, a su juicio, que el documento revela información de calidad probatoria extrema, no hace que el mismo no sea confidencial ya que revela información de una investigación en curso, por ínfima que se considere que sea. Crear esta excepción porque la calidad del informe no es de su agrado, o no revela todos los detalles que quisieran conocer, afectará de manera irreparable investigaciones futuras en detrimento del Pueblo de Puerto Rico. Esta decisión trastoca innecesariamente el balance de interés que nuestro actual ordenamiento jurídico ha establecido para garantizar que el Departamento de Justicia pueda hacer justicia a las víctimas de delito y a nuestra ciudadanía”.

Vea la comunicación de la Secretaria aquí.

“El Gobierno dijo que el informe era parte de un expediente investigativo del Departamento de Justicia. Pero el tribunal dijo que el informe ‘no es de naturaleza criminal’. Mintieron. Dijo que divulgar el informe iba a conllevar revelar la identidad de testigos y confidentes. Los tribunales le dijeron que el informe no revela la identidad de nadie. Mintieron. Dijo que contiene información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso. Es absurdo. Este documento ni siquiera debe catalogarse como un informe. No tiene ningún detalle. Es una chapucería. Pero era importante que se conociera, para que la gente vea cómo se usan sus contribuciones”, indicó Carla Minet.

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