Representantes de unos 36 grupos sindicales y obreros, así como 18 portavoces de entidades sin fines de lucro salieron parcialmente satisfechos de sus respectivas reuniones con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se mostró dispuesta a escuchar sus reclamos, no tanto así a tomar acciones concretas inmediatas.

Por un lado, los sindicatos reiteraron que no ingresaron al cónclave con la esperanza de que la Primera Ejecutiva ejecutara con premura, pero continuarían 'ojo avizor' con sus gestiones durante los próximos meses para determinar si el encuentro fue productivo o mero protocolo.

'Nosotros fuimos a decirle a la Gobernadora que fuimos parte del pueblo que se tiró a la calle en contra de la corrupción y le dijimos que la puerta más grande que tiene la corrupción es la privatización, le pedimos que se alejara de la corrupción que seguía en La Fortaleza en las pasadas semanas', expresó Eric Sevilla, presidente de la Federación Central Trabajadores.

El cónclave, celebrado en La Fortaleza y de poco más de una hora, abordó de forma superficial varios temas, con la promesa de que cada grupo tendría reuniones individuales con Vázquez Garced en el futuro. Entre ellos se encontraron preocupaciones sobre los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Junta de Control Fiscal (JCF), los convenios colectivos en las distintas agencias y la transportación de alimentos desde y hacia las islas municipios Vieques y Culebra.

'Yo no hablé [en la reunión] porque yo creo que es repetitivo. La Gobernadora sabe los problemas que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese sentido nos tenemos que enfocar en los asuntos que preocupan al pueblo, porque esta lucha, esto de tener un Gobernador nuevo fue una lucha de pueblo, pero ella perdió la oportunidad de decir que su política pública es de cero privatización', señaló, por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

Según los participantes, la Gobernadora se reafirmó en que haría frente a la JCF en términos del presupuesto e indicaron que si tenía la valentía de tirarse a la calle a protestar la permanencia de la entidad financiera, la respaldarían.

Por otro lado, miembros del sector universitario se quedaron esperando una respuesta más categórica por parte de Vázquez Garced en cuanto a la defensa del primer centro docente del país, ya que ella ha reiterado que es producto del sistema de educación pública.

En su primer mensaje televisado como gobernadora, Vázquez Garced reiteró que estudió en una escuela pública, la Escuela Ramón Marín Solá en Guaynabo, la cual visitó el día en que comenzaron las clases en compañía del secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez.

En la reunión, mencionó nuevamente su trasfondo escolar, pero no hizo compromisos concretos respecto a los recortes presupuestarios millonarios en la UPR que alcanzaron los $247 millones únicamente en el año fiscal 2017-2018, según el Memorando de Presupuesto de la institución.

'El compañero vicepresidente de la Hermandad le planteó sobre los recortes que hemos estado sufriendo en la Universidad de Puerto Rico más allá de la Junta de Control Fiscal, del Ejecutivo, sino desde hace muchos años más. Le pedimos que la Universidad tiene que ser rescatada. Tenemos que tener una defensa de la Universidad de Puerto Rico y ella se comprometió a darnos una reunión para poder hablar sobre el tema. Creo que todos los que estamos aquí nos hemos ido con esa conclusión, que todos vamos a ser escuchados. Tenemos que entender que fue muy poco tiempo para los reclamos que tenemos todos así que tenemos la expectativa que vamos a tener esas próximas reuniones', declaró Jannell Santana Andino, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend).

Por su parte, Ángel Rodríguez, presidente Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), recordó que 'ella [la Gobernadora] reiteró que era del sistema público y producto de la Universidad de Puerto Rico. Nos hubiera gustado que los planteamientos de la Gobernadora fueran más específicos, pero al momento estamos ojo avizor'.

Entre los grupos participantes en la reunión se encontraron el Frente Amplio de Camioneros, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Unión de Trabajadores de Comunicación, el Sindicato Internacional de Empleados Profesionales de Puerto Rico y la Unión Independiente de Abogados y Abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal.

De acuerdo a los sindicatos, la Gobernadora aseguró que establecería una persona enlace —que no fue identificada— para canalizar los reclamos y mantener la comunicación activa.

Sin fines de lucro salen satisfechas

Por su parte, representantes de unas 18 entidades sin fines de lucro salieron complacidos de su reunión con Vázquez Garced, en la cual le insistieron sobre el rol protagónico y servicial que tienen en el país, especialmente tras el paso del huracán María.

'Satisfechos. El hecho de que durante sus primeros días como Gobernadora citara al tercer sector para ver cuáles eran sus necesidades eso lo respetamos mucho', aseguró Ana Iris Guzmán Torres, cofundadora del proyecto Nuestra Escuela.

Entre las preocupaciones que le plantearon a la Gobernadora se encontró la necesidad de integrarlas aún más en el proceso de recuperación post huracán y la legislación pendiente en el Capitolio que podría perjudicar los servicios y la estabilidad de los fondos que se les asignan.

'Queremos que se considere la cultura como un servicio esencial y la protección al patrimonio como parte del desarrollo económico del país. También, hice el reclamo de que se atendiera la Resolución Conjunta 311 que fue vetada por el gobernador [Ricardo Rosselló Nevares], que básicamente ordena a hacer un inventario de obras de arte en edificios públicos y evita que perdamos nuestro patrimonio', solicitó, por su parte, Marianne Ramírez Aponte, directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo y miembro del grupo Una sola voz.

En el caso de las entidades sin fines de lucro, la Gobernadora les indicó que la persona enlace sería el actual director ejecutivo de la Oficina del Tercer Sector y Base de Fe, Héctor A. Albertorio Blondet.