Sumado a las más de 66 leyes que firmó en un solo día, el gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares y su equipo dieron paso a más de 200 contratos en la Rama Ejecutiva, equivalentes a unos $80 millones, durante su última semana en el cargo. Entre ellos figuran grandes cuantías otorgadas a compañías ligadas a exmiembros de su Administración y a quien nombró como su efímero sucesor, Pedro Pierluisi Urrutia.

Por un lado, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) abrieron la chequera para $10.5 millones cada una para O'Melveny & Myers LLP y Scott M. Favre Public Adjuster, LLC., respectivamente.

La empresa de Favre, además de mantener múltiples contratos con municipios y agencias del Gobierno de Puerto Rico, es representada por Ramón Rosario Cortés, otrora secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza bajo Rosselló Nevares, y Alfonso Orona Amilivia, exasesor legal del Gobernador renunciante en al menos una querella de investigación presentada por la aseguradora MAPFRE.

En marzo, NotiCel supo que la empresa tenía cuatro querellas de investigación en su contra ante la Oficina del Comisionado de Seguros, sometidas desde junio del año pasado por distintas aseguradoras que denunciaron su incumplimiento con el Código de Seguros al someter reclamaciones astronómicas sin fundamentarlas.

Parte del equipo legal de Favre, se supo, es Andrés 'Andy' Guillemard Noble, cuñado de Pierluisi Urrutia. Días antes, el 19 de julio, el Departamento de Hacienda firmó un contrato con Lone Star Insurance Producers, LLC, compañía de Andrés Guillemard Ginorio, padre de 'Andy', por concepto de seguros, tres meses y $297,803.

Favre indicó a este medio digital que dicho contrato consistía de un pago de contingencia que ha sido extendido en varias ocasiones, no de nuevos pactos, pese a que aparece en el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

Por su parte, mediante declaraciones escritas la AAFAF señaló que los fondos para la firma del contrato con O'Melveny & Myers LLP. 'se nutren de una partida específica en el Presupuesto Certificado de la AAFAF destinado a gastos de representación legal para todos los procesos relacionados al Título 3. El presupuesto de la AAFAF para el Año Fiscal corriente contempla $24 millones para administrar los gastos de representación legal y $25.9 millones para costos de asesores financieros asociados a los procedimientos al amparo del Título 3 de PROMESA'.

El pasado martes, gremios del sector privado expresaron su apoyo a Pierluisi Urrutia en su intento de gobernar el país —que posteriormente fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo— tras sostener una reunión con el licenciado en La Fortaleza. Entre los participantes del cónclave se encontraba el ingeniero Alejandro Abrams Gonzalez, de la Asociacion de Contratistas Generales, y uno de los incorporadores de Desarrolladora J.A., Inc., que el 1 de agosto —un día antes de la salida de Rosselló Nevares— recibió un contrato ascendente a $19,469,055 con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico para la reparación o construcción de vías públicas.

Según la Oficina del Contralor, el contrato entra en vigor el 12 de agosto.

Una de las preguntas principales que continúan sin respuestas tras la breve estadía de Pierluisi Urrutia es qué hará con la información confidencial que adquirió tras sus reuniones con jefes de agencias y personal de gobierno y si esos datos podrían ser utilizados para, en un futuro, beneficiar a sus allegados.

Del resto de los contratos firmados en la semana de despedida de Rosselló Nevares, más de 200 igualan o superan los $10,000, por lo que requerían el consentimiento de La Fortaleza aunque no fueran firmados con la Oficina del Gobernador.

La razón de este aval estriba en que el 15 de enero de 2019, el entonces Gobernador firmó una Orden Ejecutiva (OE) que delegó en el Subsecretario de la Gobernación —en ese momento Erik Rolón Suárez— la responsabilidad de 'decidir sobre la aprobación de toda compra, subasta o contratación de servicios o para la adquisición o arrendamiento de bienes en exceso de $10,000 de las dependencias de la Rama Ejecutiva', según el documento.

La medida, identificada como la OE 2019-002, indica que las únicas excepciones a este decreto se encuentran enumeradas en la Ley 3 de 2017 y son: la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y la Oficina del Contralor Electoral. Tampoco se incluyen como parte de la Rama Ejecutiva a la Universidad de Puerto Rico y sus dependencias, ni a los municipios. Por esa razón, esas entidades no fueron incluidas en el conteo de los contratos firmados que aquí se describen.

El alto volumen de contratos aún no se encuentra disponible en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor para su análisis, pero se presume que fueron firmados por los respectivos jefes de agencia con el aval de personal de La Fortaleza.

El 30 de julio, Rolón Suárez indicó que dejaba su cargo a disposición de quien se convirtiera en Gobernador, ya que dos días después a las cinco de la tarde entraba en vigor la renuncia de Rosselló Nevares. No obstante, eso no constituyó una renuncia, pues su cargo de por sí es uno de confianza y siempre está sujeto a quien ocupe la silla Ejecutiva. Por tanto, se presume que Rolón Suárez, quien también ocupa la secretaría del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), continuó sus labores en la Mansión Ejecutiva hasta al menos un día después, cuando Rosselló Nevares lo recomendó para la dirección de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.

Por otra parte, su jefe inmediato, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz, había renunciado a su puesto efectivo el 30 de julio. Luego Llerandi Cruz, quien además dirige la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), se retractó e hizo efectiva su salida a partir del 2 de agosto junto a Rosselló Nevares.

En el Registro de Contratos de la Oficina de la Contralor constan pactos que superan los $10,000 el mismo 2 de agosto o antes.

Algunas de las agencias y dependencias que firmaron contratos mayores de $10,000 en esa semana fueron el Departamento de Educación (DE), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Departamento de Salud (DS), entre otros.

En la lista están, además, $2 millones que AAFAF consignó para el bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez, LLC para servicios legales por espacio de un año, como en los pasados años de acuerdo a la agencia; $900,000 de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) para Professional Legal Counsels, LLC.; $700,000 a la empresa Premier Financial Services, PSC por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para una consultoría administrativa; y $506,319 de Hacienda para la empresa Bacó & Amador Matta Inc., también por concepto de seguros.

En menor cuantía, figura en la lista la contratación por un período de seis días a una empresa incorporada en el Departamento de Estado hace cuatro meses, por un monto de $5,000 con la Oficina del Gobernador.

Esta empresa, identificada como Creative Evolution, Inc., suponía servir de 'enlace entre agencias y municipios para la coordinación de los proyectos de administración con los municipios', además de 'atender los reclamos de los alcaldes de la región'.

El contrato fue otorgado el 24 de julio, o sea, día en que Rosselló Nevares anunció su renuncia, y venció dos días antes de que se hiciera efectiva su salida.