La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) de Puerto Rico evalúa la posibilidad de tomar acciones legales contra la empresa contratada para diseñar y edificar los terminales ubicados en la antigua base naval Roosevelt Roads de Ceiba y en las islas municipios de Vieques y Culebra por incumplir con la obtención de los permisos requeridos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que detuvieron los desarrollos en ese terminal.

Según indicó la directora ejecutiva de la ATM, Mara Pérez Torres, la agencia todavía labora para estabilizar la falta de permisos en ese terminal. Según explicó, la empresa que obtuvo el contrato, SQR Architects & Engineers Consulting, estaba obligada contractualmente a procurar los permisos federales para esa obra, pero no lo hicieron antes que la operación de transporte marítimo se mudara de Fajardo a Ceiba.

'Nosotros sí estamos ahora mismo preparando una acción, investigando y trabajado porque el contratista y la construcción fue el causante de la situación. O sea que sí estamos en miras de estar radicando una acción en contra (en los tribunales)', manifestó Pérez Torres durante una mesa redonda con la prensa en el Centro de Convenciones de Miramar.

Por su parte, el saliente director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Omar Marrero, abundó que el asunto fue referido a un abogado externo que se encargará de evaluarlo y determinar si deben presentar reclamos contra el contratista. Dado que la naturaleza del incumplimiento se basa en violaciones a regulaciones federales ambientales, planteó que los daños aplicables podrían ser triplicados.

'En caso de que sea claro la posibilidad de recobrar, porque no tenemos que entrar a un litigio por entrar a un litigio, queremos estar claro que hay una posibilidad de éxito, y que la persona pague porque al final del día toda persona que se contrate o hace un trabajo tiene que hacer un trabajo dentro las cuatro esquinas de la ley. Si falla, pues tiene que cumplir', declaro Marrero, quien ahora pasará a dirigir la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Los contratos otorgados a SQR se ejecutaron bajo la dirección de Juan Maldonado en la ATM tras la salida del anterior director Luis Abreu Noble. El contrato inicial de SQR tenía un tope de $831,140, pero fue enmendado y aumentado en dos ocasiones por $784,038.94 y por $933,872.50. Una tercera enmienda extendió la vigencia del convenio hasta marzo de este año.

Adicional a esos contratos, y antes que trascendiera que SQR incumplió con los permisos de la EPA, la ATM otorgó en febrero de este año un segundo contrato a esa empresa, con un tope de $47,750, para radicar los permisos señalados en la orden CWA-02-2019-3130. En total, la ATM gastó $2,596,801.44 para una obra cuya vida útil está a contrarreloj.

Tanto la actual jefa de la ATM como el director ejecutivo de la AAPP indicaron que los fondos desembolsados no provenían de asignaciones federales, sino estatales.

Ante el incumplimiento regulatorio del terminal desarrollado, la ATM ahora se apresta a mudar la operación a otro edificio aledaño, una obra que costaría $25 millones y tomaría aproximadamente 9 meses. En esta ocasión, indicó Pérez Torres, están en proceso de gestionar los permisos requeridos para habilitar lo que será el nuevo terminal de lanchas en Roosevelt Roads, y el cual sería costeado en parte con fondos de la Agencia de Transporte Federal (FTA).

Marrero explicó que el incumplimiento regulatorio con el actual terminal de Ceiba no afectó el proceso de licitación para elegir una empresa que asuma la operación de las lanchas mediante el mecanismo de Alianza Público Privada (APP).

'Ese asunto nos cambia la perspectiva del proyecto porque en la medida que no tenemos los fondos federales inmediatamente disponibles tenemos que cambiar un poco el alcance del proyecto y ahí es donde decimos que las mejoras a los muelles y a la infraestructura va a permanecer en el lado del estado porque, obviamente, tenemos que remediar ese asunto', sostuvo Marrero.

A pesar que cinco empresas mostraron interés de participar en el proceso de Solicitud de Propuestas (RFP) efectuado por la AAPP, solo dos presentaron propuestas. Las empresas que mostraron interés, según la AAPP, fueron Balearia Caribbean, HMS Ferries, Priority Roro Services, Puerto Rico Fast Ferries LLC y Seastreak LLC.

Mientras finaliza el trámite para contratar a la empresa agraciada, la empresa Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) continuará proveyendo servicios de transporte hacia las islas municipio. Actualmente, el contrato PRFF vence el próximo 30 de septiembre, sin embargo, Pérez Torres anticipó que el mismo se extenderá nuevamente por entre 6 y 12 meses para proveer tiempo a un proceso de transición a la empresa que operará el sistema en adelante.

La transición, indicó Pérez Torres, deberá comenzar 90 días después de firmar el contrato, por lo que anticipó que en enero del 2020 comenzará el pase de batón. El concesionario comenzaría a operar el sistema antes que culmine el 2020.