Aunque ya se encuentra en el proceso de disolución, la entidad sin fines de lucro Juntos y Unidos por Puerto Rico aún no ha podido sacudirse de los vínculos con la primera dama, Beatriz Rosselló, y sus iniciativas, en parte porque ambas encaminaron esfuerzos dirigidos a los damnificados de los huracanes Irma y María y utilizaron el mismo nombre (Unidos por Puerto Rico) para hacerlo.

La entidad sin fines de lucro privada que encabezó uno de los esfuerzos filantrópicos más grandes que surgieron despues del huracán María aseguró que están listos para probar la distinción que hay entre el período en que 'Unidos por Puerto Rico' era solo una iniciativa de gobierno y el momento en que se convirtió en un esfuerzo privado.

Especificaron que no han recibido requerimientos de las autoridades federales, lo cual parece apuntar a que la mirada que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) da a ese esfuerzo se concentra en los momentos en que fue manejado por el gobierno, y añadió que, igual que le ha pasado a la prensa, a ellos tampoco el gobierno les ha dado copia de la controvertible auditoría que realizó BDO sobre los vagones de ayuda encontrados abandonados en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). A esa auditoría se refería el hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Nieves, en sus alegaciones de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares había ordenado que se alterara para proteger a su esposa.

Además de la colaboración de la estructura pública, la entidad sin fines de lucro contaba con tres miembros ex-officio, o sea, sin voto, en su Junta de Directores provenientes del gobierno: la Primera Dama, el entonces secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, y el exdirector de la Oficina de la Primera Dama, Luis Martínez Suárez. Además, la entidad comparte lo que hasta mayo fue la firma de contabilidad con mayor cantidad de contratos públicos y eje de una acusación federal, BDO Puerto Rico.

No obstante, la entidad trazó una línea entre sus labores de recuperación --para las cuales recaudó cerca de $41 millones-- y el Centro de Acopio, según ideado por la Primera Dama, en donde se recogían y entregaban suministros tras los huracanes y que tuvo su sede en el Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot mediante un contrato que en su momento causó controversia por lo oneroso que resultaba. De hecho, el chef Jose Andres fue crítico de la cantidad de dinero que se pagaba de renta para ese centro.

De acuerdo a la directora ejecutiva de Juntos y Unidos por Puerto Rico, Mariely Rivera Hernández, la entidad sin fines de lucro se incorporó en el Departamento de Estado el 12 de septiembre, pero su labor de distribución de suministros del Centro de Acopio comenzó el 1 de diciembre de 2017.

La entidad nació a partir de una reunión liderada por la Primera Dama con el sector privado tras el huracán. Antes de la fecha de incorporación de la entidad, se consideraban un 'movimiento' porque quien 'tenía los recursos para atender la población, que como nosotros estábamos devastados, pues era el Gobierno. El Gobierno es el que tiene los recursos, por eso es que se crea la Orden Ejecutiva del Centro de Acopio'.

'Previo al 30 de noviembre, [el Centro de Acopio] le tocaba al Gobierno de Puerto Rico. Es todo suministros. Todo lo que ha sido la canalización del fondo a traves de los donantes privados, se canalizó a traves de la organización privada sin fines de lucro y a eso se le creó un sistema, porque el requerimiento 501c3 así te lo exige y ha habido que reportarlo', explicó Rivera Hernández, en referencia al requisito federal a entidades exentas del pago de contribuciones.

Mediante la Orden Ejecutiva 2017-59 de Ricardo Rosselló Nevares, el Coliseo se convirtió en el centro de acopio oficial para comida y suministros, además de que se determinó mediante un 'Memorando de Entendimiento' que el Gobierno de Puerto Rico --actuando a traves de la Oficina de la Primera Dama-- estaba encargado de la operación completa, desde el recibimiento, el manejo, hasta la distribución de víveres. El documento fue firmado el 31 de octubre de 2017 por Martínez Suárez y Rivera Hernández.

Juntos y Unidos por Puerto Rico no ha recibido por parte del gobierno la auditoría de las labores realizadas en el Centro de Acopio previo al 1 de diciembre, ni la auditoría ordenada por el Maldonado Gautier, entonces secretario de la Gobernación, respecto a la mercancía encontrada en los predios de la CEE en agosto de 2018 que se indicó provenía de estos esfuerzos de la Primera Dama.

'El informe lo hemos pedido, no lo hemos tenido. El informe del Centro de Acopio que ellos quieren presentar de lo que hicieron, eso no está aquí. Cualquier otra auditoría que tiene que ver antes del 30 de noviembre esa es su responsabilidad de quien hizo esa labor, porque nosotros no la tenemos. […] Como nosotros asumimos el liderato a partir del 1 de diciembre, podemos reportar lo que hicimos a partir del 1 de diciembre. Cualquier otra cosa no estaba en nuestra responsabilidad o nuestras manos. Ese no fue el compromiso y lo dice el memorando de entendimiento, que es bien claro', expresó Rivera Hernández.

La Directora Ejecutiva detalló que los tres miembros ex-officio del gobierno participaron en los primeros meses de la emergencia, entiendase septiembre, octubre y noviembre y el principio de diciembre. Sin embargo, la Primera Dama participó de una reunión, pero 'estaba embarazada a punto de dar a luz, así que llega un punto que ella no estaba asistiendo a las reuniones, ni el propio Raúl [Maldonado Gautier] estaba asistiendo a reuniones directamente'. Por eso, el más activo de los miembros ex-officio era Martínez Suárez, quien participó de las reuniones aunque no tenía la obligación de hacerlo.

'Participó. Luis Martínez iba a las reuniones al principio y te diría que en los primeros tres meses, la etapa más crítica, septiembre octubre, octubre noviembre, noviembre a principios de diciembre', señaló Rivera Hernández, quien reiteró que Martínez Suárez no tenía otro rol ni podría emitir votos. El contacto de la entidad con los funcionarios de gobierno finalizó en diciembre de 2017.

La conexión con cabilderos, BDO y el FBI

La cercanía de la entidad sin fines de lucro con la Administración Rosselló Nevares no se limita a estas labores, pues el incorporador de Juntos y Unidos por Puerto Rico, Jorge del Pino, es el cuñado de Elías Sánchez Sifonte, cabildero y exdirector de campaña del Primer Ejecutivo.

Del Pino solo se ha desempeñado como incorporador y miembro de la Junta de Directores, según Rivera Hernández, quien tambien aseguró que no han tenido 'ningún contacto, ninguna comunicación' con Sánchez Sifonte.

Mientras, ​​​​​​BDO Puerto Rico, la empresa que hasta mayo del año en curso fue la principal consultora del gobierno y cuyo presidente fue acusado en el plano federal por un esquema de corrupción, participó del 'llamado' al sector privado que hizo la Primera Dama para colaboración, así como otras firmas de contabilidad.

BDO elaboró una auditoría de la entidad en la cual explica minuciosamente el rol del Gobierno de Puerto Rico en el Centro de Acopio, que exime de toda responsabilidad a Juntos y Unidos por Puerto Rico en la operación de recibimiento, manejo y entrega de suministros hecha en o antes del 30 de noviembre de 2017.

Rivera Hernández negó que la firma fuera recomendada por una persona particular, a toda vez que --a raíz de los seis arrestos recientes ligados a BDO-- rechazó haber sido contactada por el FBI por una posible pesquisa enfocada en la gestión de la entidad.

'Al día de hoy no hemos sido citados, no hemos sido llamados para investigar, para entrevistarnos, etcetera. No tenemos nada que esconder, estamos listos no solamente para eso sino para cualquiera reporting, el accountability que tienes que dar. Así que no tenemos nada que esconder, nuestros libros están abiertos. Sabemos el modelo que seguimos y estamos disponibles para dar la información a cualquier individuo que así la requiera', subrayó.

El expresidente de BDO, Fernando Scherrer Caillet, fue arrestado el pasado miercoles por un esquema de fraude con agencias gubernamentales que incluyen al Departamento de Educación (DE) y a la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Ante la pregunta de por que surgieron los rumores de actos indebidos, Rivera Hernández reiteró que el uso del mismo nombre entre ambos esfuerzos pudo haber creado confusión.

'Por lo menos a la entidad, en su momento, cuando tengamos que presentar lo que haya que discutir, se podrá ver a partir del memorando de entendimiento, que fue lo que hizo la entidad y a partir de que fecha lo hizo', aseguró.

Donaciones a entidades ligadas a su propia Junta

Esa auditoría de BDO de nota que, de los 41 millones de dólares recaudados, Juntos y Unidos por Puerto Rico donó un total de $1,929,000 a ocho fundaciones catalogadas como 'related parties' (partes relacionadas), o lo mismo que los integrantes de su Junta de Directores o sus familiares forman parte de los cuerpos de gobernanza de las entidades beneficiadas.

Según los estados financieros auditados de la organización, 'los miembros de la Junta de Directores que tienen relación directa con los becarios no participaron en el proceso de votación relacionado'.

La Junta de Directores de la entidad consiste de 12 miembros, sumado a los tres miembros ex-officio que en un principio formaron parte del grupo.

Estos son los miembros de la Junta de Directores de Juntos y Unidos por Puerto Rico:

Lcdo. Jorge del Pino, socio de Globalize LLP (quien incorporó la entidad y es cuñado del exdirector de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte)

Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de FirstBank

Iván Báez, director de Asuntos Corporativos de Walmart

Alberto De la Cruz, presidente de CC1 (Coca-Cola)

Herbert Lewy, gerente general de Microsoft Puerto Rico

Ignacio del Valle, presidente regional de Latinoamerica & el Caribe de Bacardí Corporation

María Eugenia Ferre, presidenta de la Junta de Directores de GFR Media

Morgan Schuessler, presidente y principal oficial ejecutivo de Evertec

Roberto García, presidente y principal oficial ejecutivo de Triple-S Management

Miguel Venta, CPA

Lcdo. Manuel E. del Valle, miembro de Pietrantoni, Mendez & Álvarez, LLC

'Tenemos un protocolo con los miembros de Junta donde ellos firman lo que llaman una política de no conflicto de interes y ellos se inhibían al momento en que estaba presentándose algunas de las entidades en que ellos participaban. Esto son personas que no pertenecen a una o dos, sino varias. Entonces se hizo el requerido desde el principio de firmar la política y de inhibirse en caso de que se estuviere presentando alguna entidad que ellos era parte de esa Junta de Directores', explicó Rivera Hernández.

A petición de NotiCel, la Directora Ejecutiva enumeró a las organizaciones:

Boys & Girls Club - se le dieron dos subvenciones, una de $225,000 para distribuir bienes no perecederos y comidas calientes a 44 municipios, y otra de $250,000 para entrenr 1,250 adolescentes en un esfuerzo para incrementar sus oportunidades de empleo y retención en las áreas de ventas, construcción y turismo en los municipios de San Juan, Carolina, Arecibo, Isabela, Mayagüez, Loíza, Bayamón, Vieques, Aguas Buenas and San Lorenzo.

Calvary Chapel - recibió $96,000 para la operación de centros de recupación por desastres enfocados en la distribución de comida en grandes grupos y proveer ayuda emocional y espiritual.

Multisensory Reading Center - se le dieron $8,097 para proveer material educativo y muebles para el salón de clases 'Lectores del Futuro' en la escuela elemental Luis Llorens Torres, con el apoyo del Departamento de Educación.

Sociedad Americana contra el Cáncer - se le dieron dos subvenciones, una de $290,000 para proveer asistencia de emergencia para pacientes de cáncer, transportación dentro y fuera de Puerto Rico y ayuda a aquellos en el Puerto Rico Hope Lodge. La segunda subvención fue de $81,500 para reparar daños estructurales en los edificios de Caguas y San Juan.

Ser de Puerto Rico - recibió $649,120 para estalecer una clínica móvil de servicios medicos y básicos para los necesitados en comunidades afectadas por los huracanes.

Corporación de Salud Asegurada por Nuestra Organización Solidaria, Inc. (SANOS) - recibió $154,250 pra ofrecer servicios de salud y apoyo a los envejecientes, incluyendo aquellos que residen en sectores aislados.

Fundación Agenda Ciudadana - recibió $99,900 para ofrecer terapias psicológicas para mitigar los efectos del huracán en Yabucoa, Maunabo, Patillas, Naguabo, Humacao, Las Piedras and San Lorenzo. La organización suponía laborar con estas comunidades en conjunto con la Universidad de Puerto Rico en Humacao.

Centro Sor Isolina Ferre - recibió $75,000 para fundar la iniciativa 'Abrazo Solidario' para ayudar a víctimas del huracán a reemplazar accesorios del hogar y comprar productos de primera necesidad.

'Cumplían con los criterios, son entidades que estaban de arriba a abajo en cumplimiento y preparadas para dar el servicio, que era lo más importante. O sea, tú no puedes discriminar si tú llegas a una entidad experta en agua y alimento que la excluyas del enfoque. Se dio en perfecto orden y por eso es que se informa y se comunica en el proceso de auditoría', añadió la Directora Ejecutiva.

De acuerdo a la hoja de datos de la organización, Juntos y Unidos por Puerto Rico recaudó un total de $41,217,111.69 hasta el 31 de diciembre de 2018, los cuales repartió entre 193 organizaciones y el programa de generadores electricos. Como parte de este programa --dato que tambien se menciona en la auditoría-- la entidad compró 2,082 generadores a un costo aproximado total de $2.2 millones.

De esos, 2,070 fueron distribuidos mayormente a pequeñas empresas en 50 municipios. Mientras, la organización tiene un reclamo de diez generadores que fueron pagados pero no recibidos por el vendedor. Los dos generadores restantes fueron descartados porque estaban dañados y tirados a perdida.

Mira el Memorando de Entendimiento pulsando aquí.