Desde el 1994, empleados federales y empleados federales retirados residentes en Puerto Rico y otros territorios 'no foráneos' de los Estados Unidos han recibido menos paga y menores beneficios que sus contrapartes en los 48 estados contiguos de la nación norteamericana y el Distrito de Columbia.

En síntesis, estos empleados en Puerto Rico pueden tener una tarifa basada en un 10%, mientras que quienes no viven en la Isla generarían más del doble por el mismo tipo de empleo. Al presente, existe la intención de resolver el problema mediante legislación, pero los autores del plan no han recibido el apoyo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González-Colón.

El discrimen por razón de paga, esbozado en un plan legislativo dirigido al Congreso de los Estados Unidos, afecta a aproximadamente 26,000 familias, entre ellas 14,000 familias de empleados actuales y 9,500 familias de retirados. Se trata de trabajadores en las áreas del Servicio Postal, Seguridad Nacional, Justicia y las Fuerzas Armadas, entre otras agencias.

Como consecuencia de 25 años de aumentos salariales de menor cantidad y beneficios, los salarios federales en Puerto Rico han acumulado una diferencia de $100 millones en comparación con los salarios en los estados contiguos.

Este discrimen tambien perjudica a 2,500 familiares sobrevivientes de empleados federales en Puerto Rico.

La desigualdad salarial comenzó con la implementación del pago por localidad ('locality pay', en ingles) en el cual no se incluyeron las 'áreas no foráneas', pese a que el costo de vida en estos territorios es mayor. Además de Puerto Rico, estas 'áreas' son: Alaska, Hawái, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Islas Marianas del Norte y Samoa Americana.

'Estas son sumas que han sido retenidas de la economía de Puerto Rico, deprimiendo los ingresos fiscales del Estado Libre Asociado y afectando adversamente a todos los ciudadanos de Puerto Rico', según un análisis de los efectos agregados de esta tendencia, elaborado por George Nethercutt --un exrepresentante ante el Congreso por el estado de Washington-- y el abogado Robert Mullendore, experto en compensación de trabajadores residentes en 'áreas no foráneas'.

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Tanto Nethercutt como Mullendore aspiran a resolver el acto discriminatorio, sin embargo, necesitan el apoyo urgente de la representación política de Puerto Rico. Al momento, aseguran contar con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, D.C. (PRFAA, por sus siglas en ingles). No obstante, no han recibido respuesta por parte de la Comisionada Residente ni de su equipo de trabajo.

De acuerdo a los números, Hawái y Puerto Rico cuentan con el número más alto de empleados federales y retirados entre todas las áreas 'no foráneas', por lo que se requiere la participación y el apoyo de la Comisionada Residente.

En una carta dirigida a González Colón con fecha de noviembre de 2017, el presidente de la Asociación Ejecutiva Federal de Puerto Rico, David Giamellaro, expresó su apoyo a la eliminación del discrimen por concepto de paga por parte de la Oficina de Manejo de Personal (OPM, en ingles) de los Estados Unidos y subrayó que sin acción, la brecha continuará en aumento. La carta tampoco ha recibido respuesta. NotiCel solicitó una respuesta por parte de González Colón a traves de su oficial de prensa, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

Como ejemplo, Giamellaro señaló que en el 2018 nada más, empleados federales en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia recibirían un aumento salarial de 1.9%, mientras que los empleados localizados en Puerto Rico y los demás territorios tendrían un aumento menor de 1.4%.

Giamellaro aseguró que el predecesor de González Colón, el licenciado Pedro Pierluisi Urrutia, cuestionó la desigualdad mediante una carta en el 2013, al igual que Max Baucus, embajador de los Estados Unidos en China en el 2015, en una misiva al Presidente de la nación norteamericana, Barack Obama. En su escrito, Baucus destacó que los empleados federales en los territorios se enfrentaban a riesgos físicos mayores y a costos de vida elevados en comparación con los estados.

En declaraciones suministradas a NotiCel, el director ejecutivo interino de PRFAA, George H. Laws García, aseguró que la oficina congresional de González Colón había sido informada del asunto y, mediante diversas reuniones con su equipo y otros congresistas, buscaban 'una solución, ya sea legislativa o administrativa, que atienda las necesidades de los miles de empleados tanto activos como retirados del gobierno federal en Puerto Rico'.

En el 2009, se creyó que el Non-Foreign AREA Act puso un fin al discrimen salarial y de beneficios, sin embargo, el dinero asignado para la implementación de la ley --$1.5 billones-- nunca fue gastado. Según especialistas, la medida cambió la composición de los salarios federales en los territorios a partir del 1 de enero de 2010 al añadir el pago por localidad a estos espacios y restando el equivalente basado en el Mesada por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en ingles).

COLA es un pago suplementario que reciben los trabajadores federales basado en las diferencias entre los precios de bienes y servicios en cada área particular, comparado con los mismos precios en Washington, D.C., y es asegurado bajo el Código de los Estados Unidos y la Orden Ejecutiva 1000, según enmendada.

Según el 'COLA and Locality Pay Rates in Nonforeign Areas 2019', los porcentajes de las tarifas para Puerto Rico representan la mitad del total asignado a los empleados federales en los estados contiguos, además de los otros territorios 'no foráneos' en sí mismos, como Islas Vírgenes y Honolulu.

Como resume el proyecto legislativo de Nethercutt y Mullendore, desde el 1994 la brecha se ha ampliado de manera constante y, en el 2019, alcanzó una diferencia de 19.45%. La única defensa de estos empleados, que componen el 2% de la fuerza laboral, ha sido a traves de cuatro procesos de litigación que no han cubierto la totalidad de las necesidades, por lo que sería la primera vez que se instauraría una ley a estos efectos.

Los casos son: Alaniz v. Office of Personnel Management, 728 F.2d 1460 (Fed. Cir. 1984), Karamatsu v. United States, No. 224-85C (Fed. Cl., 1985), Arana v. United States, No. 389-86C (Fed. Cl., 1986), y Caraballo v. United States, No. 1997-CV-27 (D. V.I.).

'Esta brecha representa los costos de vida no compensados. Es una medida de la disminución constante en el nivel de vida que ofrecen los salarios federales en Puerto Rico y otras áreas no extranjeras, en comparación con el nivel de vida que ofrecen los salarios federales en los Estados Unidos contiguos. La brecha salarial igual continuará ampliándose a menos que el Congreso actúe', según el documento.

Esta es otra de las instancias de discrimen por parte de los Estados Unidos que se han manifestado a traves de los años en contra de los puertorriqueños residentes en la Isla. Justo en febrero pasado, el juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, determinó que los beneficios del Seguro Social suplementario por incapacidad (SSI) no se le podían retirar a un beneficiario simplemente porque se mudó de Nueva York a Puerto Rico.

El juez aclaró que su decisión no se basaba en el marco de los 'complejos asuntos constitucionales de Puerto Rico como un territorio de los Estados Unidos por 120 años', sino como materia de derechos ciudadanos. En ese caso, además, el Gobierno de Puerto Rico y la comisionada residente González Colón, comparecieron al caso por separado como amigos de la corte.