Desde hace 20 años hasta el año pasado, la Casa Blanca recurrió al historial de casos de corrupción que la fiscalía federal ha procesado en Puerto Rico para justificar la postura del presidente Donald Trump de que la Isla no debe recibir más asignaciones de fondos federales para lidiar con los estragos del huracán María y para que, los fondos que están asignados, esten sujetos a medidas más estrictas de fiscalización.

Que se sepa, es la primera vez en tiempos recientes que la Casa Blanca oficialmente usa el historial de convicciones de corrupción en una jurisdicción para condicionar la asignación y supervisión de fondos federales.

La postura, oficialmente publicada hoy, viene despues de una racha de tuits de Trump esta semana sobre Puerto Rico y de que algunas de sus alegaciones fueran probadas como falsas, principalmente su alegación de que la Isla había recibido $91,000 millones, cuando solo han sido aprobados aproximadamente $11,000 millones, y de que era la asignación más grande que habia hecho el gobierno federal a una jurisdicción por un huracán, cuando para Katrina han gastado unos $200,000 millones.

Antes de recurrir al record histórico, Casa Blanca sostuvo que la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) desplegó operaciones sin precedentes para ayudar a la Isla, en cuanto a duración de la asistencia y en cuanto a relevar a Puerto Rico del pareo de fondos. Añade que Trump se ha reunido con el gobernador Ricardo Rosselló siete ocasiones en persona y una por videoconferencia, y que funcionarios de Casa Blanca se han reunido decenas de veces con oficiales del Gobierno de Puerto Rico.

El restablecimiento del servicio electrico, de agua potable, de transportación y el descenso en los niveles de desempleo son todas cosas que el documento atribuye a la ayuda que extendió Trump. De hecho, adjudica que FEMA es actualmente uno de los mayores patronos en la Isla.

La deuda de la Isla, que el documento establece en $120,000 millones, la falta de un plan detallado para reconstruir el sistema electrico, la falta de pago a contratistas, el hallazgo de un almacen con piezas del sistema electrico y la contratación de Whitefish ('una compañía pequeña con dos empleados y poca experiencia en la respuesta a desastres') fueron otras razones expuestas para 'proteger a los sobrevivientes y contribuyentes de la corrupción y los malos manejos'.

Para plantear que Puerto Rico tiene una 'larga historia de corrupción y malversación', la Casa Blanca enumeró:

-La exposición de motivos de la Ley PROMESA, que alude a que la Isla ha llegado al punto de no poder garantizar los servicios básicos a los residentes.

-Que la fiscalía federal en Puerto Rico tuvo 375 veredictos de culpabilidad por corrupción entre 2008 y 2017.

-Que el año pasado un alcalde y dos exoficiales fueron acusados. (El informe no los nombra pero el record es que el año pasado fueron acusados a nivel federal el exalcalde novoprogresista de Yauco, Abel Nazario, el exalcalde popular de Sabana Grande, Miguel 'Papín' Ortiz, y los exfuncionarios del municipio de Toa Baja, Ángel Santos García y Víctor Cruz Quintero).

-Sin decir su nombre, alude a la condena en 1999 del exalcalde novoprogresista de Toa Alta, Ángel 'Buzo' Rodríguez, por pedir un soborno de $2.5 millones relacionados a trabajos de remoción de escombros tras el paso del huracán Georges.

-Tambien sin decir su nombre, la condena del expresidente de la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista, Edison Misla Aldarondo, en 2003 por un esquema de extorsión y lavado de dinero.

-Y la sobre facturación de la Autoridad de Energía Electrica a sus abonados por más de $1,000 millones.

Sin mencionar la reciente discusión sobre la designación de un 'zar de la recuperación', el documento concluye que 'podría ser necesaria mayor fiscalización con los fondos federales que se provean en el futuro para minimizar el desperdicio, fraude y abuso y para optimizar la efectividad para los residentes de Puerto Rico'.

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