Un plan de acción para prevenir la violencia contra las mujeres entre cuatro agencias del Gobierno de Puerto Rico y el Concilio de Mujeres fue ordenado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hoy, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nuevamente ignorando el pedido de varios sectores para declarar una emergencia nacional por la violencia de genero.

El plan de acción conlleva esfuerzos entre el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), el Departamento de la Familia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y el Concilio de las Mujeres, entre otros.

En el caso del DSP, la orden impulsa que:

Establezca un protocolo dentro del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) para remitir las órdenes de protección a las áreas policiacas concernientes

Cree un sistema de rutas de patrullaje preventivo a las residencias y lugares de trabajo de las víctimas protegidas por dichas órdenes.

Crear una división especializada para la intervención de casos de violencia de genero, adscrito al NPPR. La división atenderá la investigación y el procesamiento de delitos de agresión sexual, violencia domestica y secuestros perpetrados contra mujeres. Además, recopilará, publicará y analizará las estadísticas relacionadas con estos delitos para cada año natural; y proveerá educación continua y apoyo, según sea requerido, a los demás programas dentro del Negociado.

A la OPM se le encomienda:

Establezcan una alianza con la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y organizaciones no gubernamentales --que provean atención a mujeres en casos de violencia de genero-- a preparar una campaña conjunta de concienciación masiva sobre la violencia de genero, sus causas y consecuencias.

Diseñar y distribuir un instrumento gráfico para explicar el manejo de solicitudes de órdenes de protección o de incidentes de violencia domestica, desde el momento en que se genere hasta su conclusión. El instrumento debe estar disponible para todos los componentes que atienden a las sobrevivientes de violencia e incluir las obligaciones relativas a la protección, la intervención, los arrestos, los referidos y la redacción de informes. El mismo se entregará a las víctimas para que puedan evaluar el proceso y reclamar sus derechos.

La directora ejecutiva de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) debe establecer un programa piloto que atienda a personas agresoras con problemas de adicción a drogas, alcohol o sustancias controladas, que hayan confrontado situaciones por violencia domestica.

Junto al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos establecerá acuerdos colaborativos con las agencias y agencias instrumentales del Gobierno para fortalecer la fiscalización de elaborar e implantar protocolos para manejar situaciones de violencia domestica.

El Departamento de la Familia deberá:

Establecer mediante acuerdo colaborativo --junto a organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de emergencia, apoyo y orientación a víctimas sobrevivientes de violencia-- un programa de colaboración y apoyo para agentes del orden público mediante el cual se adiestre personal del DSP para brindar orientación al personal en temas relacionados al manejo de estresores, sana convivencia, comunicación efectiva, equidad y respeto, y prevención de maltrato en las relaciones de pareja.

El DCR tendrá que:

Extender sus servicios de aviso a víctimas de violencia domestica y agresión sexual durante los siete días de la semana, a fin de ampliar la protección necesaria a víctimas y testigos.

Al Departamento de Justicia se le ordenó:

Diseñar y establecer un sistema de recopilación de estadísticas de todas las agencias y ramas de gobierno pertinentes para crear un registro oficial de estadísticas relacionadas a agresión sexual y violencia domestica; una vez creado, el registro deberá formar parte del Registro Criminal Integral.

Se exhorta al Concilio de Mujeres:

Coordinar una serie de conversatorios con mujeres de diferentes sectores de la sociedad con el propósito de recopilar recomendaciones para la prevención de las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

'Reiteramos la política pública de esta administración de repudiar las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Tal y como se establece en nuestro programa de Gobierno, el seguimiento y cumplimiento de las políticas públicas a favor de ellas contribuirá al desarrollo de una sociedad justa y equitativa, a fin de que tengan mejores y reales oportunidades de progreso', expresó el Primer Ejecutivo.

Mira aquí el anuncio del Gobernador:

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Mientras, la procuradora de las mujeres, Lersy Boria, catalogó como un paso de avanzada en pro de la mujer puertorriqueña la orden ejecutiva firmada hoy por el Gobernador.

'Nuestra misión es asegurar el desarrollo pleno de las mujeres, promover la equidad y la igualdad, erradicar todas las manifestaciones de discrimen, y fomentar política pública que garantiza los derechos humanos de las mujeres. Esta administración ha dado un paso de avanzada al reconocer los derechos de las mujeres y al promover que las agencias gubernamentales sean más sensibles e inclusivas', manifestó la tambien licenciada.

'Como he mencionado en otras ocasiones, el sistema de recopilación de estadísticas para crear un registro oficial relacionados a la agresión sexual y violencia domestica es necesario y trascendental para ayudar a este mal que tanto nos aqueja. Continuaremos aunando esfuerzos con entidades privadas y agencias de gobierno mediante acuerdos colaborativos que abunden en el empoderamiento, educación y la erradicación de la violencia contra la mujer', agregó Boria.

La Organización Mundial de la Salud concluyó que la violencia contra la mujer --especialmente la ejercida por su pareja-- y la violencia sexual constituyen un grave problema de salud pública, así como una violación de los derechos humanos de las mujeres.

Datos publicados por dicha entidad revelan que aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

Puede leer la orden ejecutiva a continuación: