El Departamento de Hacienda primero convenció a un magistrado federal que tenía la razón en abrir a competencia el sistema digital de venta de sellos y comprobantes y despues, con el cambio de administración, se viró y le entregó en bandeja de plata por 10 años un monopolio sobre ese negocio a un contratista que ahora tiene ganancias de hasta 43.8% en un negocio que le deja hasta $400,000 al mes.

El contratista es Orlin P. Goble Colón, de la empresa OPG Technology Corp. quien, según expuso este diario digital ayer, no presenta credenciales de experiencia en el área de tecnología, contabilidad o administración pública. La trayectoria torcida que ha tenido el proyecto de plataforma digital para venta de sellos y comprobantes está consignado en los expedientes de dos casos civiles del Tribunal Federal.

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En uno, el Departamento de Hacienda demandó a la empresa OPG Technology Corp. en 2015 para afirmar el derecho que tiene esa dependencia pública sobre la plataforma digital con la que los ciudadanos y abogados adquieren sellos y comprobantes para decenas de transacciones de todo tipo, y lo que constituye una de las principales fuentes de ingreso para el fisco.

El segundo expediente es una demanda que la aseguradora Lloyd's sometió el 28 de septiembre de 2018 contra OPG para disputarle las reclamaciones que la empresa hizo por supuesta perdidas tras el paso del huracán María.

El análisis de ambos expedientes arroja un cuadro preocupante del manejo que la empresa OPG le ha dado a este componente importante del plan de recaudos de Hacienda a traves del cual se mueven unos $10 millones mensuales.

Como muestra, el contrato que la Administración Rosselló le extendió a OPG obliga a la empresa a tener la data resguardada en dos lugares distintos. En la reclamación a la aseguradora se revela que esos dos lugares eran las mismas oficinas de OPG y la propia sede del Departamento en Puerta de Tierra, es decir, no había resguardo de data (backup) fuera de Puerto Rico o en la nube. De hecho, el sistema de sellos volvió a funcionar despues del huracán porque movieron la data a un servicio en la nube, o lo mismo que virtual.

Para ver la reclamación de OPG a la aseguradora, pulse aquí:

Pero eso es solo lo más reciente. Para la historia completa hay que ir atrás unos años, en lo que ahora se llama el Puerto Rico 'antes de María'.

Según los documentos y testimonios en el tribunal, incluyendo el testimonio de Goble Colón, la venta de sellos digitales comenzó en 2001 mediante contrato con una compañía privada. En 2006, Hacienda, como dueño del proceso, decidió buscar propuestas para un sello más seguro. Aparecieron Evertec y OPG, llevándoselo OPG en 2007 mediante un contrato de 'agente de venta' que le requería desarrollar una plataforma digital para la compra y cancelación de los sellos.

El testimonio de Goble Colón fue que el desarrollo de la plataforma costó alrededor de $1 millón, pero el desarrollo del sistema no lo hizo el, sino que lo subcontrató a la empresa Phluent, Inc.. OPG se mantuvo cobrando por su servicio, que fue ampliado por el Departamento varias veces, siempre aclarando que Hacienda era el dueño del sistema y que extendía una licencia de uso a OPG como agente de ventas.

En 2014, cuando vio que Hacienda se movía para desarrollar un sistema de venta de sellos, OPG recurrió a la Oficina Federal de Derechos de Autor para obtener los derechos de autor de un programa de computadora llamado 'Sellos y Comprobantes'.

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En 2015, Hacienda volvió a abrir un proceso de propuestas para centralizar la venta de sellos porque 'tenían problemas con recibir información diaria del sistema de OPG sobre la venta de los sellos'. Cuando el Departamento inauguró su propio sistema de venta de sellos y alcanzó casi los mismos niveles de recaudos que estaba alcanzando OPG en su plataforma, OPG le envió una notificación de que no podían seguir porque estaban violando sus derechos de autor sobre el programa de 'Sellos y Comprobantes'.

Hacienda demandó a OPG para afirmar su derecho sobre la plataforma digital y OPG ripostó diciendo que el Departamento le afectó su negocio porque le había 'robado' el programa de ventas digital. La empresa pretendía tener la exclusividad de la venta digital de los sellos y que Hacienda, en todo caso, solo pudiera vender los sellos de la forma tradicional en las colecturías.

En septiembre de 2016, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el magistrado federal Bruce McGiverin determinó que OPG no tenía razón en prácticamente nada de lo que alegaba.

Para empezar, OPG ni siquiera sometió como evidencia el código base con el que construyeron su programa para que el tribunal pudiera aquilatar si el de Hacienda era o no era una copia. Tampoco pudieron establecer un daño económico porque sencillamente su contrato con Hacienda había terminado, no que fue cancelado, sino que había terminado.

En el balance, el juez estableció que OPG no tenía posibilidad de ganar en su argumento de violación de derechos de autor mientras que el pueblo de Puerto Rico, a traves de Hacienda, sufriría daños si se le reconocía exclusividad de venta digital a OPG porque eso limitaría las posibilidades del gobierno generar ingresos a traves de ese tipo de venta de sellos 'paralizando aún más la economía de Puerto Rico'.

Para ver la decisión del magistrado McGiverin, pulse aquí:

El caso siguió su trámite hasta que el 3 de enero de 2017, primer día hábil del año y primero de la nueva Administración Rosselló, OPG pidió a Hacienda una reunión para transigir el caso, transacción que se informó al tribunal el 24 de marzo para dar por terminado el pleito.

Aunque había ganado todos los argumentos en el tribunal apenas seis meses antes, el entonces nuevo secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, entregó la pelea, cambió totalmente la postura del Departamento, y le aceptó a OPG firmarle dos contratos, sin proceso de propuesta o subasta alguno, para transigir el caso.

Los terminos de los contratos eran todo el wish list que OPG pretendió, sin exito, que el tribunal le reconociera: 10 años de exclusividad en la venta digital de sellos y comprobantes y la cesión, de parte de Hacienda, de todos los derechos de autor sobre la plataforma digital de venta que OPG había desarrollado bajo contrato con el Departamento y por la cual ya el Departamento le había pagado bajo contratos previos.

No solo le daban los derechos de la plataforma que construyó OPG sino que tambien le daban los derechos de la plataforma que construyó Hacienda aparte de la de OPG. De hecho, Hacienda le transfiere a OPG todos los contratos que el Departamento tenía con otros proveedores de plataforma digital. A cambio de estos derechos, OPG le pagaba a Hacienda $450,000, o el equivalente a más o menos un mes de ganancia de OPG.

Con los acuerdos, OPG pasó de ser un 'agente de ventas' a ser un 'agente exclusivo', garantizando así un monopolio con un esquema de compensación que le permite retener el 3.6% del valor de cada sello o comprobante que venda. Los proveedores que corrían el servicio propio de Hacienda lo hacían por una tarifa de servicio establecida y no por una comisión de las ventas.

Además, la expansión del negocio se la sufragan los contribuyentes porque el 2.5% del valor del sello (más una peseta por cada sello) que cobran los distintos puntos de venta (como bancos y cooperativas) sale del ingreso del Departamento, no del ingreso de OPG. De esta manera, mientras más puntos de venta, más le cuesta al erario el mantener la plataforma. Algo a lo cual el propio Departamento ha contribuido ya que, tanto la pasada administración como esta, han ejecutado consolidaciones y eliminación de colecturías para pasar más de estas transacciones a los bancos, cooperativas y otros puntos de venta.

Los acuerdos, vertidos en dos contratos distintos, disponen tambien que si Hacienda tarda más de 30 días en pagarle la factura de servicio a OPG, la empresa tiene el derecho a retener el balance de las transferencias que le hace a Hacienda por la venta de sellos. Si este mecanismo se activa, la factura queda cerrada para todos los efectos prácticos.

No especifica que OPG tenga que someter informes a Hacienda, pero se supone que se le provea a Hacienda un acceso especial a la plataforma para monitoreo y que se permita realizar auditorías.

Para ver el contrato de marzo de 2017, pulse aquí:

Para ver el contrato de mayo de 2017, pulse aquí:

Resalta en los acuerdos que, cuando se plantea el disloque o falla en la continuidad del servicio de OPG que pueda ocurrir por un evento de 'fuerza mayor', como pueden ser los huracanes, se establece que la empresa debe asegurarse de tener un resguardo de data (backup) que pueda activarse en 12 horas o menos. En otro de los contratos, se obliga a reponer la operación de la plataforma en dos horas o menos si hay una interrupción de servicio por inaccesibilidad o daño de su centro de datos.

Sin embargo, en la demanda de la aseguradora, OPG admite que su lugar de resguardo era el propio edificio de Hacienda, como si se tratara de un lugar de resguardo independiente sobre el cual OPG tiene el control.

En su reclamación a Lloyd's, OPG propone gastos cubiertos por $1.6 millones, incluyendo por continuidad de negocio y porque la data de la plataforma de venta de sellos no se podía leer. Pero la aseguradora demanda para dejar sin efecto la reclamación porque disputa que la data nunca se perdió sino que sólo estuvo inaccesible por un tiempo y porque la reclamación no se hizo a tiempo.

OPG sostiene que la data no tenía que perderse para que se activara la cubierta. Pero tambien hace divulgaciones internas sobre sus ventas, afirmando que vende aproximadamente $10 millones mensuales en sellos y comprobantes que le representan una tarifa de unos $400,000 mensuales basados en el porciento que le concede el contrato. Además, desglosa sus gastos operacionales, divulgando que, entre septiembre de 2017 y enero de 2018, llegó a tener un 43.8% de ganancia en sus operaciones.