Con un, 'Todo esta bajo evaluación y todo esta bajo revisión', el gobernador Ricardo Rosselló Nevares evitó declarar categóricamente si ordenará le rescisión del contrato que mantiene OPG Technology Corp, empresa que recibió en exclusividad por parte del Departamento de Hacienda (DH) la distribución electrónica de sellos y comprobantes y que genera $400,000 al mes, con esa agencia, luego que se confirmara un fraude millonario con la venta de sellos.

No obstante, la Oficina de la Contralora impartirá instrucciones a sus abogados para que evalúen las cláusulas del contrato, ante la creciente preocupación pública de que el acuerdo incumple con la ley y carece de controles necesarios que salvaguarden el interes público.

Y es que los servicios que rinde OPG al DH son para el manejo de la plataforma digital de venta de sellos y comprobantes. El fraude fue descubierto en el 2016 por la Policía de Puerto Rico al encontrar expedientes de licencias de armas con sellos falsificados que se emitieron por el mismo sistema que administra OPG.

Este medio insistió al gobernador si puede ser categórico y contestar si en efecto cancelará o no el contrato de OPG con el DH a la luz de la controversia destapada, a lo que el indicó que no puede ser más categórico.

'No soy más categórico porque mi rol como gobernador es la política pública. Hay unos detalles que se llevan a cabo en las transacciones de gobierno de los contratos que son de detalles', sostuvo el gobernador en una conferencia de prensa. Señaló además que la política de su administración es conseguir recursos en el sector privado y en el tercer sector para que puedan proveer beneficios tangibles a su administración.

'En la práctica de los Sistemas de Tecnología e Información deben ir cláusulas detalladas, deben ir todas las facturas, que se establezcan bien las responsabilidades de las partes. Por lo menos en este caso, [el de OPG] el tipo de contrato es por los sellos de rentas internas que se venden, pues este contrato debe tener cláusulas que digan ingresos diarios y semanales para Hacienda poder comparar si le están enviando información correcta', señaló por su parte el subcontralor Jesús Rosario.

El funcionario especificó que el pedido no se trata de una auditoría, sino una revisión cláusula por cláusula del convenio para determinar si es legal y si protege el interes público.

El Subcontralor señaló que, como parte del procedimiento general que seguirían con OPG, investigarían si las facturas son detalladas y si cuentan con la salvaguarda de que los accesos a ese sistema de información son seguros y no pueden ser invadidos por un tercero.

'Me imagino que le vamos a pedir los estados financieros auditados. Acuerdese que ese contrato es a traves de un 'fee' [costo o cuota] por la cantidad de sellos que ellos vendan, así que deberían haberle pedido en ese contrato un sinnúmero de cláusulas que aseguren a los oficiales del Departamento de Hacienda que la compañía está haciendo lo que se les contrató. Son cláusulas sencillas', explicó Rosario.

El funcionario aludió a la Ley 237 de 2004, la cual fija los parámetros para los contratos gubernamentales, al igual que un folleto de información publicado por su oficina durante el mes de enero del año en curso que pretendía educar sobre las contrataciones en proyectos tecnológicos del gobierno. El documento fija como una de las prácticas de sana administración de fondos públicos el que las agencias gubernamentales soliciten y evalúen propuestas de distintos proveedores del servicio requerido.

Sin embargo, OPG Technology, empresa liderada por el tambien productor del tema 'Isla Bendita', Orlin P. Goble Colón, recibió un contrato exclusivo por diez años sin proceso de propuesta o subasta alguno.

Sobre el fraude, Rosselló Nevares restó merito a si fue Goble, quien alertó las autoridades sobre el fraude o si fue la policía. No obstante, mencionó que el enfoque debería ser en los puntos de venta de los sellos.

'Yo creo que lo importante en ese particular es de donde es que emana ese fraude. Es de la externalización y de algunos puntos de venta que se estaban llevando a cabo y tanto sea de la policía o sea del señor Orlin, lo cierto es que el mecanismo de investigación se estaba identificando y yo creo que siempre he dicho, que se investigue', expresó Rosselló Nevares.

'No hay una notificación clara sobre las agencias y lo que se ha dilucidado es que esto está en los puntos de venta que se señaló y que el proceso se está llevando a cabo sobre quien lo dijo primero, quien lo dijo segundo, eso no es', agregó el gobernador.

Por otro lado, el contrato que la administración de Rosselló Nevares le extendió a la empresa obliga a OPG Technology a tener la data resguardada en dos lugares distintos. No obstante, en una reclamación hecha a su aseguradora tras el paso del huracán María consta que esos espacios son la propia sede de la compañía y el Departamento de Hacienda en Puerta de Tierra y que no existía un resguardo de data (backup) fuera de Puerto Rico o en la nube, por lo que no tuvieron acceso a la data por un tiempo despues del huracán.

La preocupación sobre el contrato de OPG Technology tomó auge luego de la renuncia de la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes Marimón, tras seis meses en el cargo. Rosario confirmó que, previo a su dimisión, Fuentes Marimón sostuvo una reunión con la contralora Yesmin Valdivieso en sus oficinas.

Aunque el funcionario no abundó sobre lo discutido, desde la salida de Fuentes Marimón salió a relucir que abundaban las incomodidades con ese acuerdo y el de otras empresas, como Virtus Consulting y Optima Consulting, Inc porque estaban subcontratando o estrechamente ligadas al hijo del nombrado secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier.

Mientras, Rosario afirmó que la Contralora tampoco ha sido notificada por parte del Departamento de Justicia local y federal de investigaciones en curso respecto a ese contratista en particular.

'Necesitamos reunirnos con Justicia y federales para ver que ellos tienen, porque no nos han dicho que están investigando', aseguró el Subcontralor.

El Senado ha sujetado la confirmación de Maldonado como secretario de Hacienda por segunda vez, al ser designado la puesto tras la renuncia de Fuentes, a que las agencias investigativas especifiquen si Maldonado es objeto de investigación. Justicia ha dicho que investiga contrataciones en Hacienda pero que no involucra a funcionarios públicos.