La actual presidenta de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, continúa bajo escrutinio, en esta ocasión por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1 de 2012) en hechos originados en el 2016 y que aún son investigados.

La denuncia contra Cotto Vives se basa en un memorando de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, el cual indica que la Presidenta del Panel incurrió en conflicto de intereses al intervenir en la contestación de un requerimiento y en una reunión entre la entidad fiscalizadora y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

La pesquisa activa fue confirmada a este medio por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), a traves de la portavoz Jenniffer Rodríguez Ayala, quien respondió a nombre de la directora ejecutiva, pues Zulma Rosario Vega se inhibió de este análisis en junio de 2016 por su cercanía con la funcionaria referida.

Es por eso que el caso en la OEG es manejado por el subdirector ejecutivo, Luis A. Perez Vargas.

La situación cobra relevancia para la OEG porque, según la Ley 1 de 2012, los miembros de la OPFEI son considerados como funcionarios públicos en cuanto a sus actuaciones en el cumplimiento de sus funciones. Por tanto, la conducta de los fiscales está sujeta a lo establecido en su ley orgánica y en el Código de Ética.

Como parte del procedimiento y los hallazgos de Contraloría, se desprende que Cotto Vives pudo haber intervenido como abogada, además de que cuestionó la ocupación de computadoras para propósitos de la auditoría.

En ese momento, además de presidir la OPFEI, Cotto Vives asesoraba al administrador de ADSEF, Esteban Perez Ubieta, quien al presente enfrenta un proceso judicial por fraude, archivo de documentos falsos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, falsedad ideológica e intimidación.

En 2009, se introdujo una medida en la Cámara de Representantes para prohibir que los miembros del Panel o los fiscales tuvieran contratos públicos mientras ejercen el cargo, pero murió en el Senado.

Los documentos elaborados por Contraloría fueron remitidos al Departamento de Justicia, bajo el liderato de Cesar Miranda Rodríguez. Sin embargo, el titular tambien se inhibió de la investigación porque tanto el como Cotto Vives formaban parte del equipo anticorrupción del Gobierno de Puerto Rico.

La tarea, entonces, recayó en el subsecretario de la agencia, Rafael Ortiz Carrión.

En una carta a la OEG, y enviada por Ortiz Carrión el 8 de junio de 2016, el funcionario señala que a su entender, los elementos descritos contra Cotto Vives no eran constitutivos de un delito.

No obstante, compartió una serie de interrogantes que podrían ser puntos de enfoque para la pesquisa, como el cuestionamiento de a que intereses respondía la licenciada Cotto Vives cuando cometió los actos imputados.

Sumado a eso, Ortiz Carrión deja cinco preguntas para que OEG investigue, entre ellas, si el artículo 4.2(s) de la Ley de Ética Gubernamental, el cual prohibe el conflicto de intereses, abarca las acciones realizadas por un servidor público en privado.

El resurgimiento de la querella etica se da luego de que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, cuestionara la integridad de la investigación que realiza la Opfei en su contra, pues fue la propia Secretaria, y en ese momento como Procuradora de las Mujeres, quien le canceló un contrato a Cotto Vives.

Cotto Vives aseguró, por su parte, que dicho contrato fue rescindido sin que mediara ninguna petición de la Procuradora.