El gobierno otorgó un contrato a una compañía privada para que durante los pasados diez meses subcontratara a trabajadores sociales para atender las querellas de maltrato de menores en el Departamento de la Familia (DF).

En lugar de contratar directamente a los trabajadores sociales, la Administración de Familias y Niños y el Departamento de la Familia optó por pagar $830,775 a Social & Community Concepts, Inc. para que se encargara de buscar el personal para investigar 3,135 referidos de maltrato a menores acumulados en la agencia.

Según el acuerdo contractual firmado en diciembre, la empresa contrataba a su vez al personal al que asignaría los referidos para su investigación preliminar. No obstante, si la pesquisa resulta que se valida que existe alguna situación de maltrato o negligencia, ese caso será transferido al Programa de Protección de la agencia.

'¿Que está haciendo esa compañía? ¿Simplemente la investigación? Y ¿quienes van a encargarse de la intervención? Pues los trabajadores y trabajadoras sociales del Departamento de la Familia. Ellos tienen acceso al sistema digital, los investigan y el caso que prosperó se le va a asignar a un trabajador social de la local', aseguró a NotiCel la Dra. Mabel López Ortiz, segunda vicepresidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social.

Para el colegio profesional, con esta práctica, el gobierno incumple su responsabilidad de velar por la seguridad, bienestar y protección de menores al privatizar los servicios directos para atender los referidos.

El pretexto era no aumentar los gastos ordinarios en nómina. No obstante, prefieren pagar a una empresa que va a ganar su tajada cuando existe la posibilidad de contratar directamente a los trabajadores sociales por servicios profesionales.

Sin embargo, el Departamento de la Familia abrió en las últimas semanas dos convocatorias para reclutar unos 200 trabajadores sociales para la agencia y 40 nuevos supervisores de trabajadores sociales. Según un comunicado de prensa, la decisión de contratar más trabajadores sociales surge de las bajas en personal, por razón de jubilación y traslados a otras jurisdicciones.

El contrato de Social & Community Concepts, Inc. vence el 30 de septiembre y dispone que la compañía utilizará los formularios oficiales provistos por la agenca para mantener un registro en el que recopila la información relacionada a cada querella, tipo de situación, menores, familias verificadas y atendidas. El presidente de la empresa, Mariano Ortiz Rivera, tambien aparece vinculado a la empresa Consulting Corporation and Social Services, Inc., que aparece con un contrato por $308,700 con la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia en 2012. En el 2014, el registro de la corporación fue cancelado por no cumplir con las radicaciones en el Departamento de Estado de 2008 a 2012.

Por su parte, la secretaria del DF, Glorimar Andújar Matos, justificó la contratación de la empresa privada debido a la cantidad de casos acumulados y el poco personal de la agencia. Simultáneamente, la funcionaria sometió la solicitud para reclutamiento de más trabajadores sociales, pero no fue hasta las pasadas semanas que la petición fue aprobada.

'Cuando entramos a la administración encontramos aproximadamente unos 15 mil casos sin atender, con el obstáculo de un presupuesto mermado y comprometido más allá de lo permitido en ley… tras evaluar la situación de cantidad de casos que tenían los trabajadores sociales a cargo, se decidió contratar una compañía para poder trabajar los casos pendientes', sostuvo Andújar Matos mediante declaraciones escritas.

De acuerdo con la funcionaria, entre 2013 al 2015, la pasada administración otorgó contratos para la atención de referidos de maltrato que ascendieron a $5,8817,535. En ese entonces, la agencia optó por contratar a un privado en lugar de aumentar la plantilla de trabajadores sociales.

'La compañía está realizando su labor, según las cláusulas del contrato y esperamos muy pronto finalizar esas labores una vez el reclutamiento de trabajadores sociales termine y sean ubicados en las oficinas locales y regiones de la agencia', insistió Andújar Matos.

López Ortiz dijo que la práctica se ha generalizado en las recientes administraciones como un mecanismo para sacar las investigaciones atrasadas, producto de la cantidad de querellas que se refieren y la falta de personal en la agencia para atenderlas.

La empresa publicó convocatorias para reclutar trabajadores sociales en páginas de anuncios clasificados en internet y en su página de Facebook, constató este diario. Esto provoca la situación de que hay dos entidades buscando trabajadores sociales a la misma vez, el gobierno a traves del Departamento de la Familia y la otra convocatoria de la empresa privada que, al final, va a dar el servicio tambien para el gobierno. La diferencia es que en la del gobierno la contratación es directa y en la de la empresa la empresa tendrá una tajada por las funciones que cumplen los trabajadores sociales que suplen.

'En ese tipo de contrato, el dueño de la compañía se tiene que ganar algo. El Colegio le ha pedido al Departamento de la Familia que agilice la contratación de trabajadores sociales. Ellos no tienen recursos humanos… su idea es queremos achicar el Estado, pero en este caso hablamos de seguridad pública de niños y niñas', cuestionó.

López Ortiz planteó que la privatización de estos servicios esenciales no solo es onerosa sino peligrosa porque el Estado delega en un tercero la responsabilidad de atender casos que inciden sobre la seguridad de menores sin necesariamente asegurar que sean atendidos con los estándares necesarios.

De igual forma, aseguró que el gobierno pierde dinero ya que le paga a la compañía por cada querella atendida, aunque lo que haya hecho sea acudir a la dirección del referido y cerrar el caso porque la familia se mudó. Por el contrario, Según el contrato, Social & Community Concepts, Inc., está obligada a atender 3,135 querellas. El gobierno le paga $265 por cada investigación.

'Estamos intercambiando agilidad para cumplir con números versus calidad en la pesquisa y cuánto dinero se pierde', criticó la portavoz del Colegio de Profesionales de Trabajo Social.

El Departamento de la Familia tiene bajo su custodia a 3,380 menores y 3,421 adultos mayores en hogares e instituciones en Puerto Rico, se informó.

Para ver el contrato, pulse aquí: