Como previamente anticipó, la compañía GILA, encargada de administrar el sistema de multas de AutoExpreso, apuntó que las denuncias respecto a las multas que alegadamente se 'emiten ilegalmente' no representan ganancia para la compañía y añadieron que si el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares decide cancelar el contrato existente, la compañía dejaría sin trabajo a cientos de empleados.

Así lo indicó el vicepresidente de operaciones de la empresa, Luis Alberto Sánchez, en una conferencia de prensa realizada hoy, martes, donde de igual modo mencionó que el 80% de las multa se emiten por peajes de Metropista, en los cuales no tienen inherencia y por lo que apunta a que hay desinformación en el país.

Con especial enfasis en la alegada desinformación, el caballero dijo tambien que la compañía quiere continuar trabajando en Puerto Rico pese a que el Primer Mandatario ha informado que estudia la posibilidad de cancelar el contrato existente con la compañía.

'Tengo que despedir a los 400 empleados y cancelar el contrato a los subcontratistas', mencionó la compañía a la vez que no indicó si planea acudir a los tribunales de concretarse la cancelación del contrato vigente.

Mira: GILA se las canta a los usuarios de AutoExpreso

Las expresiones ocurren luego de que la Legislatura sometiera una resolución para investigar el contrato otorgado a la compañía y la operación de la misma. En esa línea, el vicepresidente denegó responder si el exlegislador Roberto Pratts y mencionado aspirante a la gobernación, formó parte del cabildeo para dar paso al contrato.

'Nosotros tenemos muchos abogados que utilizamos', fue lo único que abundó Sánchez al respecto.

Asimismo, ocurre tras una demanda federal radicada en clase por varios ciudadanos para frenar las múltiples multa que reciben.

'GILA no hace política pública ni escoge el monto de las multas a cobrar. Eso lo determina la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva... Todas las imputaciones falsas contenidas en el documento parten de premisas equivocadas con el objetivo de lacerar a la empresa. GILA se defenderá vigorosamente de este pleito frívolo lleno de teorías conspiratorias y premisas falsas', mencionó hace semanas Sánchez en respuesta a la demanda radicada.

Por su parte, el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló y el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, Jose Memo González aseguraron en conferencia de prensa que el lunes 13 de septiembre comienzas las Vistas Públicas sobre la investigación de la otorgación del contrato a la empresa GILA en el 2015.

Rodríguez Aguiló defendió la necesidad de realizar esta investigación, a pesar de que el exrepresentante Jose Luis Rivera Guerra celebró Vistas Públicas sobre el tema del AutoExpreso en las cuales participó GILA.

'Fueron vistas sobre varios temas. Se atendió el proyecto de Tablilla Única, se atendió el de AutoExpreso y atendió el asunto de los pórticos en el Expreso PR-22. Y el se centró en los asuntos generales de cada uno de ellos. Nosotros vamos a investigar el contrato. No vamos a entrar en cuantas multas son y no vamos a pelear por los semáforos (que avisan balance eliminados en la carretera administrada por Metropistas)', dijo Rodríguez Aguiló.

'Lo que pasa es que si nosotros vamos a hacer un referido (al Departamento de Justicia), tienes que hacer un referido responsable, para que la compañía GILA pague por el pillaje que ha hecho. GILA si cobra por dar las multas, porque es parte de los cargos por servicio', expresó por su parte el representante Jose 'Memo' González.

Como deponentes de las Vistas Públicas del próximo lunes figuran el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, empleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y funcionarios de GILA.