Ante la crisis palpable en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), el Gobierno de Puerto Rico carece de un plan de acción a corto plazo para evitar la fuga de especialistas en este campo que se trasladan a otras jurisdicciones para devengar un salario mayor, como es el caso de los patólogos.

Aunque el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Hector Pesquera, solicitaron intervención federal para resolver los problemas inmediatos, como el cúmulo de más de 300 cadáveres, el problema de la fuerza laboral local continuará presente.

'A mediano y largo plazo sería cambiar las condiciones como bien establece, ya bien sea considerando que puedan beneficiarse de la Ley 14, puedan beneficiarse de otra serie de medidas que se estarán implementando con el mismo Código de Incentivos, unas iniciativas para atraer recurso humano en general en el área de las Ciencias Medicas', contestó el Gobernador a preguntas de NotiCel durante una conferencia de prensa.

La Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales Medicos, o Ley 14 de 2017, establece una tasa de contribución sobre ingresos de 4% y dividendos devengados en la práctica medica a los medicos residentes en Puerto Rico.

De entrada, y según se ha revelado durante los pasados días, el NCF emplea a seis patólogos y uno de ellos labora por contrato.

Ante preguntas de este medio sobre la posibilidad de recibir ayuda de instituciones universitarias locales para disminuir los problemas, como el Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, el Gobernador se mostró dispuesto a explorar la opción.

Mientras que el Recinto de Ciencias Medicas no ofrece una concentración en Ciencias Forenses, cuenta con programas en áreas relacionadas a las labores que se ejecutan en el NCF, como la Toxicología.

Sin embargo, de manera inmediata solicitó al secretario del Departamento de Salud Federal, Alex Azar, allegar recursos para cumplir con la necesidad de entre 12 a 15 patólogos forenses para el negociado.

'Es una muy buena sugerencia. […] Le estamos solicitando para poder ir haciendo en ese proceso los cambios y los ajustes que tengamos, identificando fuentes de recursos para poder entonces tener patólogos que puedan trabajar, pero la sugerencia de trabajar con el Recinto de Ciencias Medicas, entre otras es una muy buena y es una que está en estado inicial, y podría ser parte de la solución', declaró Rosselló Nevares, quien recordó que los problemas en el NCF no surgieron en el presente, sino que son el reflejo de varios años de recortes presupuestarios.

Otras instituciones, como la Unviersidad Interamericana, ofrecen cursos de Ciencias Forenses.

En terminos salariales, de acuerdo a la derogada Ley 13 de 1945, el ingreso mínimo de un Patólogo Forense era de $65,000 al año. El nuevo estatuto por el que se rige la agencia bajo la sombrilla del DSP no contiene una estipulación monetaria para esa profesión.

En Estados Unidos, por su parte, la cantidad varía entre $80,000 y $272,000 anual tras consideraciones especiales por años de experiencia, ubicación y posición, según el portal ItsGov.com.

'Hay muchos problemas y los estamos tratando de tomar en orden de prioridad. La consideración principal urgente que tenía el Negociado era que las contrataciones se le permitiera tener el tiempo extendido para trabajar en horario extendido. Eso lo atendimos para que se pudiera continuar el curso, y los patólogos y el recurso humano pudiera permanecer', aseguró Rosselló Nevares.

Según anuncios recientes, un equipo federal de avanzada llegará hoy al NCF, luego de las peticiones del gobierno local y las denuncias de cadáveres hacinados desde el paso del huracán María en septiembre de 2017. Asimismo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles), aprobó la entrega de $2 millones para manejar las deficiencias en el Negociado.

Hasta el domingo, el Negociado indicó que tienen un total de 330 cadáveres, de los cuales 154 no están identificados (Jane/John Doe), 63 fueron identificados en el lugar donde murieron y no en el Negociado, 53 fueron identificados por familiares pero no han sido reclamados y 60 están pendientes de autopsia.

Hace una semana, un grupo de legisladores acudió de sorpresa a las inmediaciones del NCF y luego radicaron un mandamus para obligar al DSP a que les permitiera el acceso a las instalaciones y cumplir con las disposiciones de la Resolución de la Cámara 506.

A esos fines, tendrán su primera vista el martes, 31 de julio, a las diez de la mañana.