La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) refirió a cuatro funcionarios de la administración de Ricardo Rosselló Nevares al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, tras confirmar la existencia de un patrón de hostigamiento sexual y laboral en la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Los nombres enviados a las agencias fiscalizadoras son los de Jose Izquierdo II, exdirector ejecutivo de Turismo y el centro de la investigación; los licenciados Jovani Narváez Oliver --director de Recursos Humanos y Administración en la compañía--, y Alfonso Orona Amilivia y Christian Sobrino Vega, asesor legal y representante ante la Junta de Control Fiscal (JCF) del Primer Ejecutivo, respectivamente.

La investigación de la OPM comenzó en enero e incluyó entrevistas a nueve personas. En el proceso, recopiló evidencia suficiente para comprobar que Izquierdo II acosó a tres empleadas de la agencia a lo largo del año 2017 de forma verbal y mediante el uso de material obsceno.

'Aquí hubo hostigamiento sexual verbal, con distintas cosas que se decían como a 'mi me gustan las mujeres con tacos altos', cuando se habla de vestimenta, 'me gusta esa vestimenta más que otra', cuando se utiliza material obsceno que puede ser específicamente ilustración, fotografía o algo particular', expresó la directora interina de la OPM, Carmen Lebrón González.

Según al recuento de los hechos, en junio de 2017 tres mujeres que laboraban en Turismo alertaron a funcionarios de La Fortaleza sobre el patrón de hostigamiento sexual y laboral de Izquierdo II, quien fue removido de su cargo a principios de enero del año en curso.

Aunque Lebrón González no quiso entrar en detalle sobre los hallazgos para no manchar la investigación, afirmó que en ningún momento Turismo activó su protocolo contra el hostigamiento.

La inacción representó una violación a la Ley 17 de 1988, para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo, y la Ley 212 de 1999, que busca proteger a las mujeres del discrimen en su lugar de trabajo. Como si fuera poco, Turismo no contaba con políticas públicas actualizadas respecto al manejo de este tipo de conductas.

Por ambas infracciones, la OPM le impuso una multa de $20,000 a Turismo.

'Nunca lo activaron. Ni siquiera cuando salió a la luz pública. Esta oficina encontró que no se había hecho nada. Una cosa es que usted no tenga una querella en su área y otra cosa es que los eventos no hayan pasado', clarificó Lebrón González a la prensa.

En el transcurso de los hechos alegados, trascendió que Sobrino Vega y Orona Amilivia participaron de una reunión en La Fortaleza con las víctimas para manejar la situación. De esa información se desprende que despues del cónclave las empleadas fueron trasladadas a otras agencias.

No obstante, la pesquisa de la OPM dedujo que los funcionarios de la Mansión Ejecutiva, así como Narváez Oliver, no tomaron acción alguna para remediar los problemas.

'Todo funcionario tiene un deber ministerial en el cumplimiento de la ley. La Ley de hostigamiento requiere que uno tan pronto tome conocimiento, fuera referido, fuera notificado', explicó Lebrón González sobre los demás implicados.

Por su parte, el gobernador estableció por escrito que dejará que las investigaciones continúen su curso y que en el momento de actuar 'no nos temblará la mano'.

'La persona en referencia ya no es parte de esta Administración [Izquierdo II] y los referidos realizados ahora correrán su curso en las agencias pertinentes, pero siempre velando porque se cumpla con el debido proceso de ley. Nunca nos ha temblado la mano a la hora de actuar', expresó el gobernador.

A esto añadió que estará 'pendiente a la evaluación que realice el Departamento de Justicia sobre las alegaciones planteadas por la Oficina de la Procuradora de la Mujer en relación a los protocolos seguidos por las agencias del Gobierno. Una vez más reiteramos que el hostigamiento sexual no tiene cabida en esta Administración'.

Mientras, tambien en declaraciones escritas, Orona Amilivia aseguró que no había recibido notificación formal por parte de la OPM.

'La información preliminar recibida a traves de los medios levanta serias preocupaciones sobre si en este proceso se siguió lo establecido en los reglamentos de dicha oficina y se protegió el debido proceso de Ley', señaló el martes en la noche.

'De lo divulgado a los medios surge que Procuradoría de la Mujer, que es la entidad que tiene la pericia, la jurisdicción y el conocimiento en estos temas, no pudo concluir que hubo una violación a protocolo administrativo alguno y estoy confiado de que el Departamento de Justicia tampoco identificará que hubo violación alguna en este tipo de proceso administrativo', agregó.

Sobrino Vega fue entrevistado por la OPM el pasado 13 de junio, cita a la cual acudió en compañía del abogado Antonio Sagardía con el pretexto de no necesitar un representante legal.

Durante el proceso de investigación, la OPM tambien intervino con el DDEC y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), pero no identificó violaciones por parte de estas agencias.

Ahora, le corresponde a Justicia y Ética evaluar si cuentan con evidencia contundente para radicar cargos.

No obstante, tras los referidos presentados, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, puso en duda el miercoles la investigación de la OPM y sus hallazgos, específicamente por la jurisdicción de esta entidad sobre los licenciados Orona Amilivia y Sobrino Vega y sobre si se siguió el reglamento de estos procedimientos.

'Vemos un tanto irregular la determinación en este caso. Vamos a esperar el informe pero yo adelanto que si la información es como la indicó la procuradora en la conferencia de prensa ayer, el Departamento de Justicia no tiene jurisdicción ni sobre los dos funcionarios, Alfonso Orona ni Christian Sobrino, ni sobre la determinación de ella por que es una determinación inherentemente de su facultad fiscalizadora', sostuvo Vázquez Garced en una entrevista radial (WKAQ 580).