A tenor con su investigación sobre el presunto caso de hostigamiento sexual ocurrido en la Compañía de Turismo por parte del entonces director ejecutivo, Jose Izquierdo II, la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) recibió en la tarde del miercoles al representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino Vega.

A eso de la 1:25 p.m., el funcionario llegó acompañado del licenciado Antonio Sagardía y entró al edificio, ubicado en la avenida Ponce de León en Hato Rey, sin emitir comentarios.

Poco más de una hora despues, ambos salieron y fue Sagardía quien se dirigió a la prensa con el propósito, según mencionó, de atender las preguntas pese a que no podía entrar en detalles sobre el encuentro.

'Él compareció, fue entrevistado y eso es todo lo que uno puede decir porque estas investigaciones son confidenciales', afirmó el licenciado.

De acuerdo al recuento de los alegados hechos, en junio de 2017 tres mujeres --que laboraban en Turismo-- alertaron a funcionarios de La Fortaleza sobre el presunto patrón de hostigamiento sexual y laboral de Izquierdo II, quien posteriormente fue removido de su cargo a principios de enero del año en curso.

Se alega que la estrecha vinculación de una de ellas al exgobernador Luis Fortuño Burset, abrió las puertas del Palacio de Santa Catalina para llevar la denuncia a ayudantes del Primer Mandatario.

Por tal razón, el nombre de Sobrino Vega ha relucido junto al del asesor legal del gobernador, Alfonso Orona Amilivia, como participantes de una reunión en la Mansión Ejecutiva junto a las mujeres. De esa información se desprende además que, despues del cónclave, las empleadas fueron trasladadas a otras agencias.

Al preguntársele si su cliente estaba tranquilo, Sagardía aclaró que no acudió a la cita como representante legal de Sobrino Vega, sino como 'amigo'.

'[Amigo] que casualmente es abogado', observó NotiCel.

'Él no necesita abogado porque el es abogado', señaló Sagardía.

En ese momento, Sobrino Vega, quien estaba parado en la puerta sin expresión alguna, refirió a este medio a su oficial de prensa, Elliott Rivera, por si interesábamos saber más sobre el asunto.

Entonces, este medio le recordó a Sobrino Vega que las preguntas hacia el se hacían porque ya estaba en el lugar, no obstante, optó por marcharse.

La comparecencia de Sobrino Vega se une a la del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Alvarado, efectuada el martes en la tarde para la misma investigación.

A su salida, la procuradora interina de las Mujeres, Carmen Lebrón González, insistió en que no abordaría detalles de la pesquisa para no tiznar los procedimientos.

'Los casos se dañan cuando se discuten, así que si queremos que esto llegue a un termino y que las conclusiones sean las adecuadas y que no se dañe la prueba, lo mejor es guardar silencio y aguardar con paciencia a que terminemos la investigación', declaró Lebrón González.

Sin embargo, la funcionaria aseguró estar adelantada con su investigación y que 'próximamente' se conocerían los resultados.

En la mirilla de la OPM, basado en los alcances de su oficina, se encuentra la vigilancia a agencias públicas y privadas sobre el cumplimiento a procedimientos y protocolos que rigen el acoso y el hostigamiento, tanto laboral como sexual.

'Eso es lo que nosotros vamos a estar fiscalizando. El cumplimiento de la ley, con respecto a cuáles son los procedimientos de las agencias, en este caso de una en particular, y si se cumplió o no se cumplió con ese procedimiento. Ese es nuestro fin', explicó Lebrón González.

Aunque recalcó que cualquier comentario referente a la investigación sería especulativo, la Procuradora interina informó que su oficina tiene la potestad de hacer referidos al Departamento de Justicia.

'La política de esta oficina, de esta servidora, y del gobernador es cero tolerancia con el hostigamiento sexual. Nosotros estamos cumpliendo con esa política pública', exclamó.

Al momento, se desconoce públicamente la fecha en que los protocolos de hostigamiento fueron activados en Turismo. El proceso de evaluación a estos fines es confidencial en el interes de proteger a las víctimas.