Mediante una entidad creada el año pasado, el exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla, mantiene al menos siete contratos con dependencias gubernamentales, unos ingresos con fondos públicos que se suman al recientemente discutido contrato de 12 horas diarias con la Guardia Nacional y al contrato con el Senado para 60 horas mensuales de asesoría.

Se trata del bufete Soto & Santini LLC, formado por Santini Padilla el 16 de enero del 2017, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, con dirección en el Centro Internacional de Mercadeo, suite 210, en Guaynabo. Su socio en esta empresa es el licenciado Juan B. Soto Balbás, quien dirige las oficinas de Juan B. Soto Law Offices P.S.C, el cual tambien ubica en Centro Internacional de Mercadeo, suite 210, mantiene una página web y aparece como activa en el registro de corporaciones.

Según el registro de corporaciones, Soto & Santini fue incorporado por el exalcalde como un negocio con fines de lucro para rendir servicios legales y otros servicios relacionados a la profesión legal. Hasta la fecha, la empresa ha consumado contratos en el gobierno por $122,000, mientras que mantiene otros ocho contratos con vigencia hasta el 30 de junio de este año por $685,600.

Los contratos que mantiene Soto & Santini, según el registro de la Oficina del Contralor, son con el Departamento de Hacienda (DH), la Administración de Vivienda Pública (AVP), la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Administración de Servicios Generales (ASG), el Departamento de Salud (DS) y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

La cuantía y horas de servicio mensual de estos contratos varían desde $16,000 en el DCR a razón de $125 por hora por 32 horas de servicio mensuales, hasta $240,000 en el DH tambien a razón de $125 por hora por 200 horas de servicio al mes.

Lista de socios de Santini tiene historia

Sin embargo, aunque Santini Padilla aparece como incorporador de Soto & Santini LLC, es Soto Balbás quien firma todos los contratos que mantiene esa corporación con el gobierno.

Una propuesta incluida en el contrato que mantienen con la AVP - por una cuantía de $70,000 - da cuenta de los abogados que forman parte de Soto & Santini LLC.

Además de Soto Balbás y Santini Padilla, el documento menciona al licenciado Carlos López López, el licenciado Adrián Mercado Jimenez, Rafael Batista Tosado, Ramón L. Hernández Espino, Carolina Rivera y Paola Fuertes como abogados del bufete. En el caso de los últimos cuatro, el documento señala que poseen menos de tres años de experiencia legal.

Por su parte, Mercado Jimenez fue socio de Soto Balbás desde 1997 hasta 2015 en el bufete Mercado, Soto, Ronda, Amundaray & Pascual P.S.C. De hecho, el bufete Mercado, Soto, Ronda, Amundaray & Pascual originalmente era Mercado & Soto Law Offices. En el 2010 una resolución corporativa incluyó los otros tres socios: Eric Ronda del Toro, actualmente juez y expresidente del Asociación Puertorriqueña de la Judicatura; Francisco Amundaray, quien fue suspendido de ejercer práctica por tres meses por el Tribunal Supremo mientras era abogado del Municipio de San Juan en el 2007; y Ricardo Pascual, en cuya página de LinkedIn se identifica como abogado notario y cuya dirección de trabajo corresponde a la de las oficinas de Juan B. Soto y Soto & Santini en el Centro Internacional de Mercadeo.

Según el registro de contratos de gobierno, entre el 2009 y el 2012, Mercado, Soto, Ronda Amundaray & Pascual obtuvo contratos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por $150,000, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) por $860,000 y en el Municipio de San Juan por $650,000. En el 2016, Amundaray certifica ante el Departamento de Estado que la corporación quedó disuelta a partir del 31 de diciembre del 2015.

Curiosamente, Soto Balbás, Mercado Jimenez, Ronda del Toro, Amundaray y Pascual fueron donantes de Santini Padilla y el Comite Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en San Juan en el 2011. En ese año, todos ellos emitieron donativos de $1,000 tanto al entonces alcalde como al Comite municipal.

A continuación, una lista de los contratos que mantiene Soto & Santini con el gobierno. Todos vencen el 30 de junio de este año:

Departamento de Hacienda: Vigente desde el 29 de diciembre 2017 por $105,600. Tope de 844 horas a razón de $125 por hora. Para ofrecer asesoramiento legal para litigios pendientes por reclamaciones a municipios durante la vigencia de la póliza de municipios para los años fiscales 2005-2006 al 2009-2010.

Departamento de Hacienda: Vigente desde el 21 de julio 2017 por $240,000 con 200 horas mensuales a razón de $125 por hora. Para asesoramiento legal en relación a asuntos especiales.

Administración de Vivienda Pública: Vigente desde el 29 de junio 2017 por $70,000. Tarifas por hora se dividen por categoría, a saber, $125 por hora para abogados con más de 10 años de experiencia, $75 por hora para abogados con menos de 5 años de experiencia y $35 por hora para paralegales. Para servicios legales relacionados al programa de vivienda pública.

ODSEC: Vigente desde el 27 de marzo 2018 por $28,000. No especifica las horas a trabajar por mes, pero fija la tarifa en $125 por hora. Para creación de documentos legales para el programa de Community Service Block Grants (CSBG) y servicios de consultoría legal y laboral.

Departamento de Corrección y Rehabilitación: Vigente desde el 14 de marzo de 2018 por $16,000 con 32 horas mensuales a razón de $125 por hora. Para representar la agencia en acciones civiles tanto en el tribunal local como en el federal y para proveer asesoramiento legal y laboral.

Administración de Servicios Generales: Vigente desde el 10 de agosto del 2017 por $90,000. Tope de 80 horas mensuales a razón de $125 por hora. Para servicios de representación legal a la ASG. Cabe destacar que este contrato fue firmado por el entonces jefe de la ASG, Miguel Encarnación Correa, quien renunció a su cargo en febrero de este año. Encarnación Correa fue objeto de denuncias de corrupción en la compra de generadores electricos tras el paso del huracán María.

Departamento de Salud: Vigente desde el 13 de noviembre del 2017 por $100,000. Tope de 800 horas anuales a razón de $125 por hora. Para atender litigación relacionada a la ley 89 del 2016 y emitir recomendaciones sobre la obtención fraudulenta de beneficios de la agencia.

ADSEF: Vigente desde el 17 de noviembre del 2017 por $36,000. Tope de 450 horas por la vigencia del contrato a razón de $80 la hora. Para asesoría y representación legal en casos ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia.