La investigación realizada por la Oficina del Auditor General del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) encontró serias irregularidades en el proceso de destrucción de documentos públicos en esa agencia tras la emergencia por el paso del huracán María.

Las pruebas efectuadas demostraron que las operaciones relacionadas con el nombramiento de funcionarios para administrar el Programa de Administración de Documentos Públicos, el manejo de fondos asignados al Programa y el descarte de documentos públicos se realizaron de manera irregular, revelando la comisión de serias deficiencias en el control interno y posibles violaciones de ley y reglamentación, concluyó la pesquisa a cargo del auditor general de la Oficina de Auditoría Interna del ICP, David Ortega.

El informe fue referido a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez; a la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario y a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso.

La investigación especial surgió a raíz de una querella radicada en diciembre por el director del Archivo General de Puerto Rico, Dr. Samuel Quiñones García, relacionada a posibles irregularidades de gestión, reglamentación y controles internos en las operaciones relacionadas con los documentos públicos.

'Otras deficiencias en las operaciones del Programa cuya función es de carácter estatal fueron detectadas. Estas, estaban relacionadas con los procesos de supervisión y fiscalización de las solicitudes para descarte de documentos por emergencia. Por limitaciones de tiempo, se considerarán en una intervención posterior', lee el informe de la investigación.

La pesquisa validó los fundamentos de la querella radicada por el Archivero General que imputaba que, entre otros, una 'cuestionable destrucción de documentos públicos del ICP', luego del huracán María, por lo que ordenó un plan de acción correctiva.

Además, determinó que el nombramiento del director del Programa, Enrique Márquez, es ilegal, a quien le imputa haber hecho gastos por $2,009.50 ilegales de fondos públicos sin estar autorizado para gastos de viaje y alquiler de un vehículo.

'La intervención por parte del personal adscrito al Programa en los procesos internos de los organismos sobre descarte de documentos, podría ser similar a una intervención indebida en las operaciones de los organismos. Como consecuencia, una vez destruidos los documentos, sin participación del Archivero General, el riesgo de perdida de documentos salvables prevaleció', lee el documento emitido el 30 de marzo.

De acuerdo con Quiñones García, a semanas del paso del ciclón, sorprendió a funcionarios del ICP destruyendo documentos que se encontraban en perfecto estado sin que se siguiera el debido proceso de ley.

'A principios de octubre, objete la forma en que se estaban descartando documentos en archivos que en apariencia no representaban un peligro a la salud de los empleados o la propiedad del Instituto', lee la querella radicada el 26 de diciembre en la que solicitaba la intervención de la Junta de Directores del ICP.

Quiñones García sostuvo en entrevista con este diario que los reglamentos disponen que en caso de emergencia cualquier destrucción de documentos públicos tiene que ser en consulta con el director del Archivo General de Puerto Rico.

Todos los documentos que se vayan a disponer deben tener la autorización del director del Archivo General y hasta a esa fecha, Quiñones García no había sido notificado de ninguna solicitud de autorización de documentos lo que violaría el Artículo 45.1 del Reglamento 4284.

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